El Tribunal Supremo y un fondo buitre hacen pinza para desahuciar a una anciana de 87 años

Maricarmen tiene 87 años y reside en la misma casa desde hace 70. Desde hace un lustro, cuando la propiedad de su bloque acabó en manos de especuladores, no vive tranquila. Con problemas de movilidad que le confieren una discapacidad del 50%, la vecina del barrio madrileño de Ibiza sufre diariamente el hostigamiento del fondo buitre que se hizo con el edificio y ahora se enfrenta a lo que podrían ser los últimos impasses en la casa que la vio crecer, y en la que vivieron su padre y su madre hasta su fallecimiento.

El fondo responsable de su desahucio, fechado para el próximo 29 de octubre, es Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que cuenta con la colaboración indispensable del Tribunal Supremo. Sin embargo, Maricarmen no tiene pensado rendirse y abandonar su casa, sino resistir y plantar cara a los especuladores. Permanecerá en su vivienda “cueste lo que cueste”, traslada el Sindicato de Inquilinas, que está acompañando a la anciana. Una estrategia “contra los desahucios invisibles” y con la que pretenden frenar la creciente ola de desalojos de estas características.

“Son ya cientos de inquilinas las que, cuando su casero les obliga a elegir entre una subida abusiva del precio o el abandono de la vivienda, se niegan a aceptar el chantaje y resisten en sus casas, pagando el mismo precio que venían abonando hasta entonces, o depositándolo ante el juzgado en el caso de que sea rechazado por el propietario”, exponen desde el Sindicato la lucha. Un 275% es el valor del incremento de renta que le quieren imponer a Maricarmen, que no podría soportar la renta ni siquiera destinando la totalidad de su pensión.

Pero la anciana no va a asumir este atraco ni tiene pensado abandonar su hogar por las buenas. Maricarme se queda para defender la vida que ha construido durante siete décadas en su barrio y porque esta es “la única forma efectiva de frenar la escalada de los alquileres en ciudades”. “Casos como el de Maricarmen ponen en el centro la necesidad de que los contratos de alquiler sean indefinidos, frente a la realidad actual que permite expulsiones cada cinco o siete años”, expone el Sindicato de Inquilinas.

El dramático caso de Maricarmen

Corría el año 1956 cuando el padre de Maricarmen firmó el contrato de alquiler de una pequeña vivienda situada en la calle Sainz de Baranda. Su madre no pudo rubricar el documento, dado que las leyes franquistas impedían a las mujeres formar parte de la propiedad, y no fue hasta el fallecimiento de su marido que, sin otra alternativa, pudo subrogarse el contrato. Con el fallecimiento también de su madre, Maricarmen heredó el contrato con las mismas condiciones (una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI).

Durante 20 años, Maricarmen mantuvo este contrato, pero en 2018 el bloque cambió a manos de Renta Corporación, un gigante inmobiliario que contactó con la inquilina en 2020 para ofrecerle la compra del piso por un precio disparado, dado que este barrio gentrificado hace mucho tiempo es ya uno de los más caros de Madrid. La anciana no pudo permitirse esta operación y la rechazó, manteniendo el contrato de alquiler, vitalicio tal y como recogía la ley en el momento de su firma. En ese momento, su piso fue adquirido por Urbagestión.

Los administradores del fondo especulativo, Ricardo Alonso y Fernando Alonso, notificaron a Maricarmen que el contrato subrogado a su favor quince años antes debía haberse extinguido en 2007 y le exigieron el pago de un alquiler de 1.650 euros, un 275% por encima del vigente y 200 euros por encima de la totalidad de la pensión de la anciana (1.450 euros). Ante su negativa a aceptar estas condiciones, le llevaron a los tribunales. La primera instancia dio la razón a la pensionista, pero los propietarios no se detuvieron en su cacería judicial y llevaron el caso hasta el Tribunal Supremo.

La última instancia dio la razón al fondo, alegando que la segunda subrogación solo puede tener una duración de dos años, a excepción de que el inquilino tenga una discapacidad superior al 65%. En este caso, el Alto Tribunal ha ignorado deliberadamente dos circunstancias. La primera subrogación, por la que el alquiler pasa de manos del padre de Maricarmen a su madre, fue obligada por las leyes de la dictadura, dado que su madre no pudo firmar en primera instancia el contrato del piso en el que, a todos los efectos, vivía desde el principio y era igual de cabeza de familia. En consecuencia, la subrogación de Maricarmen debería haber sido la primera, no la segunda.  

Además, al Supremo le parece que el 50% de discapacidad que sufre Maricarmen, como consecuencia de varias operaciones de cadera, no es suficiente. La Justicia, una vez más, del lado de los poderosos. “Se trata de una sentencia inédita que prioriza los requisitos formales de la subrogación por encima del espíritu de la ley, por encima de la voluntad del legislador y de la realidad social del tiempo por el que se deben interpretar las leyes, según el artículo 3 del Código Civil”, denuncia el Sindicato de Inquilinas.