Este lunes, sin esperar a la comisión judicial, un fuerte dispositivo policial ha desalojado a 18 familias en Móstoles. El bloque conocido como La Dignidad servía de hogar para múltiples personas mayores y para 18 niños, entre otros, pero ni esta situación ni las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de paralizar el desalojo ha frenado a las decenas de antidisturbios. Desde las instituciones implicadas, el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid, a las que los afectados han pedido una solución, no se ha desarrollado ninguna actuación.
Desde la asociación de Stop Desahucios Móstoles denuncian la inacción de las instituciones y critican que, pese a la aprobación de la nueva ley de Vivienda, la situación de desprotección de familias que no pueden asumir el pago de sus viviendas “no está variando para nada”. Eran las 5:30 de la madrugada cuando decenas de furgones policiales se ubicaban en la calle mostoleña de Carcavilla. A las 8:00 de la mañana, más de veinte antidisturbios ya habían accedido al bloque sin esperar a la comitiva judicial. En torno a las 10:00 de la mañana la primera puerta ya había caído y a las 11:00 horas más de 40 personas ya no tenían casa.
El bloque fue vendido el pasado año por la Sareb a un fondo buitre de Miami, Midtown Capital SL, que no ha tardado en expulsar a las familias. Desde el movimiento por la vivienda de la ciudad del sur de Madrid plantearon al Ayuntamiento y la Comunidad la definición de alternativas temporales que no señalen a estas personas como okupas, con la intención de que así pudiesen acceder a una vivienda pública. Sin embargo, más de allá de ofrecer unas pocas noches de hotel, la Administración no ha dado más solución a las familias. La ley de Vivienda tampoco les ha protegido.
“La solución es ninguna. La última noticia de los Servicios Sociales son dos días de hotel fuera del municipio de Móstoles, por lo tanto están en situación de calle”, explica José Marí Torralvo, portavoz de la plataforma de Móstoles. “La Administración está incumpliendo su función de dotar de una alternativa habitacional a las familias, no solo porque existe un Real Decreto-Ley hasta el 31 de diciembre que dice que no se puede desahuciar a las familias sin alternativa, sino porque se está incumpliendo el artículo 47 de la Constitución. Además se están incumpliendo las resoluciones de la ONU”, ha acusado.
A pesar de que la situación era poco halagüeña, los movimientos por la vivienda, acompañados por decenas de vecinos, han intentado resistir en el exterior y el interior del bloque. Muebles y cuerpos no ha podido contener a los antidisturbios que ayudados de herramientas han derribado cada una de las puertas. Sin alternativa habitacional, más de 40 personas se han quedado en la calle en plena ola de calor. Ni por esas se han rendido los desalojados, que se han manifestado frente a la policía, garantizando que seguirán luchando contra la expulsión de familias de sus casas.
“No tengo manera de alquilar algo por mi contrato y por mi economía. Estoy a cargo de mi madre porque no la conceden ninguna ayuda. Ella no tiene familia que la ayude, yo tampoco y aunque tenga trabajo no puedo alquilar nada”. El desgarrador testimonio de uno de los vecinos desahuciados, que entre lágrimas ha lamentado su situación. “Lo único que nos han ofrecido han sido dos días de hotel”, revela otro de los inquilinos.
Desde los partidos políticos, el único pronunciamiento ha llegado por parte de Alejandra Jacinto, portavoz de Vivienda de Sumar y antigua abogada de la PAH. “Hoy un fondo buitre radicado en Miami está ejecutando el desahucio de varias personas en Móstoles, entre ellas de niños, niñas y adolescentes. A pesar de las resoluciones de Naciones Unidas y de no contar con alternativa habitacional”, ha criticado.
Desde los movimientos sociales, no obstante, exigen a las fuerzas progresistas desarrollar una legislación que de verdad garantice el derecho a la vivienda y evite la especulación que los fondos buitre desarrollan con un bien de primera necesidad como la vivienda. “Es papel mojado”, lamenta con respecto a la ley de vivienda. La norma no ha conseguido frenar situaciones como esta, que suman otras 40 personas a las estadísticas que evidencian el verdadero problema de la vivienda que, lejos de tener nada que ver con la okupación, son los desahucios y la inaccesibilidad. Más de 40.000 desahucios anuales, 109 diarios, son las cifras de la precariedad.
