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Llueve sobre mojado en el Ayuntamiento de Francisco Jiménez. La respuesta municipal no aclaró si admitía alternativas y, casi seis meses después, el técnico que redactó ese pliego pide garantías de imparcialidad sin que conste públicamente que el Pleno las haya examinado.
Cuando un candidato avisa por escrito de que el pliego de una licitación que puede acercarse a los 90 millones de euros limita los contenedores a un único fabricante, lo normal es que alguien en el Ayuntamiento abra un cajón y se ponga a mirar. Porque así contado parece más una historia de Reggio Calabria que de la campiña sevillana. En Utrera, lo que consta es la respuesta. El aviso es del 14 de abril, con el concurso del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria ya abierto. Un operador interesado preguntó si podía ofrecer contenedores distintos de los que pide el pliego, cuyas características, a su juicio, “no son los estándares del sector” y “limitan a que se presente un único fabricante”. El operador pedía margen en los volúmenes y otro sistema de publicidad en los contenedores. Tampoco era mucho pedir. El Ayuntamiento contestó con una línea: cualquier modificación debe superar las especificaciones mínimas del pliego.
La advertencia llegó con antecedentes, que en esta historia nunca faltan. En julio de 2024, el entonces delegado de Recogida de Residuos, Félix Gómez Barro, admitió en un pleno que había visitado fabricantes con personal técnico para preparar el pliego. Y explicó quién pagaba: “Es la propia empresa que está interesada en que conozcamos su producto la que nos invita y corre con los gastos”. Franqueza no le faltó, omertà fuera de juego.
La Oficina Andaluza Antifraude abrió actuaciones previas tras una denuncia del PSOE y pidió información sobre una de las visitas, como publicó este diario el pasado lunes. No consta ninguna conclusión. Nada de lo publicado permite decir que la empresa que pagó sea ese posible fabricante único, y ni siquiera se sabe cuál fue, aunque un fabricante puede vender a quien gane el contrato sin presentarse al concurso. El gerrymandering americano aplicado a los concursos públicos.
El Pleno aprobó el expediente el 18 de marzo de 2026 y el propio acuerdo identifica como redactor técnico a un funcionario. Como ya contamos en exclusiva en El Plural, ese funcionario registró un escrito de seis páginas en el que cuenta que participó en aquellas visitas y pide que no le asignen puntuar las ofertas hasta que se decida si debe abstenerse. Primero avisó un licitador. Luego avisa quien escribió el pliego. Dos avisos, y el segundo viene de dentro.
Ahora bien, la eventual exclusión del técnico de la valoración no despejaría un problema anterior: cómo se redactó el propio pliego. Si las capacidades y la rotulación exigidas hubieran restringido injustificadamente el suministro a un fabricante, la posible distorsión estaría ya incorporada a las condiciones del concurso. Esas exigencias deben estar justificadas técnicamente; apartar después al redactor no bastaría para corregirlas.
El escrito iba dirigido al Pleno, que es el órgano de contratación, con seis peticiones. Ha pasado más de un mes y se han celebrado cinco plenos. Son muchos plenos para que un escrito dirigido precisamente al Pleno siga sin aparecer en ninguna acta ni orden del día públicos. La Ley de Contratos, en su artículo 64, obliga a prevenir los conflictos de intereses. Esperar a que se prueben no figura entre las opciones.
Contratación Administrativa, bajo la dirección política de Isabel González, debe garantizar la tramitación del escrito presentado el 6 de octubre por el funcionario y acreditar quién ha examinado sus seis peticiones, en las que plantea circunstancias relacionadas con un posible conflicto de intereses. La delegada tiene la obligación de explicar qué actuaciones se han realizado para comprobar los riesgos comunicados. Su departamento debe impulsar, dentro de sus competencias, las medidas necesarias para prevenir posibles conflictos de intereses y garantizar que las cuestiones dirigidas al Pleno lleguen al órgano de contratación. Hasta el momento, no consta que se haya producido ese traslado ni que el Pleno haya examinado las peticiones del funcionario.
El escrito cae sobre un gobierno que ya tenía la agenda cargada. El alcalde está citado como investigado el 30 de noviembre, el día después de las generales, en la causa que examina si la cesión de un local municipal a un club de ajedrez que contribuyó a fundar constituye presunta prevaricación administrativa y malversación, y la primera teniente de alcalde, Isabel González, también figura como investigada. Jiménez niega cualquier uso indebido de fondos en el local y despachó el gasto eléctrico con una frase: “No gastamos luz, jugamos de día”.
Además, dos sobrinas del alcalde trabajan en FCC, que presta el servicio de basuras desde 2012 y sin contrato en vigor desde 2022, siempre según fuentes municipales y sin que se haya acreditado irregularidad en su contratación. Según la información obtenida por este diario, una de las sobrinas tiene contrato fijo y la otra figura entre el personal previsto para su subrogación en el nuevo contrato de limpieza. Hasta la fecha, el alcalde Francisco Jiménez no ha desmentido públicamente estas informaciones. Políticamente, sin embargo, se leen en fila, como los capítulos de una serie que nadie querría estrenar en campaña.
Y el calendario aprieta. El domingo 29 se vota y Jiménez es el número cinco de la lista del PP por Sevilla al Congreso. El 24 de octubre, ABC de Sevilla escribía que, si el PP llegara al quinto diputado, “se materializaría una transición en la localidad que lleva tiempo sobre la mesa”. Contratación depende políticamente de González Blanquero, mano derecha del alcalde y a quien este diario ya situó entre quienes podrían recoger el relevo. Con la Alcaldía en el aire, cada explicación que dé sobre el escrito, o que no dé, se leerá también en clave de sucesión.




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