La fiscal del juicio contra los sindicalistas conocidos como los ocho de Airbus ha exculpado de todo cargo a dos de acusados por su actuación en la huelga general de 2010, Edgar Martín y Armando Barco, y ha bajado casi a la mitad, a cuatro años y medio, la petición de pena para los otros seis.

Así, ha reducido su solicitud por el delito contra el derecho de los trabajadores a dos años de prisión y ha pedido retirar la multa, y ha solicitado bajar a un año de prisión la pena por el delito de atentado y a seis meses por cada uno de los delitos de lesiones presentados.

De este modo, cada uno de los acusados se enfrenta a una petición total de cuatro años y medio de prisión por lo ocurrido en la huelga general del 29 de septiembre de 2010, 64 años en total, en el que se produjeron altercados y una carga policial.

Confirmado el delito
Según el Ministerio Fiscal, los testimonios y pruebas presentados han probado que, durante aquella jornada de huelga se produjeron "hechos constitutivos de delito", principalmente por incumplir el artículo 315.3 del Código Penal que hace referencia a la coacción durante huelgas a aquellos que quieran trabajar.

La Fiscalía ha hecho referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este sentido, así como a la pendiente ley de huelga y ha indicado que los acusados realizaron "tareas que sobrepasan los límites permitidos en el derecho de huelga" puesto que la Ley "condena a los piquetes violentos".

También ha indicado que, tanto Alcázar como Enrique Gil, Raúl Fernández, Rodolfo Malo y Jerónimo Martín fueron reconocidos por los agentes por cometer agresiones y proferir insultos, si bien no ha hablado del otro imputado, Tomás García, en ningún momento.

Repercusión política
Este juicio ha levantado una gran expectación política al ser considerado por sindicatos y partidos de izquierda como un claro ataque al derecho a huelga. El martes pasado, antes del inicio de la vista, se produjo una concentración de apoyo a la que acudieron los secretarios generales de UGT y CCOO así como representantes políticos como Pablo Iglesias.

En esta concentración se reclamó la derogación inmediata del “artículo 315.3 del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, así como las Reformas Laborales de 2010 y 2012″.