El fiscal Anticorrupción del caso Taula, Pablo Ponce, solicitará medidas cautelares como son la retirada de pasaporte y la obligación de comparecencia y firma en sede judicial para Marcos Benavent, más conocido como el ‘yonki’ del dinero, si éste no facilita su domicilio al juzgado. En cuanto a la petición de prisión preventiva de la acusación popular Acción Cívica, las fuentes cercanas al caso consultadas han aseverado que, el representante del Ministerio Público, no tomará una decisión sobre si adherirse a la citada petición hasta que se haya estudiado bien el tema.
Según ha podido saber ElPlural.com, Benavent no ha facilitado al juez dónde vive actualmente. De hecho, como domicilio consta el despacho de su letrado, Juan Carlos Navarro. Ponce ya solicitó al juzgado que se obligara al ‘yonki’ del dinero a decir dónde tiene fijada su residencia. Sin embargo, su solicitud nunca ha sido respondida.
Así, si finalmente se celebra la vistilla de prisión para el antiguo colaborador de la Justicia, y actual ‘dinamitero oficial’ del caso, el representante del Ministerio Público aprovechará el momento para volver a pedir lo que ya pidió, porque al ser una vista, el juez deberá contestar en el momento.
La petición de prisión preventiva se producía esta misma semana. Acción Cívica presentó la solicitud de una vistilla porque, a su juicio, existe un evidente riesgo de fuga, así como de entorpecer la investigación.
Cambio de estrategia
El motivo no es otro que el cambio de estrategia de Benavent. Hasta hace unos meses, el que fuera gerente de la empresa pública Imelsa, y uno de los principales imputados en el caso Taula que investiga el amaño de contratos y el cobro de mordidas, era la principal “garganta profunda” de los investigadores.
Sin embargo, un cambio de letrado le ha llevado a declarar que, no solo manipuló las grabaciones que fueron el pilar básico de la investigación, hecho negado por la persona que las entregó a la Guardia Civil, a la sazón su exsuegro, sino que, además, ha llegado a acusar tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de manipular las pruebas, y de obligarle a declarar lo que ellos querían.
Atrás queda aquel hombre de aspecto hippie que se autodefinió como un ‘yonki’ del dinero, mientras aseguraba que iba a “salir mierda a punta pala”. La única duda que queda por resolver es qué hará el magistrado instructor, Víctor Gómez Saval, quien no es precisamente conocido por decretar la prisión preventiva con asiduidad.
De hecho, cuando tras las arrestos pasaron a disposición judicial los detenidos, Gómez Saval no decretó ninguna prisión, pese a que, el fiscal, solicitó varias, entre ellas la del principal investigado junto a Benavent, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.
