Hay asuntos que pasan más desapercibidos en el escenario político español, la educación, no es precisamente uno de ellos. Con la aprobación (a falta del trámite del Senado) de la nueva ley educativa Lomloe, más conocida como Ley Celaá (en referencia al apellido de la ministra de Educación) las confrontaciones entre la oposición y el Gobierno no se han hecho esperar. Esta será la octava ley educativa y para hablar sobre ella entrevistamos a la diputada María Luz Martínez Seijo.

Ella, junto a la ministra, está siendo la cara de esta nueva ley. Fue la encargada de defender la nueva norma en el parlamento el día de la votación. Ha estado trabajando en la elaboración del texto así como en el diálogo que han mantenido con la comunidad educativa. Es secretaria de Política Social, de Educación y Universidades del PSOE. Sabe lo que es hablar de Educación no solo por sus cargos políticos, sino porque también es profesora de inglés y doctora en Educación.

 

Pregunta: La aprobación de la nueva ley educativa más conocida como Ley Celaá está siendo la protagonista en los últimos días en la agenda mediática, ¿a ustedes qué feedback les está llegando? ¿cuáles son las sensaciones que os están haciendo llegar la comunidad educativa?

Respuesta: Pese a los titulares mal intencionados y distorsionados, el feedback es positivo. La elaboración de la ley ha sido muy participativa puesto que hemos trabajado con muchas organizaciones. Y no solo eso, sino que hemos recibido muchas aportaciones ciudadanas en las distintas fases de la ley. Esto es muy positivo. Nosotros siempre hemos tenido la voluntad de mejorar el texto, de hecho hemos introducido un total de 252 aportaciones a la ley. Hemos hecho un gran esfuerzo para escuchar a todos.

Su modelo educativo favorece el fin lucrativo más que el fin social. Deberían explicar ese concepto de demanda social

P.: Sin embargo, la concertada ya ha mostrado su malestar con la nueva ley. El fin de semana pasado, de hecho, convocaron manifestaciones en la calle. ¿Qué cree que les molesta exactamente de la nueva ley?

R.: De entrada hay que diferenciar a la concertada. Es decir, no toda la concertada está en contra de esta nueva ley. Las cooperativas de la enseñanza concertada no forman parte de estas reivindicaciones.  Así que, si una parte de la concertada no apoya estas campañas tan agresivas, el tratamiento no será tan malo como la otra parte de la concertada está haciendo ver a la ciudadanía. Todos los argumentos de esta parte de la concertada no obedecen a la realidad de la ley. Para empezar, la libertad de enseñanza es una derecho constitucional. También hablan de la demanda social, un concepto, por cierto, introducido en la Ley Wert y que obedece a unos principios que defiende el PP. Su modelo educativo favorece el fin lucrativo más que el fin social. Deberían explicar ese concepto de demanda social.

Lo único que hace esta ley es limitar ciertos beneficios que introdujo la Lomce a favor de una determinado tipo de concertada que ha salido beneficiada creando nuevos centros. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha llevado al extremo el derecho de que cualquier familia pueda tener una plaza pública. Se tienen que desplazar a una distancia inasumible. Por otra parte, también me gustaría decir que hay que ser corresponsables con la educación pública y este gobierno y el PSOE lo es. Nuestro eje es la educación pública porque garantiza el derecho a la educación. Eso requiere fondos públicos y que se haga una oferta en base a esa demanda. La concertada no tiene ningún motivo para estar en la calle.

Cualquier persona que haya afirmado que el castellano va a desaparecer de las aulas es una persona ignorante

P.: Los datos y las informaciones apuntan a que un 90% de los colegios concertados cobran cuotas irregulares a la familias. Imagino que en la nueva ley se quiere evitar esta situación.

R.: La educación tiene que ser gratuita, si se están exigiendo cuotas la educación deja de ser gratuita. Otra cuestión muy diferentes son los donativos. Esto también ha sucedido en las cuotas por actividades complementarias que se han introducido dentro del horario lectivo en algunos centros concertados. Si obligas a pagar, estás segregando al alumnado. Con esta ley queremos supervisar y en su caso eliminar estas cuotas irregulares. También se tienen que equilibrar los criterios de admisión porque sino, vamos a permitir que los que tengan más recursos estén más beneficiados. En esta ley, lo que hacemos es que ningún criterio de admisión prime más del 30%, excepto el de proximidad al domicilio o centro de trabajo. Se pretende que no haya segregación y que se genere algo común en todos los centros financiados con fondos públicos. En este sentido, queremos también que los centros tengan alumnado heterogéneo. Lo que hemos visto estos años es que el alumnado vulnerable está en la pública. La concertada ha hecho una selección de alumnos. Y este desequilibrio no puede existir. No queremos que haya segregación por motivos socioeconómicos, étnicos...

P.: Esta es la octava ley educativa que se aprueba. Aunque es verdad que este cambio legislativo no significa un cambio sustancial en el currículum escolar, ¿no cree que este caos acaba perjudicando al alumnado y al profesorado?

R.: La Ley Wert hizo un lío tremendo con el cambio de tipologías de asignaturas. Ahora, hemos intentado volver a un esquema más sencillo para evitar esa confusión. Vamos a intentar con esta ley dar un impulso hacia otro concepto de la educación. Es decir, hacia un proceso de educación por ámbitos de trabajo más interdisciplinar. Trabajar más por proyectos que permitan un cambio curricular más conectado con las propias reclamaciones de alumnos y alumnas. La clave de una reforma educativa es que ahora se sumen los que critican la ley. Es un reto para todas las administraciones educativas y para el profesorado. Se tenía que haber trabajado desde hace mucho tiempo. Tenemos que ponernos al día con otros países de nuestro entorno europeo.

