Todos los ojos se posan sobre el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Un organismo compuesto por siete juristas; cuatro de ellos designados directamente por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y los otros tres restantes, son elegidos por las federaciones de todos los ámbitos. Sobre ellos recae ahora la responsabilidad de decidir sobre el futuro del presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Su razón de ser no es sino la de órgano garantista, para velar por la salubridad de los procesos electorales, pero también sancionador y disciplinario, especialmente en materia de dopaje.
Su razón de ser es el resultado de la integración en 2013 de los ya extintos Comité Español de Disciplina Deportiva y la Junta de Garantías Electorales. El primero de ellos, se orientaba a la resolución de sanciones, mientras que el segundo, como su propio nombre indica, velaba por la salubridad de los procesos electorales. En ese año, se aúnan ambos órganos en uno, con competencias revisoras de la actividad federativa en cuestiones de dopaje, disciplina deportiva y garantía de la legalidad de los procesos electorales de las diversas entidades deportivas. El resultado, este Tribunal Administrativo del Deporte que ahora tiene en sus manos la cabeza del máximo responsable de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales; suspendido por la FIFA tras los comportamientos abusivos y sexistas sobre Jenni Hermoso tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, amén de la huida hacia adelante escenificada el viernes en la Asamblea General Extraordinaria.
Según los estatutos de este organismo, tres de sus miembros son propuestos y escogidos entre las diferentes federaciones deportivas de todo el país. Los cuatro restantes, hasta completar el tribunal, son designados por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) de turno, honor que recae ahora sobre Víctor Francos. No obstante, fue su antecesor, José Manuel Franco, ahora senador del PSOE, el que encabezaba el organismo desde su última renovación hasta su salida a la Cámara Alta.
El TAD siempre ha sido foco de tiranteces entre el CSD (también Secretaría de Estado para el Deporte) y el resto de entes federativos, encabezados por una envalentonada RFEF, consciente del peso e influjo que tiene sobre el resto. Las guerrillas se han producido por motivos de composición del tribunal, dado que las federaciones abogaban por colocar a sus letrados de confianza en la corte deportiva; serían, a la postre, los encargados de revisar asuntos de dopaje, disciplina deportiva o las elecciones internas. El foco recae sobre ellos ahora, con el caso Rubiales en plena efervescencia tras la denuncia del Gobiero. ¿Qué siete hombres y mujeres tienen la inhabilitación del presidente de la RFEF en sus manos?
El presidente del TAD
Francisco de Miguel Pajuelo ni podía imaginar hace tres meses, cuando le designaron como presidente del TAD tras caducar el mandato de su antecesor, Julián Espartero Casado, de la exposición mediática a la que se tendría que enfrentar en su nuevo cargo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (1998) y funcionario del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social desde el año 91. En 2022 se adhirió al tribunal en calidad de vocal, donde antes ejercía como secretario. Una experiencia adicional que necesitará para trabajar en la posible inhabilitación de Rubiales. Pajuelo fue propuesto como cabeza visible de la corte deportiva por el José Manuel Franco, expresidente del CSD.
El secretario
El segundo de abordo es, precisamente, el puesto que en su día ostentó Pajuelo. La secretaría del TAD recae sobre Guillermo de Blas Bados, un abogado del Estado que, a sus 28 años, sustituyó a Jaime Caravaca Fontán el pasado mes de mayo, antiguo titular del cargo y que ahora se desenvuelve como vocal. Actualmente trabaja como Abogado del Estado Adjunto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es decir, tiene fuertes vínculos con el Ejecutivo.
Los cinco vocales
El resto del tribunal está compuesto por Eva Fernández, Pilar Juárez, Alfonso Ramos del Molins, Marina Adela Porta Serrano y Jaime Caravaca. Son los cinco vocales que, junto al secretario y al presidente, tienen en sus manos la vida política de Rubiales.
Fernández, también es abogada del Estado y corresponde a la cuota propuesta por las federaciones en 2020, cuando ingresó en el TAD. Ocupa la vocalía desde aquel fatídico año y es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresa por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE. Actualmente sus labores jurídicas se orientan al campo universitario. Por su parte, la segunda de las mujeres, también ingresó en la renovación del 2020, aunque en esta ocasión, fue el CSD el que la designó, cuando Irene Lozano ostentaba la Secretaría de Estado para el Deporte. Es doctora en Derecho por la UNED y licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga. Actualmente, es profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid.
Alfonso Ramos de Molins desembarcó en el TAD en 2020, tras una fuerte polémica provocada por la dimisión de Beatriz Rodríguez Villar después de ser señalada por Javier Tebas. El presidente de LaLiga denunció que era la mujer de un socio del despacho de Tomás González Cueto, exmiembro del TAD y abogado externo de la RFEF, además de uno de los hombres de máxima confianza de su archienemigo, Luis Rubiales. No se le conoce una vinculación directa con el mundo del deporte, pero pertenece al cuerpo de Abogados del Estado y ha ostentado diversos puestos de esta índole en la Administración Pública.
Marina Adela Porta Serrano y Jaime Caravaca Fontán son los dos miembros restantes. La primera recaló en el TAD el pasado mes de mayo, tras expirar el mandato de Julián Espartero, Cristina Pedrosa y Jesús Avezuela. El segundo, sin embargo, está relacionado directamente con el abogado penalista de la RFEF, Antonio Ramón Caravaca Magariños, según ha señalado Miguel Galán, quien presentó la primera denuncia contra Rubiales en el CSD. Caravaca compagina su vocalía con trabajos como abogado del Estado Adjunto en el Ministerio de la Presidencia, cuyo titular es el socialista Félix Bolaños.
