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El Partido Popular comienza a perfilar una agenda de cambios legislativos que, más allá de las medidas económicas y sociales, podría afectar también a los derechos sociales y las políticas de igualdad. Las declaraciones de Alma Ezcurra, eurodiputada, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y número dos de la campaña del PP, en una entrevista con El Debate apuntan a una revisión de ese marco normativo desde los principios ideológicos de la formación, aunque sin precisar qué modificaciones plantearía sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Preguntada por la posibilidad de que el programa electoral del PP reivindique expresamente el humanismo cristiano, Ezcurra respondió afirmativamente y defendió que esta tradición forma parte de la ponencia política y del “corpus ideológico” del partido. La dirigente aseguró que los populares procuran actuar de acuerdo con esos principios y, al ser interrogada sobre su posición respecto al derecho a la vida, lo definió como “el derecho más importante, junto con la libertad”, además de considerarlo un principio rector de su acción política.
Estas declaraciones adquieren relevancia al confrontarlas con los compromisos de Alberto Núñez Feijóo sobre otras normas que regulan derechos individuales y con las propuestas de Vox, socio del PP en distintos gobiernos autonómicos y posible aliado en un eventual Ejecutivo estatal.
Una revisión legislativa todavía sin concretar
Ezcurra evitó adelantar el contenido definitivo del programa electoral cuando fue preguntada por la derogación de las leyes trans y de eutanasia. Remitió a la presentación del documento y recordó que Feijóo se ha comprometido a derogar la legislación trans vigente y a reformar la regulación de la eutanasia.
La respuesta distingue entre los cambios ya anunciados y las decisiones pendientes. Mientras la derogación de la ley trans y la reforma de la eutanasia figuran entre los compromisos expresados por el líder popular, la posición específica sobre el aborto permanece sin concretar en la entrevista.
El PP ha defendido revisar las leyes del aborto y la eutanasia, introduciendo cambios en sus condiciones y requisitos. La cuestión decisiva será conocer qué disposiciones pretende alterar, qué garantías mantendría y cómo afectaría cualquier reforma a las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo.
Vox plantea una derogación integral
La posición de Vox resulta más explícita. La formación de Santiago Abascal propone derogar la legislación vigente sobre el aborto y la eutanasia, además de eliminar las leyes trans y LGTBI y sustituir el Ministerio de Igualdad por uno de Familia. Su planteamiento no se limita a revisar requisitos, sino que pretende revertir buena parte del marco normativo que reconoce y protege estos derechos.
El PP no ha asumido todas esas propuestas en los mismos términos. En materia de igualdad, los populares han planteado integrar las competencias del ministerio específico en otras carteras, mientras que sobre la legislación trans defienden aprobar una nueva norma que sustituya a la actual. En sanidad, ambos partidos apuestan por reforzar la colaboración público-privada para reducir las listas de espera, aunque difieren en el modelo territorial: el PP quiere mantener el sistema autonómico con mayor coordinación estatal y Vox aboga por devolver las competencias sanitarias al Estado.
La coincidencia en determinados objetivos no permite concluir que un eventual acuerdo de Gobierno incorporaría íntegramente el programa de Vox. Sí sitúa la política reproductiva entre los asuntos que podrían formar parte de una negociación postelectoral, junto con la eutanasia, la diversidad sexual y las políticas de igualdad.
Nada más moderno que defender la vida. Y nada más hipócrita que dar lecciones de feminismo con el historial de Ábalos y Koldo Antes de hablar de decidir sobre el cuerpo de las mujeres, explicad cómo las trataban los vuestros
— Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) October 16, 2026
El precedente parlamentario y las posiciones de Ayuso
La trayectoria reciente aporta elementos para contextualizar el debate. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha mantenido posiciones contrarias a iniciativas destinadas a ampliar las garantías institucionales del derecho al aborto, mientras su Gobierno ha defendido políticas de apoyo a la maternidad. Esta orientación refleja la disputa entre las medidas de acompañamiento a las mujeres embarazadas y la garantía efectiva de acceso a la prestación sanitaria.
En el ámbito estatal, PP y Vox coincidieron en su oposición al proyecto de reforma constitucional impulsado para reforzar la protección del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. El Congreso rechazó sus enmiendas a la totalidad con 171 votos favorables —de ambos partidos y UPN— frente a 177 contrarios. La iniciativa superó así ese primer trámite, aunque su aprobación definitiva requería mayorías reforzadas.
El resultado acredita una oposición parlamentaria compartida a esa reforma constitucional, pero no convierte automáticamente los programas de ambas formaciones en idénticos. Mientras Vox defiende eliminar la legislación vigente, el PP ha apostado por revisar determinados aspectos de su aplicación.
Además, el programa popular de las elecciones generales de julio de 2023 ya contemplaba exigir el consentimiento de los titulares de la patria potestad para que las menores pudieran abortar. El antecedente demuestra que la posibilidad de restringir algunas condiciones de acceso no surge exclusivamente de las declaraciones actuales de Ezcurra.
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