La instrucción del caso Púnica se encuentra en una delicada situación. Este martes 27 de julio entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone fin a los cambios introducidos durante el Gobierno del PP, que entre otras cosas, ponía plazos a las investigaciones. La instrucción de Púnica estaba fijada para el día 27 de agosto, por lo que el nuevo texto legislativo podría permitir su continuidad. La Audiencia Nacional debe decidir tras la solicitud de ADADE y PSOE de ampliar el plazo un año, pero Esperanza Aguirre -imputada- se opone.

En un escrito entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso ElPlural.com, la defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid argumenta que “no procede la prórroga del plazo de instrucción” porque el límite ya fue acordado.

El 30 de noviembre de 2018 el juzgado instructor dictó auto por el que acordó fijar un plazo de 40 meses más de investigación, que se sumaban a los cuatro años que ya llevaba la causa. El tope, por tanto, se fechó para el 30 de marzo de 2022; pero la Sala de lo Penal lo recurrió y se acordó una nueva instrucción de 18 meses, fijando el 6 de junio de 2020 como fecha máxima porque más tiempo sería “desproporcionado y excesivo” (el coronavirus dilató el vencimiento).

Aguirre recurre a este argumento para recordar que fue “la Audiencia Nacional quien estableció el periodo máximo de duración de la presente instrucción” porque “era necesario arbitrar un plazo no excesivamente largo”.

La exlideresa alega también que con los cinco años, once meses y doce días que ha durado la instrucción de la causa no se puede sostener que “no haya resultado suficiente”.

“Comprendemos el interés -político- del PSOE en que el presente procedimiento se prolongue tanto como pueda, pero en este ámbito jurisdiccional han de prevalecer las razones jurídicas”, sentencia Aguirre.

Una reforma que evita un fin apresurado

Las modificaciones legislativas introducidas por el Gobierno del PP limitaban los plazos de instrucción de las causas judiciales. De haberse mantenido esta carcasa legislativa, el fin de la instrucción de Púnica sería el 27 de agosto. No obstante, el pasado martes entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, entre otras cosas, revoca la fijación de plazos. Esta reforma ha llegado justo a tiempo para que las macrocausas puedan continuar con su instrucción, ya que el nuevo marco legal sitúa en los doce meses el plazo para las instrucciones prorrogables cuantas veces sean necesarias, toda vez que sea el juez quien así lo considere a petición de las partes.

La nueva ley parece clara, pues reza que “será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley”, es decir, que afecta al caso Púnica. No obstante, existen ciertas dudas en la Audiencia Nacional, que deberá pronunciarse.

La representación de la acusación popular ADADE y del PSOE han presentado un escrito este mismo miércoles para que el magistrado se pronuncie sobre el nuevo plazo de instrucción que impone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Nadie discutió en su momento que la reforma de 2015 en la ley procesal aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento durante el Gobierno del PP no fuera de inmediata aplicación a una causa que le afectaba directamente como partido político, por lo que no sería comprensible que esta reforma de 2020 no fuera igualmente aplicable inmediatamente, solo por qué no sea del agrado del Partido Popular", recoge la acusación popular en su escrito al que ha tenido acceso ElPlural.com.

En el documento, la representación de ADADE y PSOE argumenta que se requiere la ampliación del plazo por varios motivos. El primero es que el pasado 2 de septiembre se reestructuró la causa en nueve piezas separadas y aún “no constan formadas las mismas materialmente”: “No existen las piezas como tal”.