Los periodistas de tribunales siempre describimos nuestro trabajo como de picos y valles, pues a veces no tenemos vida y otras estamos mano sobre mano. Sin embargo, desde febrero de este año vivimos en un pico constante, pero un pico controlado hasta esta semana, donde el trabajo literalmente ha sido inabarcable. Lector, asumo que se está preguntando que qué narices le estoy contando. Pues vamos a tratar de explicárselo.
A las noticias normales que llevamos meses explicándoles como el caso Koldo, el de Begoña Gómez, la amnistía o la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se sumó el martes la sentencia a un exministro del Partido Popular, Eduardo Zaplana, que obviamente copó todas las portadas y noticieros de este país. Pero esa noticia duró menos que un pastel a la puerta de un colegio porque a partir del miércoles vivimos un aunténtico tsunami informativo sin precedentes en contra del Gobierno de Pedro Sánchez.
Así, el miércoles a primera hora amanecíamos con el auto del Supremo que abre una investigación al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de unos correos del abogado del delincuente confeso Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Pero ese auto, aunque abrió una espita muy dura para el Gobierno con peticiones sistemáticas de dimisión del fiscal general y un Consejo Fiscal y una Junta de fiscales de Sala convocadas con la consiguiente sangría del sector conservador del Ministerio Público, también consiguió que García Ortiz recibiera apoyos cerrados, pues el Supremo quiere investigarle a él y a otra fiscal por la filtración de unos correos a los que tuvieron acceso cerca de 50 personas, eso sin contar con el abogado del novio de Ayuso y todo su entorno. Una investigación que como les explicábamos en otro artículo nace muerta jurídicamente hablando. Así, con parte de la política y de los medios a favor de la no dimisión, este viernes no es que se abriera una espita, es que directamente se rompió el dique.
El viernes por la mañana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitía un auto en el que inadmitía la querella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez del caso de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado por prevaricación. Pero si duro era el auto, el voto particular que lo acompañaba era directamente despiadado con la Abogacía del Estado y con el propio Sánchez.
Los ejemplos de la semana
Por tanto, y como muestra, les dejamos dos párrafos. El primero de la sentencia de Zaplana, el segundo del voto particular del auto del TSJM:
"Zaplana dejó la política en 2008, y desde 2007 no hubo ingresos en Andorra, por lo que podemos acreditar que fueron ingresos obtenidos por su condicion de político. todo ello nos lleva a la ineludible conclusión de que ese dinero lo obtuvo haciendo uso de su condidon de politico que le brindaba información relevante en distintos campos, conocimiento de personas en el mundo financiero y empresarial, y en definitiva un destacado papel político primero en el ámbito autonómico y después en el nacional, lo que le reportó importantes ingresos de dinero al margen de sus amolumentos oficiales".
"Estimo que esta Sala debió plantearse el examinar si al querella inadmitida patentiza, incluso con clamorosa evidencia, un reiterado ejercicio abusivo de la acción penal, con contravención de la buena fe procesal; al respecto, no es posible dejar de atribuir la debida relevancia al hecho de que el querellante ha estado asistido por la Abogacía del Estado -de cuya cualificación técnica no cabe dudar-, por lo que, con muy alta probabilidad, no podía dejar de conocer la sinrazón de su querella, el carácter exorbitante y contrario a la buena fe procesal con que estaba ejercitando la acción penal".
Aquí quien suscribe estas líneas no es, ni mucho menos, de teorías conspiranoicas, pero la cascada informativa contra el Gobierno que se ha vivido tan solo 24 horas después de hacerse público que Eduardo Zaplana había sido condenado a diez años y medio de cárcel, 17 de inhabilitación y más de 25 millones de euros de multa por amañar contratos cuando era presidente de la Generalitat Valenciana es cuánto menos, para hacerse preguntas. Como siempre, lector, las conclusiones se las dejamos a ustedes.
