La Fiscalía Anticorrupción remitió la pasada semana un escrito con sus conclusiones sobre la financiación ilegal del Partido Popular en Valencia. Según la Cadena SER, el Ministerio Público ha afeado a la dirección nacional de la formación que no diseñara ni implementara mecanismos contra la corrupción que establece la Ley orgánica 3/2015.
Según el texto, la dirección del PP “consentía y aceptada” que la sucursal popular en Valencia “manejara dinero en efectivo o recaudara de empresarios” en el año 2015. Censuran que la cúpula no hiciera “nada” aunque las cuentas del partido estuvieran investigadas desde hace cuatro años. Por lo tanto, reclama la citación de la fuerza conservadora por un delito de blanqueo.
La Fiscalía Anticorrupción se pronuncia de esta manera mediante el escrito que el PP remitió al juzgado en enero de 2017, a través del cual el partido admitía que no siguió el artículo 9 bis de la citada ley. Este precepto obliga a las formaciones políticas a establecer en su reglamento un “sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión”. Es decir, un mecanismo regulador sustentado en un director de cumplimiento normativo (compliance legal).
En el texto, el PP se comprometía a cumplimentar la ley en el Congreso que la formación celebró en febrero de 2017, pero no llegó a acometer tal acción. Este mismo año, también en febrero, cuando Casado colgó el cartel de ‘se vende’ en la fachada de Génova, también anunció la creación de un “departamento de compliance” que implementaría los “mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, así como un “canal anónimo de denuncias con absolutas garantías”.
A día de hoy, el Partido Popular no ha adoptado tales promesas de Pablo Casado, incumpliendo así la Ley de partidos que sí aprobaron en su momentos otras fuerzas como el PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos.
