El 4 de abril de 2019, José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, era detenido como principal imputado en una de las mayores tramas de corrupción de la historia: la operación Azud. Dos años después, la juez del caso ha levantado el secreto de sumario. El balance, por el momento, es brutal: casi 700 tomos de sumario, de los cuales cerca de 60 son de vital importancia, y 60 imputados hasta la fecha. De hecho, el volumen del sumario es tal, que la juez ha tenido que citar, a partir del 26, a las partes de ocho en ocho para que recojan la causa del juzgado.
En el caso Azud, además de Corbín, también están imputadas sus tres hijas; su mujer, la exjefa de Gabinete de Barberá, Asunción Barberá; el ex vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, el ex subdelegado del Gobierno del PSOE, Rafael Rubio, el ‘socio’ de Corbín, Diego Elum, o el empresario acusado de ser el corruptor, Jaime María Febrer.
En esta macrocausa se investigan diversos contratos municipales de los que presuntamente tanto Corbín como Grau habrían cobrado sustanciosas mordidas. Unos sobornos que se habrían producido tras manipular los contratos públicos para que acabaran en manos de Febrer. Para ello, habrían contado con la colaboración de ciertos funcionarios municipales que también está investigados en esta causa. Según los investigadores, para dar apariencia de legalidad, tanto Corbín como Elum ‘fabricaron’ facturas falsas relacionadas con contratos entre los años 2006 y 2015.
Ejemplo de estos pelotazos es el de Febrer, dueño de la empresa Construcción Valenciana Constitución, habría estado vinculado a una operación millonaria que está bajo la lupa policial. Dicha operación es una actuación urbanística desarrollada en el Grao de Valencia, lugar donde se desarrolló la Copa América, en la que se compraron los antiguos terrenos de depósitos de CLH por 300 millones de euros.
Dos fases
La operación Azud se desarrolló en dos fases. En la primera solo fueron detenidos Corbín y Elud. El cuñado de Barberá pasó un mes en la cárcel. Un año y un mes después, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizaba la segunda parte de la operación. Fue entonces cuando se detuvo a Rafael Rubio, que en ese momento era el sudelegado del Gobierno de Valencia, a Alfonso Grau y al empresario Jaime María Febrer.
Según la investigación, Rubio habría cobrado 300.000 euros de Febrer para que dejara de denunciar los supuestos casos de corrupción relacionados con el empresario y con Alfonso Grau. La juez envió a los tres a prisión, donde han permanecido varios meses. Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes cercanas al caso, es ahora cuando empieza el grueso de la instrucción, pues, las partes, sabrán por fin de qué se les acusa con pelos y señales.
