La Policía Nacional ha aprobado un protocolo contra la violencia de género ante casos en los que el posible agresor o la víctima sean funcionarios de este Cuerpo.

El texto ha sido aprobado el 15 de febrero y establece la retirada del arma de forma preventiva hasta que haya resolución judicial y que el agente denunciado no pueda acceder al contenido del atestado de la víctima. 

"Cuando se tenga conocimiento de que un miembro de la Policía Nacional se encuentra inmerso en una causa de violencia de género como presunto autor y que por el nivel de riesgo detectado procede la retirada de armas como medida de protección, se ordenará la retiradas de armas reglamentarias que tuviera asignadas, informado al jefe de la plantilla quien dispondrá la adaptación de su puesto de trabajo", dice el documento.

No podrán ver el historial de su víctima

Los agentes implicados no tendrán acceso al historial de su víctima y serán vigilados con un sistema de alerta: "Se restringirá el acceso a las consultas de bases de datos policiales y cualquier otro sistema público de información que pueda facilitar la localización de la afectada o cualquier otra información que pueda resultar perjudicial".

Según precisa el protocolo, "si el atestado se confecciona mediante la aplicación SIDENPOL será bloqueado con el fin de que el denunciado no pueda acceder a su contenido, a instancia del instructor o del responsable de la UFAM territorial correspondiente a través del procedimiento establecido al efecto".

"Si el presunto autor tiene asignado o desempeña un puesto de trabajo correspondiente a las Unidades de Atención a la Familia y Mujer o relacionado con víctimas de Trata de Seres Humanos, como medida cautelar será asignado a otra unidad o servicio en el que no tenga relación con víctimas de violencia de género ni trato de seres humanos".

El protocolo se aplicará en "los supuestos en los que el presento autor o la víctima, o ambos, tengan la condición de personal funcionario en situación de servicio activo de la Policía Nacional, así como el alumnado de los centros docentes dependientes de la Dirección General de la Policía con carácter supletorio en lo no previsto en su normativa específica", según el texto, que adelanta la SER.

Según marca el documento "a nivel central se establecerá una Comisión Central de Seguimiento que tendrá carácter permanente y a nivel territorial se establecerá una Comisión Territorial de Seguimiento en cada una de las Jefaturas Superiores de Policía".

Protección para mujeres policías

Si la presunta víctima es funcionaria de la Policía Nacional se dará "asistencia y protección especializada a la víctima debiendo ser informada por personal de la unidad especializada del procedimiento, de los derechos que le corresponden y de las medidas laborales a las que pueda acogerse". 

La víctima tampoco podrá acceder al atestado sobre su caso. "Se restringirá el acceso de la víctima al atestado confeccionado en SIDENPOL, del mismo modo indicado para el presunto agresor". Además, "si la víctima estuviese destinada en alguna de las Unidades de Atención a la de la Familia y Mujer se restringirá el acceso a su propio expediente en VioGen".

El protocolo fija que "las policías víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia de la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban y si las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar el periodo de seis meses por tres hasta un máximo de dieciocho, siendo computable dicho periodo a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación"