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El Trubunal de Cuentas ha aprobado unánimemente el informe que pretende fiscalizar los ingresos de la Iglesia provenientes del Estado a través del 0,7% del IRPF durante el año 2017.
En la misma línea del informe aprobado en enero y que llevó a la Conferencia Episcopal a asegurar que se trataba de un ataque frontal por parte de los socialistas, la resolución del tribunal remarca la opacidad de los datos financieros relativos a la institución católica.
Una ausencia de transparencia que se plasman en las memorias económicas de los años 2016 y 2017 en las que la asociación de los obispos declaró unos superávit de 19,3 y 15,9 millones de euros respectivamente. Una ganancia sobrante que lleva al Tribunal de Cuentas a considerar que el dinero público recibido excede con creces lo que necesita para “la consecución de su adecuado sostenimiento económico".
El informe también pone en el punto de mira los 20 millones de euros públicos que los obispos destinaron a financiar la cadena de televisión privada 13TV, de la que la Conferencia es accionista mayoritario. Un destino de los fondos públicos que, según el tribunal, podría atentar contra la libre competencia.
Por otro lado, quedan en el aire los 300.000 euros gastados por las distintas diócesis, de los cuales no existe ninguna justificación detallada que se pueda fiscalizar.
Pero el Tribunal de Cuentas también da un buen tirón de orejas al Gobierno por su dejadez para controlar y realizar un seguimiento al dinero que cada año se destina a la Iglesia Católica. Inacción y desinterés por parte del Estado que, según el informe, no realiza ningún control real sobre el el destino efectivo de los fondos públicos ni lleva a cabo ningún seguimiento de las memorias presentadas anualmente por la Conferencia Episcopal.
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