La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha experimentado, junto a su marido, el zarpazo del coronavirus, que provocó que ambos pasaron varios días ingresados en el hospital. Con lo que no contaba la lideresa es que la pandemia le diese una oportunidad, al menos de momento, en su via crucis judicial, porque la situación provocada en España por el coronavirus ha provocado que se suspendan las declaraciones de los tres testigos que podrían tirar de la manta sobre la presunta implicación de Esperanza Aguirre en el caso Púnica. Los testigos llamados por la Fiscalía tenían que declarar este martes y miercoles, pero la cita ha sido suspendida.

Tal y como pidieron las fiscales Teresa Gálvez y Carmen Cerdá, el juez Manuel García Castellón había citado a declarar a tres testigos clave en la trama: el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado en la trama Gürtel -donde se le conocía por el alias de El Rata- a 38 años de prisión; Arturo González Panero -alias El Albondiguilla-, exalcalde de Boadilla del Monte procesado por recibir regalos de Francisco Correa, y la exadministradora de las empresas Gürtel, Isabel Jordán, condenada a 29 años de prisión. Pero todas las citas han suspendidas, tal y como adelanta El Independiente.

Investigada en el caso Punica

Esperanza Aguirre está investigada -antes denominada imputada- desde el pasado 2 de septiembre, en una decisión que afectó también a los expresidentes madrileños del PP, Ignacio González y Cristina Cifuentes, aunque el juez, en su auto, aseguraba que Aguirre era quien "ideó" la financiación irregular del PP de Madrid a través de la trama Púnica con el objetivo de "fortalecer su figura política" usando fondos públicos.

Gracias a la financiación conseguida con esta trama, el PP habría podido superar en un 50% el techo de gasto que señala la ley para las campañas electorales. Para las fiscales, el dinero ilícito se habría conseguido con las donaciones de empresarios a los que luego se beneficiaba con contratos públicos y a través de la cláusula del 1% que se escondía en los contratos públicos bajo la excusa de una supuesta financiación de la publicidad institucional. Un dinero que iba a parar, presuntamente, a empresas de márketing que trabajaban para las campañas electorales del PP y a las que se habría pagado sus servicios por esa vía.

Testigos para tirar de la manta

Para aclarar esas conexiones, las fiscales confiaban en que los tres testigos pudieran aportar más detalles sobre las cláusulas de los contratos públicos y la financiación de las campañas electorales. Los tres testigos, como recuerda el citado medio, son tendentes a colaborar con la justicia dada su dura situación procesal y se esperaba que pudieran dar datos que cercaran a Esperanza Aguirre, de quien las fiscales solo tienen hasta ahora, y sin prueba de registro, la certeza de que participó en una reunión de 2004 en la Comunidad de Madrid donde se habría gestado el presunto sistema delictivo de Púnica.

En su declaración ante el juez José de la Mata, González Panero implicó a Mariano Rajoy y al actual presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla en la instrucción de la caja B del PP. Según El Albondiguilla, habría puesto a Bonilla al tanto de las presiones de Luis Bárcenas para contratar con la empresas que ordenase según las indicaciones de Rajoy. González Panero también presentó en Anticorrupción una denuncia sobre el presunto amaño de la adjudicación del Metro Ligero a Boadilla del Monte y en dicha denuncia relató una reunión de Francisco Granados "con 20 alcaldes a los efectos de que recaudasen fondos para el partido y la posible participación del investigado Beltrán Gutiérrez".

 A Isabel Jordán, por su parte, se le quiere pedir que aclare el contrato que se llevó en 2006 la empresa de Gúrtel dedicada al márketing (MQM) desde el Instituto Madrileño de Desarrollo. La instrucción de la caja B del PP de Madrid acaba el 6 de junio pero se espera que las fiscales soliciten prolongar la investigación debido al frenazo que ha supuesto el coronavirus.