Comienza el plan del gobierno para abrir en todas las provincias centros de crisis para víctimas de violencia sexual. El Consejo de ministros ha aprobado este proyecto del Ministerio de Igualdad, que derivará 19,8 millones a estos servicios destinados a mujeres agredidas. Estos centros funcionarán las 24 horas durante todos los días del año y darán atención psicológica, jurídica y social para víctimas de violencia sexual y también para sus familias.
Irene Montero ha señalado que de esta forma, todas las víctimas podrán disponer una atención más especializada: “El objetivo es que ninguna mujer se sienta sola y que las puertas institucionales sean más grandes y más seguras”.
Los primeros fondos se destinarán a habilitar las oficinas de atención, que estarán en marcha, como tarde, en 2023. A cada autonomía le llegará una primera cantidad de 300.000 euros por provincias y el resto de fondos se repartirán en función de la cantidad de mujeres mayores de 16 años, la dispersión de la población o la insularidad. Se aclara que en ningún caso será necesaria la interposición de una denuncia para facilitar la atención e intervención.
Bárbara Tardón, asesora y experta en violencias sexuales: “en primer lugar y centrada a los centros de crisis están las líneas de atención, de información y de derivación telefónica, disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana. Disponen también, de otra serie de servicios para las víctimas supervivientes; como pueden ser un equipo de psicólogas, de trabajadores sociales, de juristas, de educadoras sociales; que deberán acompañar a esas víctimas supervivientes, a lo largo de todo su proceso de reparación”. Tal y como señala Bárbara Tardón, lo que se hace es prestar, en función de las necesidades de esas víctimas, una intervención del tipo correspondiente.
La creación de estos centros de atención a las víctimas de violencia sexual está recogida en el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como convenio de Estambul, aprobado en 2011 y ratificado por España en 2014.
