En lo que va de año, 39 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Si miramos al pasado, encontramos la terrible cifra de 963 víctimas directas de la violencia de género desde el 1 de enero de 2003, fecha en la que se empezaron a contra estos asesinatos.
Que la violencia de género, su prevención y lucha es un tema prioritario en nuestra sociedad no se puede debatir. Se ha convertido en una lacra social que, lamentablemente, en los últimos meses parece vivir un repunte. Pero la pregunta es ¿qué hacen los gobiernos para conseguir erradicarla? Si miramos el legado y la herencia del PP en esta materia, todo parece apuntar a que los recortes y la inacción dejaron el tema olvidado en un cajón.
Según el último informe de la Asociación Estambul Sombra, que engloba medio centenar de asociaciones feministas, de cooperación internacional y de derechos humanos, España está suspensa en prevención y lucha. Concretamente, denuncian que desde 2014 hasta este 2018 (etapa que engloba las dos legislaturas de Mariano Rajoy y el inicio del actual Gobierno de Pedro Sánchez), nuestro país no ha aplicado correctamente el Convenio de Estambul, término con el que se conoce al acuerdo firmado por el Consejo de Europa para implantar medidas que hicieran posible que la violencia contra la mujer dejara de ser una realidad.
Este convenio se firmó en mayo de 2011, pero no entró en vigor en España hasta el 1 de agosto de 2014, con el Gobierno de Mariano Rajoy en el poder.
El legado de dos legislaturas del PP
2014-2018, este es el periodo por el que, según la Plataforma Estambul Sombra, España se ha ganado un suspenso. Consideran que las políticas aplicadas no han no sido suficientes.
Siendo estrictos, la responsabilidad del actual Gobierno en esta nota es mínima. Con algo más de 100 días de legislatura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en agosto un Real Decreto Ley para modificar el Código Civil y combatir la violencia de género. Sin embargo, el PP, lejos de apoyar la causa, apostó por atacar al gobierno olvidándose del fondo.
Según los populares, este decreto era “inconstitucional”. Sólo unos meses antes, en junio, el PP presentaba su propia Ley contra la violencia de género considerando que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 de Zapatero era insuficiente. Para presentarla escogió a Rafel Hernando, uno de sus diputados más señalado por machismo.
Con esta ley, presentada ya desde la oposición, el PP buscaba colgarse la medalla olvidando que habían tenido casi ocho años para trabajar en la protección de las victimas de violencia de género.
Ni Educación ni prevención ni Sanidad
Por todo ello, esta Plataforma denuncia que se podría haber hecho más para evitar la muerte de estas 39 mujeres en lo que va de año. Es más, analizan área por área, las políticas que se deberían haber aplicado según el Convenio europeo, pero se ha mirado para otro lado.
En materia de prevención, destacan la educación en igualdad como la “eterna asignatura pendiente”. Al no haberse introducido en la ley educativa, Estambul en la Sombra considera que se ha incumplido el artículo 14 del Convenio de Estambul.
“Aunque las Comunidades Autónomas tienen transferida la competencia de educación, la ley marco común para todo el Estado, la LOMCE, no obliga a educar para la igualdad y la erradicación de las violencias machistas”, recuerdan.
Denuncian que la LOMCE, también llamada Ley Wert por el entonces ministro de Educación de Rajoy, ha supuesto un retroceso en la educación en igualdad respecto a la LOE de 2006, que establecía la asignatura de Educación para la Ciudadanía en quinto de primaria y en segundo de la ESO.
En Sanidad, a día de hoy, en la formación del personal en materia de prevención y detección precoz de violencia de género "es todavía muy escaso", en gran medida, gracias a los recortes sanitarios impuestos por los gobiernos del PP.
Sin olvidar la protección social, donde esta plataforma destaca que “la primera carencia que se detecta está en relación con el elemento transversal del no tratamiento de las víctimas de violencia sexual como víctimas de violencia de género, dado que esta forma de violencia no tiene un reconocimiento como tal en la legislación española a nivel estatal” aunque sí esta contemplada en las legislaciones de muchas Comunidades Autónomas.
Con ello, se viola una vez más el Convenio de Estambul, que en su artículo 25 recoge la obligación de tomar las medidas necesarias para crear “centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos”.
En resumen, la escasa financiación por los recortes vividos durante años y la falta de políticas le hacen ganar a nuestro país un triste suspenso que deja en un limbo la protección de las mujeres ante la violencia de género.
