Por si a la semana parlamentaria le faltaran pocos alicientes, Vox quiere poner más madera. La fuerza ultraderechista ha trasladado a la futura Ley de Violencia Vicaria su profundo rechazo por el enfoque de género que vertebra la legislación aprobada. El grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad para devolver al Gobierno el proyecto de Ley Orgánica, que se encuentra en tramitación en el Congreso, mientras cuestiona que este tipo de violencia deba considerarse como una manifestación específica de la violencia machista. Asimismo, abogan por trasladar el foco en las madres, a quienes responsabilizan de cometer el grueso de los crímenes.
La iniciativa se registró dentro del plazo de enmiendas a la totalidad, que concluyó el pasado 17 de septiembre. El proyecto ahora se encuentra en la Comisión de Igualdad y mantiene abierto hasta el día 23 el periodo para presentar enmiendas al articulado. Los de Santiago Abascal abogan por exportar su ofensiva contra la violencia de género a este texto, reclamando su devolución íntegra al rechazar el enfoque escogido por el Gobierno. Sitúan la violencia vicaria en el marco de lo que formación ultra cataloga como violencia intrafamiliar, enfatizando en los casos en los que las madres matan o agreden a sus hijos.
Para Vox, el proyecto de ley ofrece una protección desigual en función del sexo de quien ejerza la violencia y así lo clarifican en la enmienda presentada. Sostienen que la normativa parte de una premisa equivocada – a juicio del bloque ultra – al vincular la instrumentalización de los hijos para dañar a la pareja con una forma de violencia ejercida específicamente contra las mujeres. Recurren a estadísticas sobre filicidios cometidos por madres como argumento troncal, sosteniendo que estos casos cuestionan un análisis basado en el género del agresor y de la víctima.
La ruptura parte de que filicidio y violencia vicaria no describen el mismo fenómeno, según la exposición de la extrema derecha. Señalan que el primero identifica el asesinato de un hijo por uno de sus progenitores. La violencia vicaria, según figura en el texto legislativo, incorpora la provocación de dolor o sufrimiento a una mujer mediante la agresión ejercida contra otra persona de su entorno.
El proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de julio, estima que este tipo de violencia la ejerce la pareja o expareja de la mujer sobre hijos, descendientes, familiares, allegados u otras personas próximos con el único fin de causar daño. Moncloa busca situarla bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, estableciendo que la agravante por razón de género puede aplicarse en estos supuestos. De ahí que no se pueda interpretar automáticamente un filicidio cometido por una mujer como violencia vicaria, sino que debe existir la utilización de la víctima como instrumento para causar sufrimiento.
La trampa de los filicidios
La estrategia argumental de Vox pasa por desplazar la discusión hacia los filicidios cometidos por mujeres, tachando como “errónea” la premisa del texto que considera que los hombres pueden utilizar a sus hijos u otras personas para causar sufrimiento a sus parejas. Aquí introducen un dato que atribuyen al Ministerio de Justicia y que expone que el 52% de los filicidios registrados entre 2007 y 2022 fueron cometidos por mujeres. Cifras que arrojan contra el Gobierno, al que acusan de construir una legislación sesgada.
La enmienda utiliza la comparativa entre filicidio y violencia vicaria para tumbar las estadísticas oficiales. Según Vox, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recoge datos “de manera parcial” porque contabiliza los asesinatos de menores vinculados a la violencia ejercida contra sus madres y no incorpora como violencia vicaria los filicidios maternos, atribuyendo a esa metodología una “intención deliberada de engañar con motivos ideológicos”. La acusación figura en el documento registrado, pero Vox no aporta en sus páginas elementos que acrediten dicha – y presunta – intencionalidad.
La estadística oficial responde, en realidad, a la categoría que pretende medir. El proyecto de Ley señala que, desde 2013 y hasta el 31 de mayo de 2026, se contabilizaron 68 asesinatos de menores en casos vinculados a violencia de género. Consideran, por tanto, reforzar precisamente la recopilación de datos sobre violencia vicaria. El futuro texto prevé que la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer incorpore preguntas específicas y que la estadística oficial diferencia a las distintas víctimas utilizadas para provocar daño a una mujer.
La cuestión no es, por lo tanto, que los asesinatos o agresiones cometidos por madres queden fuera de la protección penal. Dichos delitos están sometidos al Código Penal y a las normas de protección de la infancia. Lo que discute la ley es si existe una modalidad adicional que merece reconocimiento específico cuando los hijos u otras personas son utilizados como instrumento para ejercer violencia contra una mujer.
Los ultraderechistas rechazan tal distinción, encuadrándola dentro de su oposición histórica al concepto de violencia de género. Su enmienda reproduce buena parte de ese argumento al hablar de “ideología de género” y cuestionar la legislación aprobada durante las últimas dos décadas, mientras insiste en que toda violencia dentro de la familia debe recibir un tratamiento desligado del sexo de víctimas y agresores.
El origen de la definición no está en el proyecto
El reconocimiento de la violencia vicaria tampoco aparece de forma aislada en la iniciativa. La exposición de motivos recuerda que el Congreso incorporó esta forma de violencia a la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó en febrero de 2025. Dicho menciona expresamente la violencia vicaria dentro del bloque dedicado a la protección de menores, planteando una mejora de su detección, prevención y tratamiento institucional.
Lo que el Gobierno pone sobre la mesa con el proyecto es trasladar el reconocimiento al ordenamiento jurídico. El articulado modifica hasta diez normas, entre ellas el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la legislación de protección al menor y el Estatuto de la Víctima. El Ejecutivo, en términos penales, descartó la creación de un delito autónomo y apostó por modificar la agravente de género para que pudiera aplicarse a supuesto de violencia vicaria. Además, introduce cambios en patria potestad, guardia y custodia, régimen de visitas, formación de jueces y fiscales, así como mecanismos de detección del riesgo para menores.
La norma pretende además ampliar la mirada más allá de los hijos. La condición de víctima instrumental puede alcanzar a otros familiares o personas cercanas cuando exista la finalidad de causar sufrimiento a la mujer. Esa definición es precisamente la que Vox rechaza cuando reclama que la regulación abandone la perspectiva de género.
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