El 17 de julio de 2023, 18 familias fueron desahuciadas de un edificio de Móstoles, propiedad del fondo buitre Midtown Capital SL. Sin alternativa habitacional y con la presencia de múltiples niños y enfermos, los vecinos decidieron acampar en un parque de la localidad madrileña de Móstoles, donde sufrieron, en forma de multa y amenazas, el hostigamiento y la persecución del Ayuntamiento y las fuerzas del orden. Aún así resistieron. Nueve meses después, tras vivir en a calle, sin luz ni agua, una de las 48 personas que fueron desalojadas del bloque de La Dignidad ha muerto.

Su nombre era Patxi y tenía 59 años. Sufría una discapacidad del 65% y tan solo contaba con 480 euros de ingresos mensuales, motivo por el que contaba con un informe de Servicios Sociales que acreditaba su vulnerabilidad. Sin embargo, nada de esto frenó su desahucio ni motivó al Ayuntamiento de Móstoles ni a la Comunidad de Madrid, ambas administraciones bajo dominio del Partido Popular (PP), a interceder por él o por las otras familias. Patxi aguantó en el parque hasta que su cuerpo cedió en la noche del 12 de abril, mientras esperaba una vivienda pública.

Las múltiples dolencias que sufría se agravaron y una complicación obligó a realizarle una intervención que no pudo superar. “En Madrid no existe alternativa cuando te desahucian, te quedas en la calle sin que la administración ofrezca ninguna solución”, denuncian desde la plataforma de Stop Desahucios Móstoles. El movimiento por la vivienda lo tiene claro: este y otros casos “no son muertes, son asesinatos”. El juez que autorizó el desalojo de Patxi pese a la acreditada vulnerabilidad, ignorando a la vez la resolución de las Naciones Unidas (ONU) que pedía esperar a la existencia de una alternativa.

La Comunidad de Madrid negó una vivienda al hombre “en repetidas ocasiones”, trasladan desde la asamblea de Móstoles, y el Ayuntamiento de Móstoles, “pese a conocer su situación de primera mano”, decidió no adjudicarle uno de los inmuebles vacíos de los que dispone “porque odia a los pobres y prefiere sortear las casas para quien las puede pagar, no para quien las necesita”. Tres son los culpables claros señalados por los compañeros de Patxi, que lloran la pérdida de un vecino abandonado por las administraciones, pero que no dejó de luchar.

Protestas contra el abandono

Este miércoles, después del entierro celebrado el sábado, el movimiento de la vivienda de la Comunidad de Madrid se ha concentrado frente al Ayuntamiento de Móstoles para denunciar el abandono sufrido. “A Patxi lo mató el abandono institucional” y los responsables son “el sistema judicial, inmobiliario, político y social”. Después se han dirigido hasta el parque Cuartel Huertas, donde malvivía Patxi junto a otros vecinos desahuciados, el lugar donde sus dolencias se agravaron y terminaron finalmente con su vida.

Anteriormente, Patxi vivía en un bloque de Móstoles que, en 2022, pasó a manos de un fondo buitre estadounidense. Midtown Capital se hizo con el edificio por solo dos millones de euros después de que la SAREB, el banco malo propiedad mayoritariamente del Estado, lo compara años atrás por cinco millones. Tras la adquisición, el fondo inició el procedimiento de desahucio de las familias y, pese a el posicionamiento contrario del jefe de la subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Sociales de la ONU, el juez lo autorizó y las fuerzas del orden lo ejecutaron.

La Dignidad era el nombre que bautizaba al bloque del que fueron expulsadas medio centenar de personas. La dignidad ha perdido a uno de sus principales defensores. Un bloque de hormigón descansa ahora en calle Carcavilla, en manos de un fondo buitre que se ha beneficiado de la connivencia de la judicatura y las administraciones. El capital se ha cobrado una víctima más y la rabia avanza entre los vulnerables, mientras el poder político se mantiene del lado de los poderosos. 48 personas durmieron noche tras noche en la calle sin que a nadie le importase y la muerte de una de ellas es la peor de las consecuencias de la barbarie diaria.