El CGPJ se atrinchera frente al Ministerio de Justicia en plena guerra por los tribunales de instancia

La tensión entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia ha escalado un nuevo peldaño. Apenas una semana después de que nueve vocales del bloque progresista denunciaran públicamente la “ruptura del mandato del consenso” y la “exclusión” de su sector del funcionamiento interno del órgano, el Consejo ha respondido al Gobierno con un tono inusualmente tajante a propósito de la implantación de los tribunales de instancia, la gran reforma estructural que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende culminar antes de final de año.

El conflicto se desató el pasado viernes, cuando el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, remitió una carta a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, reclamando de forma urgente información sobre la aprobación de cuatro reglamentos vinculados a los nuevos tribunales de instancia. En su misiva, Olmedo reprochaba al Consejo el retraso en la tramitación de estos textos, que —a su juicio— podría “poner en riesgo la aplicación efectiva de la reforma legal”.

La respuesta del CGPJ, firmada por su secretario general, Miguel Hernández Serna, “en nombre de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial”, fue contundente. En el documento, el órgano de gobierno de los jueces sostiene que “la ausencia de nuevos textos reglamentarios completamente adaptados a la estructura y nomenclatura” de la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia “no impedirá al Consejo ejercer sus competencias”.

Perelló defiende que el Consejo “ha cumplido a tiempo con las encomiendas expresas del legislador”, y subraya que su prioridad es que la transición al nuevo modelo judicial “impacte lo menos posible en los destinatarios de la actividad jurisdiccional, que son los ciudadanos”. Los tribunales de instancia sustituirán progresivamente a los juzgados unipersonales y asumirán las competencias en materia civil, penal e instrucción, en un proceso dividido en tres fases que culminará el próximo 31 de diciembre, cuando entren en funcionamiento los últimos órganos previstos por la reforma.

En su carta, la presidenta recuerda que el CGPJ constituyó el pasado 18 de marzo un grupo de trabajo para monitorizar el despliegue de los tribunales de instancia desde la perspectiva del Poder Judicial. Este grupo —integrado por los vocales Alejandro Abascal, Lucía Avilés, José María Fernández Seijo, José Eduardo Martínez Mediavilla, Carlos Hugo Preciado y Esther Rojo— elaboró las instrucciones 1/2025 y 2/2025, aprobadas por el Pleno en junio, y ha mantenido contacto constante con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.

El pasado 8 de octubre, añade Perelló, se celebró en la sede del CGPJ una reunión con estos dieciocho presidentes, quienes trasladaron incidencias detectadas en las fases previas de implantación. Con esa información, el grupo de trabajo prepara ahora un documento con observaciones que será remitido “a la mayor brevedad” al Ministerio de Justicia.

“No renunciaremos a nuestras competencias”

La presidenta del CGPJ aprovecha también su respuesta para reafirmar la autonomía del órgano y advertir al Ejecutivo de que no permitirá injerencias en su labor. “La Ley de los tribunales de instancia no precisa de desarrollo reglamentario por parte del Consejo, y la ausencia de nuevos textos no impedirá ejercer nuestras competencias, como viene haciendo con el nombramiento de presidentes de tribunales aun sin regulación actualizada”, recordó Perelló, citando una carta anterior enviada en junio al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El Consejo prevé aprobar el próximo mes de diciembre el nuevo reglamento que regulará la provisión de plazas de nombramiento discrecional, con el objetivo de garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos judiciales. Otros reglamentos —el de carrera judicial, el de órganos de gobierno y los relativos a aspectos accesorios— podrían aprobarse provisionalmente en las mismas fechas y remitirse al Ministerio para su informe.

“Debo terminar esta carta expresando, en nombre de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, su rechazo a la manifestación contenida en tu carta de que la falta de aprobación definitiva de estos reglamentos el 31 de diciembre de 2025 pueda afectar seriamente a la implantación de los tribunales de instancia”, concluye la respuesta dirigida a Olmedo.

Un pulso que llega en pleno cisma interno

El intercambio epistolar se produce en un momento de máxima fractura interna dentro del Consejo. Solo unos días antes, nueve vocales del sector progresista firmaron un documento en el que denunciaban que la nueva mayoría conservadora impuesta por la presidencia de Perelló ha supuesto una “ruptura del mandato del consenso” que históricamente había regido el funcionamiento del órgano.

Los vocales criticaron su “exclusión” de decisiones clave, como la configuración de los grupos de trabajo, el reparto de ponencias o la interlocución con el Gobierno en cuestiones sensibles como la aplicación de la Ley de paridad o la renovación de plazas en la cúpula judicial. Según su denuncia, esta deriva interna ha convertido al CGPJ en un órgano “bloqueado” y “alejado del espíritu constitucional de equilibrio y cooperación”.

Con este nuevo choque, las relaciones entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia atraviesan su momento más delicado desde el inicio de la legislatura. El Gobierno considera que el Consejo retrasa deliberadamente la aplicación de la reforma, mientras el órgano de gobierno de los jueces acusa al Ejecutivo de pretender condicionar su autonomía.

La pugna amenaza con trasladarse a los próximos meses, cuando el Pleno del CGPJ deba votar la aprobación definitiva de los reglamentos pendientes. Para entonces, el clima político podría haberse endurecido aún más, con un órgano judicial dividido y un Gobierno decidido a acelerar su reforma estrella antes de que concluya 2025.