La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está realizando registros simultáneos en cuatro empresas, entre ellas una filial de Acciona, Construcciones Luján y Acuamed, dentro del caso Azud, que investiga el presunto saqueo del Ayuntamiento de Valencia por parte, entre otros, de José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá; del que fuera la mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, así como del ex subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, a quien se acusa de haber cobrado una mordida de 300.000 euros por callar el supuesto amaño de contratos supuestamente perpetrado por Corbín y Grau.
Los citados registros se han ordenado por parte del Juzgado de Instrucción Número 13 de Valencia dentro de una pieza secreta. Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes relacionadas con el caso, las entradas en las empresas se han producido después de que la UCO haya analizado la documentación incautada a Pepe Cataluña, el socialista que llevó las finanzas del PSPV durante los años 80, 90 y principios de los 2000.
Así, las fuentes consultadas explican que los agentes buscan las pruebas necesarias para poder saber si hubo o no una financiación irregular del partido durante la época en la que Cataluña estuvo al frente de las finanzas. Por el momento, se desconoce el éxito del registro, ya que los agentes de la Unidad Central Operativa continúan en las sedes de las diferentes empresas.
Los agentes van en busca de la documentación relacionada con las anotaciones de los 'papeles de Cataluña' que fueron incautados en la segunda fase de explotación del caso, cuando fueron detenidos Rubio y Grau. De hecho, la juez del caso ordenó la prisión preventiva para ambos durante algunos meses. Actualmente, todos se encuentran en libertas.
Caso Azud
En el caso Azud, además de Corbín, también están imputadas sus tres hijas; su mujer, la exjefa de Gabinete de Barberá, Asunción Barberá; el ex vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, el ex subdelegado del Gobierno del PSOE, Rafael Rubio, el ‘socio’ de Corbín, Diego Elum, o el empresario acusado de ser el corruptor, Jaime María Febrer.
En esta macrocausa se investigan diversos contratos municipales de los que presuntamente tanto Corbín como Grau habrían cobrado sustanciosas mordidas. Unos sobornos que se habrían producido tras manipular los contratos públicos para que acabaran en manos de Febrer. Para ello, habrían contado con la colaboración de ciertos funcionarios municipales que también está investigados en esta causa. Según los investigadores, para dar apariencia de legalidad, tanto Corbín como Elum ‘fabricaron’ facturas falsas relacionadas con contratos entre los años 2006 y 2015.
