A las 5:30 de la madrugada y sin esperar a la comisión judicial, hace poco más de un mes 18 familias fueron desahuciadas por un fuerte dispositivo policial. La presencia de personas mayores y de 18 niños no impidió que decenas de antidisturbios dejasen sin hogar a 48 personas en Móstoles (Madrid), sin alternativa habitacional y obligadas a vivir en la calle. Poco importaron al Ayuntamiento, gobernado en coalición por el Partido Popular (PP) y Vox, las resoluciones contrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni la solidaridad vecinal.

La persecución realizada a estas familias ha parecido poco al Ayuntamiento azulverdoso, que ha decidido mandar a su policía local a multar a las familias por vivir en la calle. Ni la administración municipal ni la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso han dado alternativa a las familias que, abandonadas por las instituciones, han decidido montar un campamento. Sin luz, agua y apenas comida, personas enfermas, víctimas de violencia de género y niños viven soportando las inclemencias climáticas en un parque de Móstoles, donde las fuerzas del orden tan solo han acudido para imponer una sanción económica.  

“Yo soy fuerte para luchar por mi hijo, que se hizo un trasplante de médula en 2017 y está en tratamiento”, relata una madre, abocada a vivir en la calle con su hijo enfermo. La policía les obligaba el sábado a levantar el campamento, como si su establecimiento allí fuese una elección vacacional. Sin embargo, esa misma tarde, los vecinos mostraban su fuerza y su intención de seguir luchando al montar de nuevo sus tiendas de campaña. Varios de ellos con una multa, pero con mucha más dignidad que los que redactaban la receta. Este lunes la situación se repitió y todos los días una patrulla se acerca.

Nos han dicho que si queremos un albergue temporalmente, tenemos que entregar a nuestros hijos a la Comunidad de Madrid

La extrema derecha, indistinguible a nivel partidista en Móstoles, ha llegado a la ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, tan solo por detrás de la capital, tras las anteriores elecciones municipales y los poderes económicos ya lo disfrutan. El inmueble es propiedad de un fondo buitre de Miami, Midtown Capital SL, desde que la Sareb se lo vendiese el pasado año, y ahora ya puede disponer de él a gusto de especulación y con la connivencia de PP y Vox. Las familias quisieron negociar con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, pero no fueron atendidas.

Rápidamente se activaron los mecanismos para intentar denigrar y destruir a los afectados, que quieren pagar un alquiler. “No queremos que nos regalen una vivienda, solo queremos llegar a un acuerdo para poder acceder un alquiler social que podamos pagar”, lamenta entre lágrimas una de las vecinas desahuciadas. El tiempo pasa, se acumulan más de 30 días, pero la exposición a las altas temperaturas y el hostigamiento de la policía no apaga la resistencia de las familias.

“Esta mañana han vuelto las amenazas y en el intento de que desistamos de esta protesta y recojamos las tiendas y nos marchemos, han denunciado a tres de las personas que estamos aquí, pero eso no va a frenarnos. Continuaremos aquí hasta que se nos ofrezcan las soluciones que necesitamos”, aseguraban a través de sus redes sociales. Mientras, la única oferta actualmente en pie que han recibido las familias es la entrega de los menores a la Comunidad de Madrid. “Nos han dicho que si queremos coger un albergue de forma temporal, directamente tendríamos que entregar la custodia de los niños a la Comunidad de Madrid”, denuncia una vecina.

Las ofertas del nuevo Gobierno constituido por PP y Vox tras las elecciones municipales del 28 de mayo no desaniman a los vecinos de la Dignidad. Móstoles es una de las ciudades que ya está sufriendo las consecuencias de un Ejecutivo de coalición entre la derecha extrema y la extrema derecha y los vecinos más vulnerables los primeros sacrificados de un consistorio poco preocupado por el bienestar de sus conciudadanos.

La Dignidad era el nombre que bautizaba al bloque donde medio centenar de personas descansaban de la lucha diaria. La dignidad la siguen portando sus anteriores inquilinos. Un bloque de hormigón queda ahora en calle Carcavilla, a merced del ansia de un fondo buitre que hará de él lo que guste, incluso dejarlo consumirse por el tiempo. El capital vuelve a ganar. Las administraciones se mantienen del lado de los poderosos. 40 familias, con 18 niños, dormirán esta noche de nuevo en la calle, donde se despertarán para seguir luchando.