P.: Uno de los puntos más polémicos ha sido la desaparición de la expresión “lengua vehicular”. Esto se ha vendido como un ataque al castellano. ¿Qué significa realmente este nuevo cambio?

R.: Cualquier persona que haya afirmado que el castellano va a desaparecer de las aulas es una persona ignorante. Es una ignorancia perversa. Se desconocen muchas cosas y se quiere manipular la opinión pública. El castellano no puede desaparecer porque es un derecho constitucional recogido en el artículo 3. Quien afirme que con esta ley no se garantiza la lengua castellana, tiene un objetivo muy claro: buscar la confrontación entorno a identidades culturales y al enfrentamiento entre distintos territorios.

Nadie del Gobierno ni del PSOE ha mostrado la voluntad de cerrar los centros de educación especial

Hemos eliminado el terminado porque la lengua vehicular no es un término común entre todos los territorios. Es una término ficticio. No es el mismo que se utiliza en Euskadi o Galicia, por ejemplo. Este término al fin y al cabo genera conflictos por su nomenclatura. Lo que hemos hecho es ceñirnos al texto constitucional donde queda claro que el castellano es la lengua oficial y luego también hay otras lenguas cooficiales. Es una barbaridad decir que el castellano vaya a desaparecer, esto implica que no han leído la ley. La obligación del sistema educativo es que el alumnado adquiere la competencia lingüística. Además, a diferencia de la ley Wert, en esta incluimos medidas compensatorias en el caso de que se detecten deficiencias en la adquisición de cualquier de las lenguas.

P.: Vamos con otro punto polémico, la educación especial. Nunca antes se había hablado tanto de este tema. La derecha argumenta que con la nueva ley los centros de educación especial desaparecerán.

R.: La campaña de manipulación entorno al posible cierre de los centros de educación especial es indignante. Me duele personalmente que esté sucediendo. Me he reunido con representantes de las plataformas y lo hemos dicho por activa y por pasiva, el compromiso es avanzar en un derecho de las personas con discapacidad que la propia ONU también incluye. Nuestro objetivo es que las familias que prefieran un régimen ordinario tengan esa opción. Es decir, que las familias tengan la libertad de acudir al régimen más inclusivo posible. Esto no significa que los centros de educación especial no sigan funcionando como hasta ahora. Además, prestan un servicio muy necesario. En ningún momento nadie del gobierno ni del PSOE ha mostrado la voluntad de cerrar estos centros. E insisto: ¿En qué momento a alguien de este gobierno se le ha oído decir que se van a cerrar los centros de educación especial? Ni por escrito, cuando se hacen afirmaciones de este tipo tan graves deberían estar fundadas. Es una absoluta irresponsabilidad.

P.: Esta nueva ley también quiere renovar el modelo de repetición. Dar la posibilidad a que el alumnado pueda pasar de curso pese a que no haya superado algunas asignaturas. Esto también ha abierto otro debate.

R.: Siempre hemos defendido que la educación tienen que ser una ascensor social y una palanca de promoción hacia el futuro. Es decir, que todo el alumnado tenga garantizado una vía educativa y formativa. En España estamos ceñidos a un modelo de evaluación, que implica que si no superas una materia estés estigmatizado. Tenemos la tasa de repetición más alta de la Unión Europea. Por lo tanto, este modelo no logra los efectos que en un principio se pretenden. Los datos, por tanto, constatan que la repetición produce lo contrario entre los alumnos ya que se observa un proceso de mayor desmotivación que producen que muchos abandonen los estudios. Esto es un problema social porque acaban en la exclusión social.

Estas medidas no funcionan, hay que tomar medidas preventivas, de apoyo y de refuerzo. Como ya sucede con la ley Wert, que no es nuevo, en la ESO, se puede pasar de curso con asignaturas suspendidas. Se trata de que en ese modelo, se valore y se evalúe si una alumnado ha adquirido los conocimientos para poder avanzar en el curso siguiente. Debe ser algo consensuado y trabajado por el equipo docente. Seamos rigurosos y hablemos con conocimiento de causa. Pero para nada, significa regalar aprobados.

P.: La educación es una pilar básico para poner fin a la violencia machista, ¿cómo se ha trabajado este aspecto en la nueva ley?

R.: Se introduce transversalmente en todas las etapas en prevención de violencia de género. Tenemos un compromiso muy claro contra la violencia de género. Hay que reforzar tanto para que las niñas  tengan más presencia en titulaciones o estudios donde no están representadas, y al mismo tiempo para los niños donde habitualmente hay más niñas. Queremos introducirlo en todas las etapas para seguir avanzando en una igualdad efectiva. Y trabajarlo adecuadamente en el sistema educativo. En este sentido, también es muy importante la no segregación entre niños y niñas. Es muy determinante que los niños y niñas puedan convivir desde la edad más temprana.

P.: Dejando a un lado la nueva ley educativa. Como profesora de profesión y ahora diputada. ¿Qué opinión le merece las altas tasas de desempleo entre la gente joven con grados universitarios, másters? ¿No se está perdiendo el talento de una generación que en muchos casos se ven obligados a irse de España?    

R.: Es frustrante. Sin duda, la situación de desempleo es preocupante para España. El esfuerzo que hacen económicamente es enorme para poder desarrollar una vida plena y encontrar un puesto de trabajo adaptado a sus calificaciones. Este es un reto muy importante, pero también en el ámbito educativo, hay que adecuar las necesidades a las ofertas formativas. En este sentido, se está haciendo un trabajo en la formación profesional, en la detección de futuros puestos de trabajo. Luego por otra lado, tenemos que ser muy serios en la orientación, puesto que en muchas ocasiones nuestros chicos y chicas tienen una idea de un puesto de trajo de una estudios y luego no se corresponde como lo han pensado y eso les lleva a la frustración.