El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana seguirá en libertad provisional. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Valencia, al entender que no existe riesgo de fuga del exdirigente del Partido Popular. El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales de José María Aznar fue condenado a 10 años y cinco meses de prisión en el marco del caso Erial, en una sentencia que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. No obstante, Fiscalía Anticorrupción pidió una vista para valorar su ingreso en prisión hasta que el Alto Tribunal emitiera su veredicto.
La vistilla se celebró el jueves pasado, en la que Anticorrupción reclamó el ingreso inmediato en prisión de Eduardo Zaplana para evitar la fuga. Mismo guion que con José María Tabares, condenado por el caso Ivex. La defensa del exministro, en cambio, se opuso al alegar que no existía tal riesgo por su enfermedad y arraigo familiar. “No hay ni el más mínimo indicio de riesgo. Tiene su casa, su familia, su medio de vida, la pensión que se le ingresa en una cuenta, todo lo tiene en España”, aseguró.
Zaplana por su lado, hizo uso del turno de palabra para asegurar que no tenía intención alguna de fugarse del país. “No está en mi ánimo”, resumió el exministro, recordando que si Tabares tuvo un procedimiento judicial se debió a que la Generalitat que él presidía presentó una querella contra él. Así, acordaron la libertad provisional sin fianza a Zaplana con algunas medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la prohibición de salida del territorio nacional, así como la compensación mensual en sede judicial.
Al no apreciar riesgo de fuga, la Audiencia estima que el expresident no ha llevado a cabo ningún acto tendente a eludir la acción de la Justicia, compareciendo en todas las sesiones de juicio y respondiendo a todo llamamiento de carácter judicial.
Delitos muy graves
El representante fiscal durante la vista ante el tribunal expuso la situación procesal del exministro, puntualizando que ha cambiado tras una sentencia condenatoria en la que se reconocen “delitos graves, asociados a la corrupción político en el ejercicio de sus funcionas públicas”. "El riesgo de fuga se acrecienta no solo por la pena impuesta, que es una motivación para eludir la Justicia, sino también por su acceso a los medios económicos", advirtió.
Insistió en que, en virtud de la sentencia, quedó “acreditado” que Zaplana “tiene acceso a productos financieros y patrimonio en el extranjero que no ha puesto a disposición de las autoridades españoles”. Por otro lado, precisó que el ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), José María Tabares, que estaba a las órdenes del propio Zaplana, se fugó a Japón, donde no existe acuerdo de extradición.
También rechazó el informe médico elaborado por los forenses del juzgado en 2019 presentado por la defensa para oponerse a la cautelar. Por todo ello, reclamó el ingreso en prisión de Zaplana con carácter inmediato, especialmente por sus “condiciones económicas”. “Puede eludir la acción de la Justicia y seguir su tratamiento médico en países del primer mundo, y ante la pena de diez años que se le ha impuesto, existe una posibilidad de fuga que tiene que ser medida”, resumió.
El abogado de Zaplana, por su parte, insistió en que su cliente es "inocente" hasta que exista una sentencia firme, subrayando que se debe respetar esa presunción de inocencia. En este sentido, destacó que la medida cautelar solicitada no cumple con los "fines legítimos" establecidos por la ley.
Añadió que, desde el inicio del proceso hasta su comparecencia en la vistilla, su cliente no ha intentado huir, lo que demuestra que "no tiene intención de eludir la acción de la justicia", y tampoco existe riesgo de ocultar pruebas. Asimismo, el abogado consideró anticonstitucional justificar su ingreso en prisión por la alarma social generada, y subrayó que, aunque los delitos imputados son de "cierta gravedad", al no ser aún firme la condena, podrían dar lugar a penas menores.
