La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el PP por la conocida como caja B y los papeles de Bárcenas, en la que se investigaba el presunto pago de comisiones irregulares a cargos de la formación popular a cambio de otorgar obras públicas a empresarios afines. El juez de la causa, Santiago Pedraz, tras cinco años desde que se reabrió el caso, entiende que la perpetración del delito no queda debidamente justificada en la causa. En este sentido, según han confirmado fuentes socialistas a ElPlural.com, el PSOE va a recurrir el auto.

Esta decisión viene poco después de conocer que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento tras recibir de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emitiera un último informe donde no se detectaban irregularidades en los procesos de adjudicación.

Cabe recordar que el caso de conocido como las comisiones finalistas de Bárcenas fue iniciado en 2013 por el juez Pablo Ruz, aunque se terminó cerrando dos años después al no percibir más indicios delictivos que los referidos a las reformas en negro –es decir, con fondos extracontables- de Génova 13. No obstante, se reactivó después de lo revelado por el líder de la trama Gurtel, Francisco Correa, durante su declaración ante el tribunal.

Fue entonces cuando Bárcenas confeso en un escrito remitido a Anticorrupción que las donaciones buscaban adjudicaciones. Más tarde, en su declaración ante Pedraz en junio de 2021, el extesorero del PP implicó en la trama a los exministros de Medio Ambiente y Fomento al señalar que estuvieron en contacto con los empresarios implicados en la supuesta contabilidad en B.

De acuerdo con el testimonio de Bárcenas, fue su antecesor, el fallecido Álvaro Lapuerta, quien acudió a Francisco Álvarez Cascos, por entonces director general de Carreteras del Estado y ministro, para recordarle con tono de reproche que siempre debía dirigirse a su persona para estos asuntos.

Finalmente, Pedraz puso fin a la fase de instrucción el 29 de julio del año pasado y, desde esa fecha, se ha mantenido en espera para recibir el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para sopesar el futuro de la causa.