La acusación popular del Caso Púnica que ejerce actualmente Adade y el PSOE ha solicitado al instructor del caso, Manuel García-Castellón, que se aparte de la pieza número 4, dedicada a la investigación de la trama de corrupción en el municipio madrileño de Valdemoro, por su relación con El Corte Inglés. ElPlural.com se ha puesto en contacto con la compañía, que no hace comentarios al respecto.
El escrito al que ha tenido acceso ElPlural.com alega que García-Castellón ejerce una tutoría en el centro universitario Ramón Areces, “perteneciente y dependiente de El Corte Inglés”. Además, el documento asegura que la propia empresa fue beneficiada de los cambios introducidos en el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) de Valdemoro.
En menos de 48 horas tendrá que declarar como investigado el exjefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés, Faustino José Soriano, por su presunta participación en las irregularidades de la operación, que afectaban a terrenos propiedad de El Corte Inglés.
La citación del directivo se produjo después de que la Sala de lo Penal corrigiera al instructor, que declaró como prescritos los hechos relacionados con el Plan General de Ordenamiento Urbano de 2004 y rechazó las diligencias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular.
Tutoría online en el Centro Universitario Ramón Areces
“Es un hecho notorio que su señoría viene prestando servicios de tutoría online en el Centro Universitario Ramón Areces, perteneciente y dependiente de El Corte Inglés. Desconocemos desde qué fecha, pero en cualquier caso consta en la página web del Consejo General del Poder Judicial la aprobación de la compatibilidad para prestar servicios para esta empresa y cobrar por ello, al menos desde su reincorporación a la plaza de la que es titular en el Juzgado de Instrucción número 6”, denuncian en el documento Adade y PSOE.
El Corte Inglés tiene bajo su propiedad desde 1973 fincas como El Majuelo Norte, con más de 16.000 metros cuadrados, que fueron declaradas rústicas en 1999 y posteriormente reconvertidas a urbanizables en el plan urbano de 2004. Según explica elDiario.es, antes de la recalificación el Ayuntamiento de Valdemoro habría llegado a un acuerdo con la compañía.
Este acuerdo consistía en una permuta por la que el consistorio se quedaba con la zona a cambio de 188.775 metros cuadrados en un polígono donde los grandes almacenes contaban con un centro logístico, ante lo que El Corte Inglés ha reconocido a este medio que no se produjo ninguna irregularidad.
La acusación popular ya había pedido en febrero al juez la citación a Soriano por su presunta participación mientras Francisco Granados ocupaba la alcaldía de Valdemoro. La respuesta del juez fue que los hechos ya habían prescrito por haber transcurrido más de 15 años.
Recursos ante la Sala de lo Penal
Ante esta respuesta, las acusaciones recurrieron ante la Sala de lo Penal y la Sección Cuarta valoró que el juez daba por hecho que las irregularidades se habrían cometido antes de la aprobación del PGOU y que, además, la presentación de la querella por el caso Púnica de la Fiscalía en 2014 interrumpía el plazo de prescripción.
El documento presentado por la acusación popular explica la relación de El Corte Inglés con el caso: “De la documentación obrante en la causa, consta acreditado que los cambios introducidos por dicho Plan, afectaron muy directamente a los intereses inmobiliarios de El Corte Inglés y de varios miembros de su personal dirigente. De hecho, las modificaciones en el Plan permitieron la instalación de una de las principales sedes logísticas de la Sociedad INDUYCO (El Corte Inglés) y sus diferentes denominaciones sociales”.
El documento menciona distintas jurisprudencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para realizar su petición final, retirar al instructor Manuel García-Castellón: “Sin sembrar la más mínima duda sobre la profesionalidad de su señoría, pero dado que las clases que imparte le hacen dependiente de una de las partes beneficiarias del proceso de cambio del PGOU de Valdemoro de 2004, consideramos que sería conveniente que ante las dudas sobre la imparcialidad que esto provoca su Señoría plantease su abstención en todo lo que afecte o pudiera afectar al Corte Inglés, a sus directivos y empleados”.
Adade y PSOE aseguran en el escrito que “la incompatibilidad se circunscribe a la pieza separada número 4 de Púnica, el caso cuya instrucción asumió su señoría desde su regreso a España, al tiempo que solicitaba autorización para hacerlo compatible con dar clases en el centro universitario dependiente del Corte Inglés”.
