El juez Juan Carlos Peinado pone fin a su carrera judicial este fin de semana. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado su jubilación forzosa por edad, un día antes de que cumpla 72 años y después de haber agotado la prórroga que le permitía continuar en activo hasta el máximo legal. Su salida llega apenas unos días después de que firmara la principal decisión de la causa que ha marcado el tramo final de su trayectoria: la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
Peinado acudió este viernes por última vez al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, después de varios días de permiso y tras dictar el lunes el auto con el que envió a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, a juicio con jurado popular. En el caso de Álvarez, la acusación se limita al presunto delito de malversación. La resolución cerró una instrucción iniciada en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias y que terminó situando al magistrado en el centro de la actualidad política y judicial.
La fecha de salida estaba fijada desde hacía meses. Peinado cumple 72 años este 27 de septiembre, edad máxima hasta la que podía prolongar su permanencia en activo. De hecho, fuentes jurídicas ya habían adelantado a EFE a comienzos de mes que el magistrado pretendía dejar dictada la apertura de juicio antes de jubilarse.
Dos años y medio bajo el foco
La investigación sobre Begoña Gómez terminó marcando los últimos dos años y medio de su carrera. Durante ese tiempo, Peinado amplió el perímetro de las pesquisas, tomó declaración a distintos investigados y testigos y llegó incluso a interrogar a Pedro Sánchez en La Moncloa.
También intentó que el Tribunal Supremo investigara al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, una iniciativa que no prosperó. El propio ministro presentó después varias quejas contra la actuación del magistrado. Esta semana, el Consejo General del Poder Judicial rechazó el recurso de Bolaños contra el archivo de una de ellas y concluyó que los hechos denunciados no tenían relevancia disciplinaria.
La instrucción ha estado acompañada de resoluciones muy discutidas. En uno de sus autos, Peinado comparó determinadas conductas investigadas con prácticas “más propias de regímenes absolutistas” y llegó a aludir al reinado de Fernando VII. Esa clase de formulaciones generó críticas públicas sobre el tono empleado por el juez, aunque las discrepancias sobre su actuación no impidieron que el procedimiento siguiera avanzando.
La Audiencia Provincial de Madrid corrigió algunas de sus decisiones, pero también avaló otras de calado. En julio confirmó que Begoña Gómez debía ser juzgada por un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras archivó los de corrupción en los negocios y apropiación indebida que Peinado había incluido anteriormente.
Una carrera que empezó a los 40 años
Peinado llegó a la judicatura con 40 años, después de haber ejercido como abogado y como secretario de ayuntamiento en varios municipios madrileños. Antes de instalarse en Plaza de Castilla pasó por distintos destinos judiciales en Ávila, Toledo, Albacete y Madrid.
Durante la última década ha estado al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, desde donde ha tramitado otros asuntos de notoriedad pública. Entre ellos figuran el triple crimen cometido en 2016 en un despacho de abogados del barrio de Usera, una investigación contra el exfutbolista Raúl González Blanco por una supuesta ocultación de patrimonio o las diligencias abiertas en 2019 contra varios periodistas por una posible revelación de secretos vinculada al sumario de los Comités de Defensa de la República.
También investigó un supuesto acceso ilegal a los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y una denuncia de Hazte Oír contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, relacionada con la paralización de un autobús reivindicativo. Algunas de esas causas terminaron archivadas, como ocurrió con la investigación a los periodistas.
El caso Begoña seguirá sin él
La jubilación de Peinado no paraliza el procedimiento. Una vez cerrada la fase de instrucción, la causa pasa a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá determinar la sección penal competente y el magistrado que presidirá el juicio con jurado. A partir de ahí se resolverán cuestiones previas, pruebas y testigos antes de que pueda fijarse una fecha para la vista.
Expertos sitúan de forma orientativa entre cuatro y ocho meses el plazo habitual desde que el procedimiento llega a la Audiencia hasta que se señala un juicio de estas características, aunque esa referencia depende de la carga de trabajo de la sección y de la complejidad de la causa. Por eso no conviene convertirla en una previsión cerrada para este procedimiento.
Peinado se marcha así después de firmar la resolución que pone fin a su papel directo en la causa. Las quejas disciplinarias presentadas contra él por actuaciones relacionadas con la investigación no han prosperado hasta ahora, y el CGPJ ha archivado las planteadas por Bolaños.
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