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La confrontación entre los profesores y la Comunidad de Madrid no va a menos. De hecho, la tensión, lejos de reducirse, parece que va a más.
Esta semana ha sido especialmente convulsa en la relación que mantienen las partes, más complicada si cabe desde que el pasado 14 de octubre el personal docente iniciara una huelga que ha recibido el apoyo del conjunto de la comunidad educativa (padres y madres, estudiantes, etc) y que, del otro lado, se ha topado con los insultos de las autoridades madrileñas; de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y de la máxima responsable de la administración Sol, Isabel Díaz Ayuso.
Si a principio de semana, la primera anunciaba que emprendería las “acciones penales correspondientes” ante el “acoso” que, dice, está sufriendo por parte de algunas personas que se encuentran en la reivindicación, hacia finales de esta semana -teniendo en cuenta los días lectivos- enviaba unas instrucciones a los centros no universitarios con varios puntos para asegurar la “neutralidad” y evitar el “adoctrinamiento” en las aulas respecto del parón.
Entre las medidas concretas, la hoja de ruta recoge prohibiciones como la colocación de carteles en los centros o relativas a “pedir o animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas relacionadas con un conflicto político”. Los directores de los espacios no universitarios ya habían rechazado las líneas antes de que su envió y la parte que intensificó su pelea laboral hace ya cosa de un mes y una semana no duda en hablar de intento de censura por parte del equipo popular.
El Comité de Huelga celebrará una rueda de prensa este sábado, pero dejó clara su postura desde el primer momento, no solo ante este aspecto, sino también frente a puntos que tienen que ver con los servicios mínimos o el “refuerzo y la continuidad de los aprendizajes”. A su juicio, las tres cosas “forman parte del mismo ataque contra el derecho a una huelga que desde el inicio han hostigado, insultando al profesorado en lucha, despreciando sus reivindicaciones, ignorando al Comité de Huelga y, en última instancia elevando el tono y pasando a las amenazas, denuncias e instrucciones sin ninguna base legal con el objetivo de derrotar una movilización que, por otro lado, califican como irrelevante”.
De este lado mantienen que Zarzalejo “tiene que dimitir”, al considerar asimismo que este conjunto de decisiones solo busca “incrementar la presión sobre el profesorado en huelga y restringir el ejercicio de derechos fundamentales”. Insisten en la negativa de la consejera a reunirse con ellos, mientras ésta defiende la interlocución con la Mesa Sectorial.
“Idea ridícula”
Respecto del punto concreto sobre la “neutralidad”, el Comité tacha de “ridícula” esa idea, y justifica su opinión del siguiente modo: “Todo está marcado por una visión del mundo que es la de la clase dominante que utiliza el sistema educativo para promover su visión del mundo actual como el único posible (…) No obstante, incluso entendiendo como neutralidad lo que establece la normativa actual como lo institucional, consideramos que la instrucción actual atenta contra el ejercicio de la libertad sindical, la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el derecho de huelga del personal docente”.
A su juicio, lo que viene a decir lo expresado por la Consejería es que “defender el sistema educativo público se convierte un acto subversivo”, y enumeran algunos de los problemas: “Las instalaciones de nuestros centros tienen problemas estructurales o señalar la falta de recursos, las ratios elevadas o las innumerables situaciones diarias de cada centro en las que se sufren los problemas que arrastra la educación pública…”. “Consideramos que es un ataque a la línea de flotación de varios derechos fundamentales como el de huelga, expresión e incluso el de educación”, emiten en un comunicado en el que dan aportan más pormenores alrededor de esta idea.
Las familias presentan una reclamación formal
La Confederación de AMPAS, AFAS y FAMPAS (CONFAPA) respalda las quejas alrededor de las instrucciones emitidas por la Comunidad de Madrid. Como prueba de ello, más allá de las declaraciones, presentaba una reclamación formal ante la Consejería en la que pedía la revocación inmediata de las instrucciones.
“Consideramos que estas instrucciones exceden ampliamente el ámbito de aplicación que la propia Administración atribuye al personal docente y de administración y servicios, para proyectarse sobre la actividad de las familias y de las asociaciones de madres y padres, limitando de facto derechos constitucionalmente reconocidos como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho de participación en la comunidad educativa”, expresaban también en un comunicado que refrendaba de la siguiente forma su portavoz Fernando Mardones.
“Estas medidas generan un efecto desaliento incompatible con una sociedad democrática y constituyen una utilización indebida de las competencias administrativas para restringir la visibilización del apoyo de las familias a las movilizaciones en defensa de la educación pública y de las reivindicaciones de la comunidad educativa madrileña”.
Asimismo Confapa lamentó que “la Comunidad de Madrid pretende intervenir sobre espacios cuya titularidad corresponde a los ayuntamientos, como son los vallados exteriores de numerosos centros públicos de Educación Infantil y Primaria, careciendo la Consejería de competencias patrimoniales o de policía sobre dichos espacios”.




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