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España

Feijóo adopta las promesas de Vox con las mujeres y el colectivo LGTBIQ+

El líder del PP se ha comprometido en este tiempo a derogar la Ley Trans, revisar las condiciones para interrumpir voluntariamente el embarazo o eliminar el Ministerio de Igualdad

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

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La distancia ideológica entre Partido Popular y Vox en determinadas cuestiones es, o a menos parece, cada vez menor. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, lleva tiempo explicando cuáles son las intenciones de su partido en algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBIQ+.

Ley Trans

Por partes, respecto de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (conocida como Ley Trans), el líder gallego se ha comprometido en diferentes ocasiones a derogarla si llega a la Moncloa después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Entre los ejemplos de esta semana se encuentra una entrevista realizada en Cuatro en la que el candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular, por el momento máximo responsable del primer partido de la oposición, se pronunció en los siguientes términos: “Esto de declararse hombre o mujer en un Registro Civil es una frivolidad que se la dejo al sanchismo”. En la misma intervención, sostuvo que la mencionada normativa “no respeta a las mujeres”.

La derogación se corresponde con un compromiso que el político asumió cuando se aprobó la Ley Trans y que la formación incluye en su programa electoral. “Revisaremos las normas que hayan generado inseguridad jurídica en nombre de la igualdad, como la Ley Trans, y eliminaremos la libre autodeterminación registral del sexo, para reforzar la seguridad jurídica y proteger a los menores”, reza el documento, de 82 páginas, en un punto que podría abarcar varios aspectos y que añade: “Garantizaremos que el sexo biológico sea el criterio para las categorías deportivas femeninas”.

El líder de las siglas conservadoras también considera que deben producirse cambios respecto de la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’. Concretamente, ha explicado en los últimos días que, en casos de pederastia, violaciones reiteradas y abusos sexuales se repondrá la prisión permanente revisable, la cual se añadirá asimismo en el supuesto de asesinatos en los que el autor del delito oculte a la víctima.

Endurecer el derecho al aborto

Hace semanas, en una entrevista con Aimar Bretos en la Cadena Ser, Feijóo ya explicaba algunas de las medidas que le gustaría llevar a cabo desde el Ejecutivo y que, presumiblemente, generarán más polémica. Una de ellas tiene que ver con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo.

Sobre el aborto, el responsable de la formación con sede en Génova, 13 prometía entonces “garantizar” que, en caso de que una mujer decidiera llevarlo a cabo, ésta dispusiera de “los mejores médicos” y de la “mejor asistencia sanitaria”; y que quienes acudieran a interrumpir de manera voluntaria su embarazo lo hicieran “de acuerdo con las leyes” de España.

Hasta ahí, cero controversia. Sin embargo, el candidato del PP al 29N sostuvo que este derecho adquirido no será obligatorio en la red pública de hospitales porque “no puede obligar” a los profesionales sanitarios a participar de una interrupción voluntaria. En este punto, entonces puso el ejemplo de cuando él fue líder de la comunidad autónoma y existía, recordaba, “un hospital que hacía las interrupciones voluntarias muy complejas”.

Un aspecto importante respecto de la actual ley que, dice, modificará si alcanza la Moncloa, es el que tiene que ver con el permiso paterno a la hora de abortar. En ese apartado, el candidato a la presidenta del Ejecutivo que disputará las urnas dentro de un par de semanas subrayó que “una chica de 16 años debería de tener el conocimiento de sus padres” para llevar a cabo el procedimiento.

Se trata de una posición que él ya hizo pública en 2025, cuando el Tribunal Constitucional validó de manera definitiva la actual ley de plazos, y matizó que no se trata de que los padres tengan que dar el visto bueno en esa franja de edad (16 o 17 años), pero sí saberlo. “¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo y, sin embargo, puede abortar?”, preguntaba. “Yo creo, honradamente, que una niña de 16 años que comparta con sus padres una decisión vital, trascendente e irreversible como hacer un aborto es lo correcto”, argumentó en la emisora.

