Sin hogar, apoyo ni recursos: la realidad de los menas al cumplir los 18 años

La llegada de menores extranjeros solos a nuestro país comenzó a finales de los años 90 y ha sido un fenómeno que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Los datos que recogen el número de menas que llegan a las fronteras españolas se hacen públicos en la Memoria de la Fiscalía y son las comunidades autónomas las que se encargan de garantizar su protección, aunque en ocasiones se ven desbordadas por el gran número de menores que llega a su sistema de protección. La situación de los menores extranjeros y la gestión que cada una de ellas realiza para su tutela se han convertido en un tema central en la actualidad, tanto en el ámbito político como en el social.

En España, entre 2017 y 2018, la cifra se ha duplicado, pasando de 6.414 menores migrantes en 2017 a 13.796 en 2018, según los datos del Ministerio del Interior. Las comunidades autónomas que más menas tienen bajo tutela son Andalucía, Cataluña y Melilla, con cifras que llegaron en 2019 a 5.078, 2.254 y 1.145, respectivamente. Save the Children y Unicef han señalado que la mayor parte procede de Marruecos y lo hacen en patera, aunque también ha aumentado el número de menores provenientes de Argelia y otros países subsaharianos como Guinea Conakry, Costa de Marfil o Nigeria. La inmensa mayoría de ellos huyen de la pobreza, de la exclusión y de la falta de oportunidades en sus países de origen.

El sistema de protección que acoge a estos menores extranjeros que llegan a las fronteras españolas depende de cada autonomía y es en este aspecto en el que Jennifer Zuppiroli, experta en infancia en movimiento en Save the Children, encuentra la primera dificultad con la que se topan estos menores: “La fragmentación de competencias no les ayuda, y hay muy pocos mecanismos de coordinación entre los distintos sistemas de protección para asegurar que ningún niño caiga fuera de la red de protección”. Pero no solamente esta descoordinación entre comunidades es el motivo por el que muchos menores no reciben la atención adecuada, ya que Zuppiroli también asegura: “La descoordinación también viene desde el nivel central, que tiene competencias de extranjería y migración, en lo que se refiere a aspectos como la identificación, la determinación de la edad, la documentación o el acceso a los permisos de residencia y trabajo”.

Actuaciones que no ayudan

La falta de homogeneidad en las actuaciones de los distintos organismos, tanto autonómicos como estatales, y la descoordinación entre ellos, es uno de los aspectos que interfiere en la vida de estos menores que llegan a España después de pasar por familias desestructuradas, situaciones de pobreza aguda, violencia intrafamiliar o conflictos armados o terroristas. En la Comunidad de Madrid hay más de 4.000 menores tutelados, de los que solamente 437 son extranjeros, lo que representa en torno al 10,8% del total de tutelados en la comunidad.

En los sistemas de protección se encuentran tanto niños nacionales como extranjeros, no hay recursos específicos para los extranjeros. Aunque en el caso madrileño, en 2018, se abrieron recursos específicos para ellos debido al fuerte aumento que se experimentó en su llegada. En la Comunidad de Madrid, como en las demás comunidades, se encuentran diferentes tipos de centros de tutela: centros de primera acogida, residencias de primera infancia, residencias infantiles, hogares infantiles, recursos de adolescentes, residencias para menores con discapacidad, recursos de tratamiento terapéutico y, los abiertos en 2018, recursos de menas. En 2018 se contaba con 1.715 plazas de tutela y se llegó a atender a 4.525 menores, según datos de la Comunidad de Madrid. En 2019 esas plazas se han ampliado hasta llegar a las 1.805.

Con la llegada de un menor, después de hacer una valoración de su edad y su identificación, este pasa a un Centro de Primera Acogida (CPA). Los centros de primera acogida son aquellos en los que los menores ingresan por procedimiento de urgencia a instancias de las Fuerzas de Seguridad, de la Fiscalía de Menores y de los Servicios Sociales, y es en ellos donde se valora y analiza cada caso para destinarlo al recurso de la red de protección más adecuado para su situación. La estancia en un CPA es temporal, puede ser de días o semanas, con una estancia máxima de tres meses. Actualmente, en muchos casos este tiempo sobrepasa los tres meses debido al desbordamiento y sobrepoblación que se vive en la red de protección.

