La mesa de contratación del proyecto de licitación del contrato para la gestión del agua y alcantarillado de San Javier (Murcia) ha aprobado el informe de validación de la propuesta de Aqualia. Este es un paso más en el procedimiento del concurso público, que ha estado plagado de ilegalidades en relación con el posible conflicto de intereses de la consultora externa Ingeagua con Aqualia. Esta situación ha sido denunciada en varias ocasiones por el grupo municipal Pleamar y ha llevado a la fiscalía a iniciar una investigación para confirmar la validez de todo el procedimiento, hecho que no ha impedido que el Ayuntamiento de San Javier haya seguido con los procedimientos del concurso público. El siguiente paso será llevarlo al pleno municipal para su aprobación final, que podría ser hoy mismo en la sesión del mes de septiembre.

La mesa de contratación ha emitido su informe favorable a la propuesta de FCC Aqualia “por unanimidad” y ha acordado “proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato de concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado”.  También aseguran que el licitador ha acreditado el cumplimiento en materia social, laboral y medioambiental y apuntan que ha quedado “acreditado que no establecen precios por debajo del mercado”. Destaca en el acta que “las anormalidades” en el proyecto presentado por las tres opciones presentadas al concurso a nivel de oferta técnica y económica han sido resueltas y asegura que han presentado “argumentos suficientes para llegar a la convicción de la viabilidad de las ofertas y que pueden ser llevadas a cabo”. Esto se determina en base al informe presentado por el técnico de administración general, sobre el que planean también acusaciones de irregularidades.

El proceso de licitación, así, sigue su curso haciendo caso omiso a la polémica e ilegalidades que ha envuelto a este concurso desde su redacción. Se ha apuntado el posible conflicto de intereses entre la consultora encargada de la redacción y valoración de ofertas del concurso de gestión del agua y el propio concurso público. Y es que, Ingeagua invitó a FCC Aqualia a la adjudicación al ser uno de sus clientes. El 3 de mayo se comunicaron las valoraciones, con Aqualia con la máxima puntuación posible. Con la apertura de los sobres de la oferta económica se pudo comprobar que la oferta de Aqualia era temeraria, superando en más de 16 millones el límite permitido y situándose un 56% encima de las ofertas del resto de concurrentes. Según publicaron algunos medios, destaca la coincidencia frecuente entre Ingeagua y Aqualia en otros concursos en los que la empresa de FCC ya es la operadora. De hecho, Diario16 descubrió que Ingeagua ha sido contratada en los últimos meses por al menos 15 ayuntamientos donde Aqualia presta sus servicios, con la finalidad de elaborar pliegos y valorar las ofertas del concurso. En la mayoría de estos casos, Aqualia resultó ganadora o fue propuesta como tal por Ingeagua. La decisión sobre si excluir a Aqualia de esta licitación recayó en el servicio técnico del Ayuntamiento de San Javier, liderado por el ingeniero municipal Juan Gabriel Lizán, una figura nombrada por el alcalde Luengo Gallego (PP), sobre la que también planea una sombra de duda por sus relaciones previas con Aqualia y por tener antecedentes como imputado por prevaricación.

Esta situación ha llevado a la acción a la fiscalía, que ha iniciado una investigación en respuesta a la petición del grupo municipal Pleamar para aclarar si se han dado estas ilegalidades en todo el proceso. La formación política ha denunciado en varias ocasiones las irregularidades en el concurso y, después de haber solicitado información al ayuntamiento sin obtener respuesta, les ha forzado a solicitar esta investigación por parte de la fiscalía, que la ha aceptado a trámite iniciando la indagación y comprobación de las posibles ilegalidades detectadas en el proceso de licitación y en relación con el posible conflicto de intereses de la consultora externa Ingeagua con Aqualia para la gestión del agua y alcantarillado del municipio murciano de San Javier. Pleamar podría solicitar la paralización de la contratación hasta que la fiscalía no finalice y emita una sentencia clara sobre este proceso.