El fiscal general del Estado, Álvaro García, ha realizado una feroz crítica tanto a la acción popular, y al mal uso que se hace de ella, en su discurso durante la apertura del año judicial ante el Rey Felipe VI. Así ha afirmado que, "es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular. La utilización en la Justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aunmenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de Justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal".
No es baladí lo dicho por el FGE, pues esa perversión del sistema se ha visto, día tras día, en casos como el Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, donde las acusaciones populares llevan, desde que se abriera el procedimiento, haciendo un uso que podría tildarse de espurio del derecho penal.
Así dice: "El ejercicio de la acción penal supone activar el mecanismo de represión más potente que tiene un Estado moderno ante los propios tribunales de justicia. En nuestro diseño, ultra garantista y condicionado por nuestra historia política y la herencia de unas instituciones de un pasado no democrático, hemos llegado a un punto de difícil gestión: el acceso a los tribunales penales, el ejercicio de la acción penal se ha universalizado. Mas allá del riesgo de colapso del que antes alertábamos a propósito del Alto Tribunal, el peligro que describimos ahora es sustantivo e instrumental. Cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, dispone nuestra Carta Magna".
García, apostilla a este respecto que, "se trata de una figura positiva, en principio. Pero ocurre que cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él. Un interés que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo. Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos. Cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales. Todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de la investigación criminal".
Y en la misma línea de crítica, García también ha sostenido que, "un sistema que permite, por otra parte, el acceso directo a cincuenta millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible ni eficiente ni parangonable en el entorno europeo. El riesgo de colapso del propio tribunal y del resto de tribunales es evidente. La mejor manera de desviar los recursos, humanos y materiales de los fines para los que están diseñados es inundarlos de papel. No solo repercute en la calidad de la justicia, en sus prioridades, también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios".
Cambio de modelo
Álvaro García asegura que "es preciso un cambio de modelo que permita invertir el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instancias, aquel en el que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito, lo que puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Justicia. Esta realidad es un añadido al cuestionamiento que hacíamos del caduco sistema de nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Dentro del cambio de modelo que el fiscal general reclama está el hecho de que, como ocurre en el resto de Europa, se apruebe la figura del fiscal instructor, dejando al juez como juez de garantías. Alvaro García lo explica diciendo que, "la figura del juez de instrucción, concebida en su momento como un necesario y poderoso instrumento de investigación, no puede extender sus competencias al conocimiento pleno y al control absoluto del sometimiento de toda la actividad pública y privada al ordenamiento jurídico. La jurisdicción penal tiene y debe tener su espacio, pero la existencia y la razón de ser del resto de órdenes jurisdiccionales es lo que culmina la aplicación de la ley y la justicia en el imperio del Estado de derecho".
Defensa de los menores inmigrantes
El fiscal general no ha dudado en ha dudado en defender a los menores inmigrantes no acompañados. Unos niños y niñas que están recibiendo ataques sistemáticos por parte de la extrema derecha. García ha dicho: "No nos cansaremos de repetir lo que es obvio: los y las migrantes son, sin ningún matiz o calificativo, en primer lugar personas, con la dignidad y derechos inherentes a su condición, exactamente igual que lo somos nosotros o lo son nuestros hijos e hijas. Por ello, y no es ocioso insistir en ello, será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras o, lo que es mas peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas".
