El círculo cercano del juez Marchena se amplía en el plano judicial: su hijo, abogado del Pequeño Nicolás

La figura del juez Manuel Marchena se sitúa en los últimos días en el foco mediático y político por haber sido su voto determinante en la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En este sentido, la trayectoria del magistrado en el ámbito judicial no es desconocida, incluso la de su hijo, abogado del Pequeño Nicolás.

El Tribunal Supremo rebajó el pasado 30 de octubre la condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por un delito continuado de falsedad documental al haber engañado al empresario Javier Martínez de la Hidalga; además, le absolvió del delito de usurpación de funciones, al haber fingido ser agente del Centro Nacional de Investigación (CNI) y del Gobierno central en la etapa de Mariano Rajoy.

Con este trasfondo de por medio,resulta notorio que es el hijo del magistrado, Manuel Marchena, el abogado del Pequeño Nicolás, quien ha conseguido en el proceso judicial una reducción de condena, pasando de tres años y cinco meses de prisión a, finalmente, dos.

Trayectoria del juez Marcha y los tintes políticos

Fue la pasada semana cuando el tribunal que juzgó al fiscal general lo condenó a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, motivo por el cual este lunes ha presentado su renuncia del cargo. Una decisión en la que tomó papel activamente Marchena y a quien se le recuerda por otros juicios de calado político en la última década.

Allá por 2014, durante el mandato del PP de Rajoy, un militar se querelló contra el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, por la publicación de una nota de prensa en la que reveló datos personales del afectado para tratar de desacreditarlo públicamente -lo que guarda tintes de similitud con el caso del fiscal general-. La resolución de entonces desestimó la querella, basando su argumentación sobre la idea de que los datos ya fueron revelados por el denunciante; por ende, los magistrados consideraron que no se desveló secreto alguno con dicha comunicación: “No comportaba la violación de ningún deber de reserva”, fallaron.

Asimismo, en 2016, la misma Sala de lo Penal del Supremo revocó una condena impuesta al juez cántabro Luis Acayro Sánchez Lázaro, sentenciado a un año y tres meses de prisión y tres años de inhabilitación absoluta por un delito de revelación de secretos. El magistrado fue condenado por remitir al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el certificado de antecedentes penales - ya cancelados - de un ciudadano que lo había denunciado. Con el transcurso del proceso judicial, finalmente, los magistrados, entre los que también estaba Marchena, concluyeron que no se incurrió en ninguna injerencia ilegítima en el derecho a la autodeterminación informativa, aspecto protegido por la Constitución.