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España

El aborto entra de lleno en campaña: recortes de Feijóo, privatizaciones de Ayuso y requerimientos del Gobierno

Ayudas a favor del concebido no nacido, el permiso paterno para interrumpir voluntariamente el embarazo o las exigencias de Sanidad a comunidades del PP ya forman parte de la carrera electoral al 29N

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. EP

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. EP

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El aborto es un derecho que le ha costado mucho conseguir a las mujeres y que, sin embargo, la derecha tiende a poner en entredicho. Cuando se acercan épocas de precampaña o campaña electoral, la interrupción voluntaria del embarazo cobra protagonismo, independientemente de que aparezca o no en los programas de los partidos políticos.

Esto es lo que sucede ahora en el PP, y es que, aunque no figura mención expresa a este avance social cuyo debate se considera muchas veces superado en nuestro país, el líder de la formación popular, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado en distintas entrevistas a lo largo de las últimas semanas que una chica de 16 o 17 años “debería de tener el conocimiento de sus padres” para abortar.

En estos términos se ha pronunciado en conversaciones con la Cadena Ser o El País, donde no prometió ninguna medida concreta en esa dirección, pero sí aseguraba que se trata de un “debate” lícito que, según se entrevé de sus palabras, no estaría de más abordar. “Hablo de conocimiento, no de consentimiento”, deslizaba en ese sentido.

En el debate cara a cara con Sánchez del pasado jueves destacaba nuevamente, como había venido haciendo en esta dirección que "en el aborto hay una ley y una sentencia del Tribunal Constitucional", que respetaría. Por lo tanto, se compromete a respetar la ley del aborto, pero sí quiere introducir cambios que afectan a las mujeres menores de edad.

Lo que sí dicen los programas

El programa del PP a nivel estatal sí dedica un apartado, sin embargo, al concebido no nacido en una dirección que recuerda a la que llevó a cabo la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso. Así, en un tono que para muchas personas supone una cruzada contra el aborto, la hoja de ruta de los de Feijóo para los comicios del 29 de noviembre plantea que “el concebido no nacido computará para determinar las ayudas y beneficios que corresponden a la familia”.

Vox, por su parte, contempla un capítulo denominado Familia y Vida en el que aborda de alguna forma esta cuestión. Tampoco menciona la palabra “aborto” en todas las páginas de su programa electoral, pero sí pone sobre la mesa medidas en cierto modo similares a las del PP. En su caso, plantea extender los beneficios fiscales de las familias numerosas desde el primer hijo, bonificaciones para las empresas que favorezcan la conciliación o financiar con cargo al Estado las cotizaciones de quienes se dediquen al cuidado de sus hijos. “Formar una familia y criar a los hijos es una contribución esencial al futuro de España”, entiende el partido de Santiago Abascal.

Volviendo al PP, cabe recordar que la medida sobre el permiso parental ya estuvo vigente en la era en la que Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno y hasta 2023, tras la reforma de la ley del aborto llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez que reinvertía el cambio que había entrado en vigor en 2015.

La Comunidad de Madrid solo realizó un aborto quirúrgico en 2025

El PP de Ayuso aprobaba en verano su ley del concebido no nacido, que reconoce al embrión como un miembro de la unidad familiar. Lo hizo con los votos a favor de Vox y las críticas de la oposición del PSOE y Más Madrid.

Los socialistas y la izquierda alternativa afearon que el ejecutivo regional pensara en estos términos mientras, dicen, desatiende a los niños y las mujeres de Madrid. Vox se mostró de acuerdo con la ley, pero pidió incluir su principio de “prioridad nacional”. También desde las fuerzas progresistas anunciaron que recurrirían la norma.

Ésta, que vio finalmente la luz en un pleno extraordinario, ha sido una de las grandes apuestas del Gobierno de la autonomía madrileña desde que Ayuso la anunciara en 2019. Con ello, la normativa planteaba que, una vez se acredite el embarazo, las mujeres puedan solicitar ayudas y beneficios fiscales. Además, las familias que ya tienen dos hijos y esperan un tercero podrán acceder al título de familia numerosa a partir de la semana 14 de gestación.

Lorena Morales, del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y una de las voces más críticas con la administración Sol en esta materia recordaba esta semana que “en 2025, 18.221 mujeres residentes en Madrid interrumpieron su embarazo”. “92, apenas el 9,5% fueron atendidas en hospitales públicos”, apuntaba, remachando que, de ellos, “solamente uno fue quirúrgico”.

Requerimiento de Sanidad

En los últimos días, el Ministerio de Sanidad enviaba tanto al consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, como a su homóloga de Baleares, Manuela García, un requerimiento para que cree de una vez el registro de médicos objetores del aborto, una obligación que los territorios tienen desde la reforma de la ley del aborto de 2023.

Son las dos únicas comunidades autónomas que, junto a Madrid, no han puesto en marcha el listado, si bien el caso de la región presidida por Ayuso es distinto, ya que la lideresa madrileña directamente se negó a crear dicho registro.

En el escenario balear, el proyecto de decreto se sometió a audiencia e información pública en febrero de 2026, “estando desde entonces en proceso de tramitación sin que se haya observado en ningún otro avance”, según desliza el requerimiento del departamento de Mónica García al que han tenido acceso varios medios de comunicación.

Por su parte, en suelo andaluz llevan 20 meses en tramitación. En marzo de 2025 sacaron el proyecto de decreto a audiencia pública y a día de hoy no ha finalizado su tramitación. Según datos del año pasado, Andalucía y la capital sumaban casi la mitad de los abortos que se practican en España y en ambas más del 99% se deriva a centros privados.

Ambos gobiernos autonómicos han reaccionado públicamente defendiendo que sus registros están en trámite y que cumplen con la ley

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