El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado que no va a dimitir. García Ortiz, ha emitido un comunicado tras hacerse público que el Tribunal Supremo abre un procedimiento para investigar una presunta revelación de secretos. En el comunicado, al que ha tenido acceso ElPlural.com, García Ortiz afirma: "En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado".

Álvaro García ha emitido el comunicado después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya acordado por unanimidad abrir una causa contra él, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así, el comunicado prosigue diciendo: "Soy consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconozco la afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país. Pero es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales. Como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho.

Tras lo sucedido, el fiscal general ha anunciado que ha convocado para el jueves a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos de asesoramiento y consulta del Fiscal General del Estado.

En cuanto a la imputación, dice García Ortiz que "la atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española".

Y reflexiona diciendo: "Nos hallamos ante un asunto que no es particular del fiscal general del Estado, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución española y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional. El ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes".

Álvaro García apostilla: "La atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado permitirá que pueda ejercitar plenamente mi derecho de defensa, toda vez que la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo".