El presunto delito fiscal que afronta el rey Juan Carlos I por el cobro de 65 millones de euros que recibió de Arabia Saudí ha prescrito el 30 de junio, lo que dificulta, junto al estado de inviolabilidad que le ampara durante los años que cobró posibles comisiones, que se pueda sostener una acusación penal contra él.

El delito fiscal prescribe a los cinco años

El blanqueo es prácticamente imposible de acreditar, porque para que haya blanqueo el dinero tiene que tener origen ilícito y cuando lo recibió el Rey era inviolable. En cuanto al presunto delito fiscal, si lo hubo, se cometió el 30 de junio de 2015. Los delitos fiscales prescriben a los cinco años, así que ese delito dejó de ser perseguible el 30 de junio de 2020, un día antes de que la Fiscalía suiza enviara a España la documentación sobre el cobro de los 65 millones de euros (100 millones de dólares" del rey de Arabia Saudí, según adelanta El Confidencial.

Según la investigación del fiscal suizo Yves Bertossa, Juan Carlos I eludió en sus declaraciones de la renta declarar cantidades superiores a 120.000 euros en un año. El dinero que tenía en Suiza y las propiedades en el extranjero y sus rendimientos estaba obligado a declararlos, pero no lo hizo.

Tras abdicar, el rey mantenía contacto con Corinna, al menos hasta 2015, y la Fiscalía podía intentar demostrar que seguía disfrutando del dinero o de las propiedades, como los apartamentos en Suiza, que ella adquirió con los 65 millones que le transfirió Juan Carlos I.

En 2012, antes de abdicar, el Rey transfirió el dinero a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas. Ésta ha declarado que fue una donación, un regalo por amor. El término "donación" tambièn fue usado para explicar el dinero pagado por Arabia Saudí al monarca, así que no habría causa penal sostenible.

Delitos fiscales posteriores a 2015

La Fiscalía puede ahora investigar al Rey por delitos fiscales de años posteriores a 2015, en los que la relación con Corinna estaba rota y en que él llegó en algún momento a reclamarle el dinero. Se podría presentar denuncia por esos años, ya que el blanqueo tiene un plazo de prescripción de 10 años.