El pasado 28 de mayo, el Juzgado de Leganés recibió una querella firmada por once familias de ancianos que afectaban a los responsables de las residencias de ancianos y consejeros de la Comunidad de Madrid. Una demanda que la juez de instrucción número 5 de Leganés ha declinado.
Dicha decisión supone un golpe para los querellantes a los que señala de basarse en “conjeturas”, según recoge Vozpópuli. Asimismo, justifica al gobierno de Isabel Díaz Ayuso al decir que la Covid-19 es una enfermedad desconocida o que la falta de equipos de protección era “una carencia estatal”.
La querella va dirigida para la Comunidad de Madrid y varios consejeros por una “inadecuada aplicación de protocolos, de un actuar tardío e insuficiente y de decisiones equivocadas que provocaron el fallecimiento de miles de residentes de geriátricos”, publica Vozpópuli.
Sin embargo, la juez Mónica Boticario sostiene en su resolución judicial al que ha podido tener acceso dicho medio, que el coronavirus es “una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo y del que poco se ha averiguado hasta el día de hoy, como demuestra la situación de 'segunda ola' con numerosos rebrotes en todo el territorio nacional”.
El tribunal de Leganés recibió dicha querella el pasado 28 de mayo, la cual firmaban once familias de ancianos. Algunos de ellos murieron y otros se contagiaron por coronavirus en las residencias del municipio. Por ello, decidieron regirse por las vías judiciales y presentar una demanda contra varios directores de centros geriátricos y consejeros de la Comunidad de Madrid.
Homicidio imprudente
Los familiares les culpan de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y trato denigrante. En cambio, la magistrada cree que “no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad”, tal y como recoge el medio mencionado.
“Por lo que respecta a los querellados de carácter político, por más que se insista en la querella en que no actuaron de manera eficaz ni a tiempo, no podemos olvidar que la falta de material de protección (los denominados epis) era una carencia a nivel estatal, que hubo de comprarlo de manera urgente a otros países, que el mercado estaba colapsado porque la pandemia se extendía a nivel mundial”, recoge Vozpópuli de la resolución judicial dictada el 18 de agosto.
Culpa al Gobierno central
Asimismo, la juez considera que “tampoco el Estado español, autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, garantizó esas dotaciones”. La magistrada señala al Gobierno de Pedro Sánchez al rememorar “la polémica suscitada en cuanto a la compra de test masivos a una empresa china que luego resultaron inadecuados para el fin para el que fueron adquiridos”, publica Vozpópuli.
La resolución judicial para desprenderse de la argumentación de homicidio, comenta que el coronavirus fue lo que hizo enfermar a todas esas personas “y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”. “De la descripción que se hace sobre los pasos seguidos por la Comunidad de Madrid para responder a dicha situación de alarma social no se desprende indicio alguno de la comisión de uno varios ilícitos”, recoge dicho medio.
Además, la magistrada apunta en su auto que no todos los casos que cuentan en la demanda son iguales, puesto que “en cuatro de los casos no se habla ni de sintomatología compatible con la covid-19, ni menos aún de prueba de diagnóstico positiva. En todos estos casos se produjo el fallecimiento sin signos”. Mientras que en otros dos casos solo hubo un contagio sin fallecimiento, el cual no se sabe cuándo ni dónde se contagió.
No hay indicios
La resolución judicial desacredita a los querellantes, que son señalados de atentar con simples “prospecciones” y “sin indicio alguno en que basar sus sospechas de actuación irregular por parte de las residencias y de la Comunidad de Madrid”, señala Vozpópuli. La magistrada critica que la querella contenga expresiones como “pudieron determinar”, “es probable que”, “pudiera haber habido”. Por ello, señala que la demanda se sostiene en “meras conjeturas”.
Asimismo, la juez defiende las residencias de ancianos al exponer que el personal de estos centros también se contagió por la pandemia, puesto que pusieron “en peligro sus propias vidas para intentar salvar al mayor número de gente”, recoge dicho medio. “Lo que no es exigible a una persona es prestar un auxilio que no está en sus manos, que supera con crecer lo razonable y moralmente exigible”, concluye.
En la actualidad, dicho tema está en manos de la Fiscalía que tendrá que valorar sobre esta decisión de no admitir a trámite la demanda. Aunque, tienen la opción de recurrir a una apelación si no están contentos con el resultado.
