El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa 'Púnica', ha acordado abrir una nueva pieza separada, la número 13, para investigar la documentación aportada desde la cárcel de Soto del Real por el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega que apunta la existencia de una facturación "que perseguiría satisfacer necesidades económicas del PP de la Comunidad de Madrid".

Ortega entregó por medio de su abogado una serie de correos electrónicos que incluyen facturas. "Se aporta como 'ejemplo' de la existencia 'de este sistema' (de facturación impuesto) documentos anexados a correos recibidos en el correo electrónico del Sr. Ortega, ggortega@telefonica.net", dice el auto con fecha de 12 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press.

El juez ordena que la UCO investigue las facturas

El juez que recibió el escrito de Ortega en el marco de la pieza 9 de Púnica, en la que se investiga si el PP de Madrid se financió de forma ilícita, ha decidido abrir nueva pieza dado el momento procesal de la pieza 9, que está cerca ya del fin de instrucción. El magistrado ordena a la UCO para que analice esas facturas y las compare con la documentación entregada por la Comunidad de Madrid relativa a contratos y facturas de publicidad del Mercado de Puerta de Toledo.

El magistrado pone en duda los documentos

A pesar de abrir pieza nueva tras el escrito de Ortega, el juez advierte de que le llama la atención que las facturas que entrega y que acreditarían esas irregularidades son "documentos que provienen de su correo electrónico, por lo que se trataría de archivos de los que ya disponía en el momento en que presentó su primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción", y cuando declaró en julio de 2020.

El magistrado recuerda que en su declaración como testigo, Ortega refirió la existencia de más de un millón de euros de sobrefacturación en la contratación de publicidad desviados a través de la sociedad Mercado Puerta de Toledo, con lo que se estaría creando una suerte de "fondo", según palabras del propio Ortega, para pagar gastos del partido.

"El Sr. Ortega afirmó que se desviaba dinero para mejorar la imagen de los miembros de la CAM, del Gobierno Regional y de la Presidenta --Esperanza Aguirre--, señalando de una manera poco concisa que de ese fondo se hacían actos y se organizaban actos para los medios de comunicación o había periodistas que cobraban dinero para poder organizarlos, desconociendo si se trataba de dinero en efectivo", indica el juez en el auto.

El magistrado recuerda, además, que Ortega afirmó también que la mercantil SWAT era utilizada para pagar gastos del partido de forma encubierta a través del Mercado Puerta de Toledo. Y añade que tras nueve meses desde esa declaración, ahora aporta una serie de documentos, los cuales entiende indiciarios de acreditar los hechos que en su momento se denunciaban.

Sobre los hechos objeto de la nueva pieza, indica que de lo entregado por Ortega se infieren indicios de la presunta comisión de
un delito de falsedad documental cometida por particular en documento mercantil. Y apunta que la pena para este delito no excede los tres años y habría quedado prescrita antes incluso de la interposición de la querella que dio lugar a la incoación de las presentes diligencias en 2014.

El juez afirma que más allá de los documentos presentados, facturas presuntamente modificadas, "no se aporta ningún indicio de la desviación monetaria, ni se acredita de modo alguno que pudiera haber existido el 'fondo' al que hacía mención el denunciante Ortega en su declaración en sede judicial".  En su escrito apunta que el que fuera alcalde 'popular' parte de unas circunstancias personales "que deben ser tomadas en consideración al valorar la credibilidad de su testimonio, al tratarse de una persona condenada que denuncia hechos que le incriminan".

13 facturas al Mercado Puerta de Toledo

Ortega hace una relación de hasta 13 facturas emitidas por SWAT entre 2006 y 2009 contra el Mercado Puerta de Toledo "por trabajos aparentemente ficticios" y que sumarían un total de 832.560 euros. Esos trabajos 'ficticios' habrían quedado registrados como eventos, relaciones públicas, vídeos, fotografías, pintura o mantenimiento.

También habla de facturas con sobreprecios de facturas emitidas por el Mercado Puerta de Toledo hacia el IMADE. Y apunta que mientras que la empresa subcontratada emitía una factura por un determinado precio, ese encargo se facturaba desde el Mercado al IMADE por un precio muy superior.