Interior plantea un amplio operativo policial para la huelga general en plena polémica por la brutalidad de sus actuaciones

El Ministerio del Interior ha ordenado a la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegar un dispositivo reforzado durante la huelga general de este miércoles ante la posibilidad de que se produzcan "incidentes graves" a lo largo de la jornada. Las instrucciones, firmadas el pasado 6 de noviembre y a las que ha tenido acceso El Correo, contemplan un incremento de la vigilancia sobre infraestructuras críticas, estaciones ferroviarias, carreteras, polígonos industriales y cocheras de autobuses, así como medidas específicas para evitar interrupciones en los servicios esenciales y garantizar el desarrollo de las movilizaciones.

Las órdenes, firmadas por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y desarrolladas posteriormente por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, instan a ambos cuerpos a "extremar las medidas de prevención y reacción". El operativo estará activo durante las 24 horas de este miércoles, aunque la planificación comenzó el domingo 8 de noviembre con la recopilación de información, el análisis de riesgos y la preparación de los dispositivos correspondientes a cada demarcación.

Según publica El Correo, entre las actuaciones previstas figura el control de los accesos a polígonos industriales para garantizar la entrada y salida de trabajadores que decidan acudir a sus puestos. Interior establece expresamente la necesidad de impedir "la acción coercitiva de los piquetes que utilicen la violencia", al tiempo que contempla medidas de protección para pequeños comercios, grandes superficies y mercados centrales de abastecimiento.

Las cocheras de autobuses urbanos e interurbanos y del metro también estarán entre los puntos prioritarios del despliegue. Los agentes deberán garantizar la seguridad de los trabajadores que cubran los servicios mínimos y de quienes opten por no secundar la huelga. En estaciones y vías ferroviarias, las instrucciones buscan evitar interrupciones del transporte y posibles daños materiales, mientras que en las carreteras se pretende impedir la colocación de barricadas y los cortes mediante vehículos que bloqueen los carriles.

Vigilancia de infraestructuras y coordinación policial

La Secretaría de Estado de Seguridad establece como prioridad la protección de las infraestructuras críticas y de aquellas instalaciones que prestan servicios esenciales. Para ello, Policía Nacional y Guardia Civil deberán elaborar sus propios planes operativos y remitirlos a la Dirección General de Coordinación y Estudios, además de coordinarse con las policías autonómicas y locales, los servicios de emergencia y la seguridad privada.

La Policía Nacional deberá elaborar, a través de su Comisaría General de Información, una valoración de la amenaza con aportaciones de otras unidades. Los documentos también hacen referencia al nivel 4 de alerta antiterrorista, vigente en España, y al Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas como elementos que deberán tenerse en cuenta durante la organización del dispositivo.

Interior centralizará las incidencias a través de la aplicación Gestor de Eventos, operativa desde las diez de la noche del martes hasta las ocho de la mañana del jueves. Los episodios relevantes deberán registrarse tan pronto como se tenga conocimiento de ellos. El Centro Permanente de Información y Coordinación recibirá las novedades y, en caso de incidentes en infraestructuras críticas, se informará también al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.

Servicios mínimos del 90% en transportes

El despliegue policial estará acompañado por las exigencias de seguridad privada fijadas por Interior en una resolución publicada el pasado 4 de noviembre en el BOE. La normativa establece servicios mínimos del 90% del personal de vigilancia en transportes públicos y centros de telecomunicaciones, mientras que el porcentaje alcanza el 80% en instalaciones energéticas, nucleares, entidades financieras y sedes de medios de comunicación.

La resolución justifica estas medidas por la necesidad de proteger los servicios esenciales y alude a "los violentos disturbios de orden público ocurridos recientemente" en España y otros países europeos.