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El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre no solo pone fecha de caducidad a la legislatura. La disolución de las Cortes anunciada este lunes por Pedro Sánchez supone también detener buena parte de la agenda legislativa que el Gobierno todavía tenía pendiente, con especial incidencia sobre varios proyectos de carácter social que se encontraban en distintas fases de tramitación.
Algunas normas habían comenzado ya su recorrido parlamentario; otras permanecían todavía en manos del Consejo de Ministros. El resultado, en cualquier caso, es que violencia vicaria, aborto, familias, protección de menores o política migratoria forman parte de los asuntos que quedarán pendientes cuando se cierre definitivamente la XV Legislatura.
La violencia vicaria se queda a mitad del Congreso
Uno de los proyectos más avanzados era la Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que apenas cinco días antes de conocerse el adelanto había superado su primer gran examen en el Congreso.
El Pleno rechazó el 30 de septiembre, por 312 votos frente a 34, la enmienda a la totalidad presentada por Vox. La ley continuaba desde entonces su recorrido en la Comisión de Igualdad, en fase de presentación de enmiendas.
Entre otros cambios, el proyecto pretendía reforzar la respuesta penal frente a esta forma de violencia y modificar el tratamiento de cuestiones como la patria potestad en casos de violencia machista. Con la disolución de las Cámaras, su tramitación queda interrumpida y cualquier Gobierno que quiera recuperarla en la próxima legislatura tendrá que volver a poner en marcha el procedimiento.
También queda pendiente la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. El Ejecutivo la mantenía entre sus prioridades normativas para 2026 con la intención de abordar de manera conjunta las distintas formas de trata y explotación, además de reforzar la prevención y la protección de las víctimas. A finales de septiembre todavía permanecía como anteproyecto.
El intento de blindar el aborto en la Constitución tampoco culminará
Entre los proyectos de mayor carga política se encuentra la reforma del artículo 43 de la Constitución para incorporar la protección de la interrupción voluntaria del embarazo.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto definitivo el pasado 7 de abril después de recibir el dictamen del Consejo de Estado. La propuesta pretendía añadir un cuarto apartado al artículo 43 para establecer que los poderes públicos garantizaran el ejercicio del derecho al aborto en condiciones de igualdad real y efectiva.
La reforma, sin embargo, no llegará a completar su recorrido parlamentario antes de las elecciones. Su futuro dependerá, por tanto, de la composición de las nuevas Cortes y de que el próximo Ejecutivo decida recuperar la iniciativa.
Familias y menores, otra carpeta que queda abierta
La disolución del Congreso también afecta a la Ley de Familias, cuya tramitación llevaba meses encallada. El proyecto seguía vivo en la Cámara y había sufrido sucesivas ampliaciones de los plazos para presentar enmiendas.
A ello se suma otro de los objetivos defendidos durante la legislatura por Sumar, la prestación universal por crianza, cuya aprobación estaba vinculada a unos Presupuestos Generales del Estado que tampoco llegaron.
En el área de Juventud e Infancia queda igualmente sin culminar el proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, concebido, entre otras cuestiones, para elevar las garantías sobre el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales.
Tampoco verá completado su recorrido la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que pretendía reforzar la escucha de los menores y las medidas de protección ante progenitores investigados por maltrato.
Otros proyectos apenas habían dado sus primeros pasos. La ministra Sira Rego había planteado una futura Ley de Familias Acogedoras para impulsar la acogida y la adopción y trabajaba también en una Ley de Juventud en la que Juventud e Infancia había situado, entre otras propuestas, la posibilidad de rebajar la edad de voto a los 16 años. Ninguna de las dos iniciativas había completado el recorrido necesario para convertirse en ley.
El Pacto Europeo de Migración obliga a dejar trabajo para la próxima legislatura
El adelanto también interrumpe una reforma de especial relevancia en materia migratoria. El Consejo de Ministros había aprobado el pasado 25 de agosto los anteproyectos de una nueva Ley de Asilo y de modificación de la Ley de Extranjería para adaptar la legislación española al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
Ambos textos estaban todavía en una fase inicial. El Ejecutivo defendía que la nueva normativa debía actualizar los procedimientos de protección internacional y adaptar el ordenamiento español al nuevo marco comunitario, que comenzó a aplicarse en junio de este año.
Distinta es la situación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería relativa al reparto de menores migrantes no acompañados. Al proceder de un real decreto ley que ya fue convalidado por el Congreso, la norma seguirá vigente aunque su posterior tramitación como proyecto de ley quede truncada.
El adelanto electoral cierra así la legislatura antes de que buena parte de la agenda social del Gobierno llegue a término. Algunas iniciativas estaban cerca de avanzar; otras apenas habían abandonado la mesa del Consejo de Ministros. Todas ellas comparten ahora la misma incógnita: si la próxima mayoría parlamentaria decidirá retomarlas o si quedarán definitivamente asociadas a una legislatura que terminó antes de tiempo.
