La residencia de mayores Arganda del Rey, ubicada en este mismo municipio, fue testigo en diciembre de 2022 de una agresión a una anciana de 93 años por parte de una empleada. Dos años después, la Audiencia Nacional ha ratificado la sentencia que impuso en ese momento un juzgado de instrucción: indemnización de 210 euros y multa de 540 euros.

María Honorato, en cama y con movilidad reducida, recibió dos bofetadas en la cara por parte de la cuidadora al pedirle que le pusiera una crema para las rozaduras del pañal. La familia, que no se enteró hasta tres días después al verle las marcas en la cara, denunció inmediatamente lo acontecido ante el juzgado de primera instancia y de instrucción número 1 de Arganda del Rey, que le impuso la indemnización de 210 euros a la anciana y la multa de 15 euros al día durante tres meses, 1.350 euros en total, al considerarlo como un delito leve de lesiones. Ahora, el magistrado de la Audiencia Provincial ha rebajado la condena, al considerar que no se tuvieron en cuenta los ingresos de la trabajadora, con lo que la indemnización se mantiene, pero la multa se reduce a 6 euros al día durante tres meses, 540 euros en total. 

La familia no solo denuncio el hecho en sí, sino también que la residencia no informara al momento de lo que había acontecido. Aunque la anciana recibió la atención médica requerida, sus allegados no fueron conocedores de la situación hasta que una de las hijas fue tres días después a visitarla. Tras poner la denuncia, Sara Moreno, la hija de la anciana agredida, señaló: “Mi madre se acuesta bien el jueves y se levanta el viernes con unas lesiones en la cara, con toda la cara manchada. ¿Qué ha pasado ahí?, ¿por qué no nos avisan inmediatamente el viernes? Porque si encima mi madre dice que le han pegado, ¿cómo no nos avisan? No me entra en la cabeza. No pudimos acompañarla en esos momentos. Se me ha caído el alma a los pies”.

La sentencia ahora ratificada por la Audiencia Provincial ha sido duramente criticada por la familia y, en concreto, por la hija, que ha denunciado que salga “tan gratis maltratar”. “Me da muchísima rabia, mucha. Es una indignación. Esto no es una compensación, de ninguna manera, encima no le obligan ni a pedirle perdón a mi madre por lo que ha hecho”, ha añadido. Además, ha señalado que desde que se produjo la agresión, su madre ha tenido que recibir atención psicológica. “Los primeros meses lo pasó mal, con miedo. De hecho, una de las noches se cayó de la cama porque tuvo una pesadilla pensando en que alguien entraba en la habitación. Ahora se preocupa más por mí y porque me quite yo de la cabeza lo que pasó”.

Según han informado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, “han mantenido apartada a la empleada objeto de esta sentencia de la prestación de cualquier servicio público desde que se produjo el incidente” y “la Agencia Madrileña de Atención Social reactivará el expediente laboral interno que se abrió en su momento y en su tramitación se decidirá la sanción que proceda, siempre siguiendo la normativa laboral vigente".

Asimismo, desde la Consejería de Política Social de Madrid han informado que cuando se denunció a la trabajadora se le abrió un expediente disciplinario con el que se le suspendió de empleo. Tal y como apuntan, desde ese momento la trabajadora no ha vuelto a ejercer su actividad en dicha residencia. Algo que precisamente fue solicitado por la familia de la anciana. Así, la hija señalaba: “tú tienes a tu madre en un sitio y estás tranquila porque está atendida, mi madre estaba agusto, son cariñosas, pero, de repente, pasa una cosa de estas”.