Este martes arranca en Getafe el juicio a los sindicalistas conocidos como “los ocho de Airbus” por su actuación en la fábrica aeronáutica durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los trabajadores están acusados de atentado, delito de lesiones y contra el derecho de los trabajadores al considerar que han incumplido el artículo 315.3 del Código Penal. Cada uno de ellos encausados se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ocho años y tres meses de prisión por lo ocurrido aquel día, 64 años en total, en el que se produjeron altercados y una carga policial.

El juicio finalizará el viernes 12 y contará con doce testigos de la defensa, además de los diez policías que sostienen haber sufrido lesiones durante la huelga.

Polémico precepto
Es precisamente dicho artículo el que ha dotado a este proceso de una transcendencia significativa y el motivo por el que tanto las principales centrales sindicales como algunos partidos lo consideran una amenaza para el derecho de huelga y “un ataque a la democracia”.

Artículo 315.3 del Código Penal: “Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.



Pese a que fue modificado en la pasada legislatura con la indicación concreta de las penas, ya estaba incluido en el Código Penal del Ejecutivo de Felipe González de 1995 y los sindicatos lo valoran como una continuación “de la legislación franquista”.

Pese a haber recibido una propuesta de acuerdo desde la Fiscalía reduciendo las penas para no entrar en prisión, “los ocho de Airbus” se han negado a aceptarlas ya que no reconocen esta norma y se han declarado en todo momento inocente de todos los cargos.

Apoyo político
La cercanía del proceso ha hecho que los actos de apoyo y las peticiones de derogación se sucedan, con presencia de personas procedentes del ámbito de la cultura, la universidad o la política.

Este martes, antes del inicio del juicio, se ha realizado una marcha desde la plata de Airbus en Getafe hasta los juzgados y ha estado encabezada por los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.

También han acudido a la convocatoria responsables del PSOE como su secretario de Organización, César Luena; la responsable del PSOE-M, Sara Hernández; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el secretario de Relación con la sociedad civil de esa formación, Rafa Mayoral; el coordinador general de IU, Cayo Lara; y la diputada de En Marea Yolanda Díaz.

En declaraciones a los medios, Luena ha defendido que los derechos de los trabajadores, y sobre todo el derecho a la huelga, no se pueden ver amenazados por el Código Penal. Cayo Lara, por su parte, ha lamentado la existencia de una manifestación para "reivindicar derechos" conseguidos hace cuarenta años. "No es comprensible que en pleno siglo XXI estemos de nuevo volviendo a reivindicar el derecho de huelga que se ha criminalizado con esta petición de la Fiscalía de 64 años a ocho trabajadores", ha apostillado.



Uno de los acusados ha declarado a la entrada del juicio que lo que se va a juzgar es “la dignidad de la clase trabajadora”. También José Alcázar ha mostrado su gratitud por todas las personas que se han acercado a acompañarles, especialmente a los líderes sindicales y políticos. A estos últimos les ha pedido “que formen Gobierno y que deroguen” las leyes que consideran persiguen el derecho a la huelga.

Gran manifestación este jueves
El día 11 también está convocada otra manifestación que saldrá de la madrileña plaza de Cibeles a las 18.30 horas para terminar en la Puerta del Sol. El encuentro busca pedir la derogación inmediata del “artículo 315.3 del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, así como las Reformas Laborales de 2010 y 2012″.

Fuentes de la organización han destacado que esta manifestación por la derogación del 315.3 ha sido capaz de unir a un mayor número de sindicatos que ninguna otra desde los años 70. En concreto, convocan la marcha doce agrupaciones de trabajadores, entre ellas Comisiones Obreras, UGT, la Unión de Actores o el CSIT.