La acusación popular del PSOE que coordina la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha solicitado al juez del caso Púnica que decrete la imputación de María Dolores de Cospedal por su papel como consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2006, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre. Cospedal heredó el cargo de Francisco Granados, considerado uno de los cabecillas de la trama, y fue ella quien firmó las modificaciones, según recuerda la acusación, que supusieron unos elevados sobrecostes en las ampliaciones del Metro de Madrid conocidas como Metro Sur, Metro Norte y Metro Ligero Boadilla.

La acusación ha presentado este martes en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Púnica bajo la batuta del juez Manuel García Castellón, un escrito por el que solicita que María Dolores de Cospedal sea citada para declarar en calidad de investigada. La causa es que, como consejera de Transportes entre diciembre de 2004 y junio de 2006 de la Comunidad de Madrid, también era la presidenta de la empresa pública Mintra (acrónimo de Madrid Infraestructuras del Transporte).

En concreto, la acusación particular recuerda que varias de las adjudicaciones de Mintra se investigan dentro de la Pieza Separada 9 y “todas ellas tienen como característica común que las diferencias entre el precio de adjudicación y el precio final pagado por la empresa pública se incrementa”. Algunos ejemplos que cita el escrito son adjudicaciones de Metro Sur que se elevan hasta el 118% o en Metro Norte que se elevan hasta el 32%.

Para la acusación, estos incrementos responden a un “plan presuntamente ilícito” que “se diseña e inicia en 2004” durante la época  de Francisco Granados como consejero de Transportes pero que habría necesitado de la participación de Cospedal como sucesora a la vista de que los sobrecostes “del plan se consuma con los sucesivos modificados y complementarios que se aprueban de julio de 2005 a agosto del 2006”, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El documento de hecho pone varios ejemplos. En Metro Sur se aprobó “un modificado en fecha de julio de 2005 por importe de 2.433.735,35 [euros] modificado en fecha de junio de 2006 por importe de 12.012.146,18 [euros]”. En Metro Norte detectan un “modificado en agosto de 2006 en otros 8.448.313,11€- y nuevamente modificado por incremento obra en otros 5.101.432,80€”. Y en Metro Ligero de Boadilla “modificado en febrero 2006 y a la cantidad de 17.300,626,85, modificado en marzo 2006 a la cantidad de 31.141.127 €”.

Además, la acusación popular recuerda que según el artículo 1.3 del decreto 116/2004 que organiza la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, al consejero le corresponde organizar “las funciones y servicios del departamento, y le corresponderá la alta inspección interna de los mismos”. Y el artículo 1.4 señala que “corresponderá al Consejero de Transportes e Infraestructuras la presidencia de los organismos autónomos, empresas públicas, órganos de gestión sin personalidad jurídica y demás entes institucionales”, en virtud de lo que Cospedal era presidenta de Mintra, el organismo encargado de las adjudicaciones de la red de transportes.

“Dado que la consumación del plan puesto en marcha por Granados se produce siendo consejera la Sra. Cospedal, pues es bajo su mandato cuando se aprueban y firman todos los modificados y complementarios, salvo el último de Metro norte, que se aprueba en agosto de 2006 ya bajo el mandato de Elvira Rodríguez”, la acusación reclama al juez del caso Púnica que “se llame a declarar como investigada, a fin de garantizar todos sus derechos procesales, a Doña Dolores de Cospedal, y dejamos para más adelante en caso de resultar necesario la citación de Doña Elvira Rodríguez al inicio de cuyo mandato se aprueba el último modificado”.