El PP considera que el decreto ley aprobado a principios de mes por el Gobierno para aplicar una serie de medidas del pacto contra la violencia machista "adolece de graves defectos jurídicos que son constitutivos de inconstitucionalidad", por lo que ha exigido explicaciones a la vicepresidenta, Carmen Calvo. A través de un comunicado, los 'populares' han denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "rompa el consenso de la democracia y apruebe, por la puerta de atrás en el mes de agosto, el Real Decreto Ley para modificar el Código Civil".
Para el PP, esta reforma es un plagio "descarado" de la proposición de ley orgánica que el Grupo Parlamentario Popular presentó este 29 de junio en el Congreso de los Diputados. "Resulta obvio que se trata de una faena de aliño, de corta y pega, sin rigor", ha afeado la portavoz adjunta del Grupo Popular, María Jesús Bonilla. En este sentido, ha apuntado que la violencia de género es "una materia que hay que abordar con mucho cuidado" y ha advertido al Ejecutivo: "Nos preocuparía que este Gobierno una vez más solo buscara la foto, sin un análisis serio de en qué forma se mejora la legislación vigente y se ayuda a las víctimas".
Por ello, los populares han solicitado la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en sede parlamentaria, "para que explique el porqué del Real Decreto Ley, la urgencia en su formulación y el ocultismo". "El PSOE ha aprobado con graves errores y celeridad este Real Decreto Ley. Nos parece incalificable esta actitud, en particular tratándose de una materia tan sensible como ésta", ha remachado la portavoz del Grupo Popular.
La "estafa" de las mujeres maltratadas
A su vez, 35 asociaciones por la "igualdad real" han presentado un escrito al Defensor del Pueblo para que interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo decreto ley, argumentando que el pacto de Estado contra la violencia de género no es "una norma jurídica de ninguna clase", o que desaparece la presunción de inocencia para los hombres e incita a las denuncias falsas de mujeres, por lo que "se facilita la estafa y el acceso fraudulento a recursos públicos".
El escrito añade que "se acaba de abrir un cajón de sastre para que cualquier mujer, con su sola palabra, y valiéndose de los servicios sociales, o vaya a saber de quién, pueda emitir un informe donde se “sentencie” socialmente, sin prueba alguna, a un hombre de maltratador, y así la mujer poder acceder a las ayudas pactadas". Y apostilla que la perspectiva de género es "empatía enfermiza que está fomentando la asimetría jurídica entre hombres y mujeres". Para estas asocaciones las medidas contra la violencia machista suponen una "incentivación [sic] a la mujer para denunciar a cambio de una ayuda económica".
