La organización juvenil de ultraderecha vinculada a Vox, Revuelta, vive una crisis interna a causa de una denuncia presentada ante la Fiscalía por el ya expresidente de la asociación, Arturo Villarroya, junto a otro miembro de la junta directiva, Javier Esteban, alegando “presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados”, tal y como Villarroya expresó en un comunicado el pasado 5 de diciembre a través de su perfil en redes sociales.

La organización que promovió protestas ante la sede del PSOE y que reivindicó los altercados en Paiporta tras la DANA, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue agredido, se encuentra en un momento delicado. La dimisión Villarroya como vicepresidente, quien también ostenta el cargo de asesor del eurodiputado ultra Jorge Buxadé en Bruselas, denuncia la falta de transparencia en las cuentas de la entidad y ha lanzado acusaciones sobre un supuesto desvío de fondos recaudados para las víctimas de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 en Valencia.  

En su comunicado, Villarroya señala una serie de presuntas “malas prácticas” llevadas a cabo por la cúpula de la organización que encabeza Jaime Hernández, a quien acusa de "arrastrar a Revuelta de manera progresiva y deliberada hacia un distanciamiento político y personal contra Vox por intereses personales”, afirmando así desconocer “para quién trabajan y a que intereses sirven”.

Además, el asesor del eurodiputado ultra recalca que su compañero y él solicitaron el acceso a “movimientos de cuentas” en relación a los fondos recaudados para fines solidarios para las víctimas de la DANA, así como conocer los pagos de impuestos, posibles retiradas de dinero en efectivo, los pagos destinados a la empresa Picaporte – propiedad de Jaime Hernández – o cualquier contratación realizada en nombre de la organización, tal y como se expone en el comunicado. Una solicitud que les fue denegada.

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En contestación, los dirigentes de Revuelta publicaron un comunicado el 6 de diciembre donde defienden que los fondos recaudados se destinaron a “ayudar a los afectados por catástrofes naturales y a la movilización social por causas patrióticas”, a la vez que desmienten las acusaciones.

Desde la organización, afirman que “han sido objeto de intentos de injerencia por parte de personas vinculadas profesionalmente a Vox”, denunciando que el objetivo de la formación liderada por Santiago Abascal ha sido “apropiarse de la organización, influir en nuestras decisiones internas y condicionar la independencia de esta asociación”.

Además, estos afirman que no han entregado la documentación para que la organización sea utilizada en causas partidistas, y que “se intentaron apropiar políticamente de la ayuda ciudadana apartidista cuando sucedió la catástrofe” y afirman que al no “controlar la estructura”, todo lo denunciado por Villarroya y Esteban son “mentiras”.

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