El CGPJ se parte en dos: Isabel Perelló rompe el consenso y entrega la mayoría al bloque conservador

La tensión dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha disparado. Los nueve vocales progresistas han difundido un comunicado en el que denuncian “la ruptura del mandato del consenso” y la “exclusión del bloque progresista” del funcionamiento interno del órgano. Según afirman, la presidenta Isabel Perelló ha “encabezado” esta división tras haber “ignorado” a casi la mitad del Pleno, concretamente al 45% de sus miembros.

La denuncia llega un día después de que el bloque conservador y el vocal Carlos Hugo Preciado lograsen sacar adelante su propuesta para renovar las comisiones del Consejo, entre ellas la Comisión Permanente, considerada clave en la toma de decisiones. La votación contó con el respaldo de la propia Perelló, lo que consolidó una mayoría conservadora en los principales órganos internos.

Con la llegada del nuevo Consejo, ambos bloques —progresista y conservador— acordaron que las comisiones se renovarían anualmente manteniendo un equilibrio: cuando un sector tuviera mayoría en una comisión, la presidencia debía recaer en el otro.

Los vocales progresistas sostienen que ese modelo había permitido un funcionamiento “basado en la cooperación, el respeto y la corresponsabilidad”. “Durante el primer año del mandato, el Consejo había logrado un equilibrio razonable, con más de 160 nombramientos judiciales y un clima de confianza interna inédito en etapas anteriores”, subrayan.

Ese sistema, añaden, se asentaba sobre “reglas pactadas de representación, paridad y territorialidad”, que ahora consideran “vulneradas”.

Un pleno sin acuerdo previo y una lista impuesta

La crisis estalló en el Pleno celebrado este miércoles y jueves, donde se abordó la renovación de las comisiones. En el orden del día figuraban las tres propuestas —una del bloque progresista, otra del conservador y una tercera del vocal Carlos Hugo Preciado—, pero ninguna había logrado el consenso previo.

Según los vocales progresistas, la presidenta Isabel Perelló exigió el jueves “subsanar” su propuesta para incluir a todos los miembros del órgano, justo después de que el bloque conservador presentara una lista cerrada que ya incorporaba nombres del otro grupo “sin consulta ni comunicación previa”.

El procedimiento, denuncian, se llevó a cabo “bajo presión”, concediendo “apenas quince minutos” para rehacer la propuesta. Finalmente, se aprobó la lista de Preciado, “idéntica a la del bloque conservador”, con los votos de los diez vocales conservadores, el propio Preciado y la presidenta.

Para el bloque progresista, lo ocurrido “no puede considerarse un acuerdo consensuado”, sino un acto “arbitrario y desequilibrado” que otorga a Preciado “una representatividad equivalente a la de un grupo propio, quebrando cualquier regla mínima de equilibrio interno”.

Los vocales acusan a Perelló de haber “quebrado las condiciones básicas de confianza” que ella misma había promovido al inicio de su mandato. “Las posibilidades de conciliación familiar y respeto personal, que debían ser pilares del nuevo Consejo, han sido recortadas hasta desaparecer bajo una lógica de exclusión e imposición”, lamentan.

A su juicio, la decisión no supone “una simple reorganización interna”, sino “la ruptura consciente del consenso que había regido este primer año”, algo que consideran “un golpe a la representatividad plural” y “una grave distorsión de la colegialidad institucional”.

En su comunicado, los vocales progresistas subrayan que la decisión adoptada “reviste especial trascendencia institucional”, ya que la renovación de las comisiones es “estructural y determinante” para el equilibrio interno del órgano y para “el correcto desempeño de sus funciones”. “El resultado afecta al funcionamiento de un Consejo que había logrado durante su primer año un clima de cooperación y respeto mutuo”, destacan.

El texto concluye con una advertencia: “Los vocales progresistas lamentamos profundamente este retroceso y advertimos de sus consecuencias. Reafirmamos nuestro compromiso con un Consejo plural, equilibrado, transparente y fiel a su mandato constitucional de garantizar la independencia judicial y el buen servicio público de la justicia”.