El fiscal del caso Mañueco, Juan José Pereña, que investiga una presunta financiación irregular del PP de Castilla y León, y donde una denuncia anónima vincula a Alfonso Fernández Mañueco con el supuesto delito de financiación irregular bajo sospecha de un juzgado salmantino, ha dado un paso al frente y ha metido de lleno al Tribunal de Cuentas en el asunto justo al final de la campaña electoral que busca la reelección de Mañueco como presidente de Castilla y León.

En un informe, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el representante del Ministerio Público hace una pormenorizada explicación de la ley que el PP debería haber cumplido para realizar los ingresos del dinero si este no hubiera tenido una procedencia presuntamente B. Un dinero que utilizó el partido para encumbrar al actual presidente de Castilla y León a los altares de política y, como no, de su propio partido.

Pero claro, ese dinero, siempre según el fiscal, no se podía utilizar como el dinero ‘blanco’. Así, Pereña, explica en su informe que se le solicitó al PP su compliance, documento obligatorio para todas las empresas, así como los informes del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, y como ha venido siendo habitual por parte del partido de la gaviota en todas las investigaciones judiciales que le afectan, la colaboración más bien ha brillado por su ausencia. Vamos, que no han entregado nada.

Es por eso que Juan José Pereña solicita al juzgado “que se remita testimonio de las siguientes actuaciones a fin de ser remitidas a su vez a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, haciendo constar expresamente que los testimonios que solicitamos respecto a los documentos que en la causa figuran como anonimizados han de referirse, por razones obvias, al documento sin anonimizar que obra en el jugado”.

¿Pero por qué el fiscal toma esta decisión? Según él mismo explica, el PP de Salamanca fue requerido por el juez para que, en un plazo de 60 días, “aportaran informe de autoría de control interno (compliance), en el que consten todos los actos y documentos de carácter económico contabilizados durante el ejercicio 2017, remitido a la dirección nacional del PP, a fin de incluirlo en el estado de las cuentas general a nivel nacional y remitido al Tribunal de Cuentas”.

Sin embargo, como bien explica el fiscal, “a día de hoy, y transcurrido con creces el plazo, no consta el informe de auditoría de control interno, por lo que entendemos que es posible que este no exista infringiéndose lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Financiación de Partidos”.

Una ley que dice que “los partidos deberá prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos. El informe resultante de esta auditoría acompañará la documentación a rendir al Tribunal de Cuentas”.

Con este escrito al juzgado, el fiscal pone en la picota jurídica tanto a Mañueco como a su partido, pues desliza, justo en el final de la campaña electoral, que no solo no están colaborando con la Justicia, sino que es muy posible que se haya saltado la Ley de financiación de partidos. El escrito del fiscal se une a la otra gran piedra en el camino de Mañueco, que es la denuncia anónima en la que se especificaba que se había utilizado dinero negro “procedente de empresario y empresas de Salamanca” para abonar las cuotas impagadas de los afiliados y que, así, el dirigente popular se asegurara la presidencia del partido.