Con todo, entonces no dio nada por sentado en caso de que él como presidente del Gobierno tuviera potestad para asumir esta decisión. Por el contrario, habló solamente de “debate” y, siempre asegurando que respetaría la sentencia del Constitucional, señaló que perseguiría que “ninguna mujer aborte por un problema económico”: “Si quiere tener un hijo y tiene un problema económico, yo me comprometo a buscar una solución para el problema económico”.

Al respecto se pronunciaba hace justo una semana en una conversación con El País. “Creo que ese debate existe. ¿Por qué una menor de 16 años no tiene que dar ninguna información a sus padres?”, respondía a la pregunta de que pasaría en los casos en los que una menor quiera interrumpir su embarazo, pero sus padres se muestren en contra.

“Hablé con asociaciones feministas que han estudiado este asunto y me decían que, en los supuestos de incesto o de abusos familiares, en ningún caso se puede comunicar a los padres. Pero en el resto es un debate que se puede dar”, acentuaba, subrayando que él “habla de conocimiento, no de consentimiento”.

Ministerio de Igualdad

Otra de las polémicas en un hipotético gobierno PP-Vox y que atañe a las mujeres tiene que ver con el Ministerio de Igualdad. De capitanear la Moncloa, emitió, lo “meterá dentro de otros ministerios”, un movimiento que, como Vox, justifica por el tamaño del Ejecutivo actual que, también desde la ultraderecha, consideran desmedido.

Por lo tanto, de las afirmaciones de Feijóo se desprende que no habrá ministerio de Igualdad o que, de haberlo, no se centrará exclusivamente en esta materia, sino que la persona que lidere el departamento, tenga la forma que tenga, se ocupará “de otras cosas”.

El programa del PP afianzaba que "habrá menos ministerios, altos cargos y asesores". "Fusionaremos organismos con funciones duplicadas, eliminando estructuras y gastos administrativos innecesarios. Cerraremos los  organismos  que  hayan  perdido  su  finalidad,  incluidos los creados para proyectos temporales ya concluidos", dicen las líneas de su hoja de ruta”, puede leerse.

Concebido no nacido o que “se deje de gobernar enfrentando a hombres y mujeres”

Con todo, Feijóo ha tratado de distanciarse de Vox en su discurso respecto de la violencia de género, que niega la ultraderecha, quien habla de violencia intrafamiliar. De nuevo, viene bien recuperar su entrevista en El País como ejemplo. “Prefiero hablar de violencia machista. Hay mucha gente en los cementerios asesinada a manos de sus maridos, de sus parejas, de sus exparejas. Hay miles de huérfanos”, pronunció a la vez que, entre otras cosas, tachaba de “disparate” la ley del solo sí es sí.

Habría que esperar a un gobierno PP-Vox en caso de que éste se produzca para comprobar qué líneas de las que para la derecha tradicional son rojas siguen siéndolo. Por lo pronto, entre los compromisos que aparecen en su programa se encuentran la aprobación de una ley de trata y la proposición de que las pulseras antimaltratadores pasen a estar en Interior “con supervisión continua de las fuerzas de seguridad”, una decisión que ha estado sobre la mesa, pero para la que falta efectivos, un problema que Feijóo promete abordar.

El debate sobre la decisión de las menores de 16 y 17 años a la hora de abortar ha desaparecido del documento, y en su lugar se introduce la política del concebido no nacido, un poco en la línea en la que actúa la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, en lo que muchos consideran una suerte de cruzada contra la interrupción voluntaria del embarazo.

En el escenario nacional, el PP pretende que el feto compute “para determinar las ayudas y beneficios que corresponden a la familia” y el compromiso de que “cualquier mujer que quiera ser madre será ayudada”. Y añade, aunque no se nombra de forma explícita, que el feminismo enfrenta a hombres y mujeres al mostrar su deseo de “reunir a la nación” y que “se deje de gobernar enfrentando a hombres y mujeres”.

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