Los centros de menores, como instituciones que asumen temporalmente el cuidado y la educación de los niños que carecen de un entorno que pueda satisfacer sus necesidades biológicas, afectivas y sociales, tienen encomendado como principal objetivo lograr que los niños recuperen su entorno familiar o buscarles uno adecuado, así se recoge en el portal web de la Comunidad de Madrid. De este modo, se prioriza que la agrupación de los menores en las residencias sea heterogénea, sin hacer distinciones en cuanto a raza, religión, cultura o ideología. Además, también se tienen en cuenta otros valores en la educación y convivencia de estos chicos, como son la individualización, la normalización, la participación y la inclusión.

Tal como explica María Ruiz, coordinadora de la Fundación Amigó, la realidad en los centros de protección cambió a partir de 2017: “Los menores que llegaron durante 2014-2016, cuando el sistema de protección no estaba tan colapsado, pasaron, como los demás, sus semanas en los Centros de Primera Acogida y luego fueron derivados al recurso adecuado para sus características. Desde 2017, por el colapso surgido tras el aumento del número de menas que llegó a las fronteras españolas, las estancias en los CPA se han prolongado y también se han abierto recursos específicos para estos”.

En estos recursos permanecen hasta que cumplen los 18 años, edad a la que se les pide una autonomía económica y social a pesar de la ausencia de una red de apoyo estable y recursos propios, en la mayoría de los casos. Jennifer Zuppiroli afirma que hay otro problema en el sistema de protección, además de la situación de sobresaturación y la ausencia de plazas necesarias para todos los menores: “La situación de recursos en postutela es de emergencia, porque no hay plazas suficientes para todos los que necesitan un apoyo una vez cumplida la mayoría de edad. Estos, en la mayor parte de las ocasiones se quedan fuera de la protección y acaban en situaciones desfavorables de pobreza”. Estos recursos postutela se hacen más necesarios en aquellos casos donde el menor ha podido pasar muy poco tiempo dentro del sistema de protección debido a su edad.

En la red de protección hay Pisos de Acompañamiento a la Emancipación (PAE), donde los jóvenes de entre 18 y 21 años adquieren las habilidades necesarias para poder enfrentarse a la vida adulta. En la Comunidad de Madrid solamente existen 102 plazas PAE, por lo que muchos de los tutelados se quedan fuera de estos recursos al cumplir la mayoría de edad, momento en el que tendrán que enfrentarse a la cruda realidad en la que no existen plazas suficientes para todos. Debido a los pocos recursos PAE se sigue un criterio de selección basado, sobre todo, en que el joven haya pasado mínimo un año tutelado en el sistema de protección, que su proceso haya sido positivo y desee continuar trabajando en esta línea socio-educativa. Es respecto a esta cuestión donde entra la labor de diversas fundaciones y organizaciones, tales como Fundación Tomillo, Fundación Amigó y Hogar Sí, que trabajan para que estos jóvenes, tanto nacionales como extranjeros, puedan enfrentarse a la vida de adulto sin caer en la pobreza y la exclusión.

Susana Garrido, educadora en la Fundación Hogar Sí, comenta que anteriormente trabajaba en los recursos de tutela de la Comunidad de Madrid, donde era consciente de que no se prepara a este colectivo para afrontarse a la vida adulta, saliendo con 18 años sin estar preparados para hacer frente a las exigencias. Fue esto lo que la llevó a la Fundación: “Quería trabajar en el segundo paso, tan necesario para que estos jóvenes puedan tener una vida lo más feliz y plena posible y poder acompañarles en el proceso”.

Incertidumbre y vulnerabilidad

“La desprotección es brutal, la mayor dificultad es que pedimos a personas que sean completamente autónomas a una edad en la que el resto de la sociedad no lo es. La edad de emancipación en España es cercana a los 30 años y a los menas se les está exigiendo ser autónomos a los 18 años”, asegura Miguel Tortajada, coordinador en la Fundación Tomillo. La media de joven emancipado en España es de 29 años, teniendo un entorno estable de desarrollo, familia y recursos, y a estos menores se les está pidiendo esto con más de diez años menos y unas circunstancias que los rodean que no se parecen, ni de lejos, a la que puede tener cualquier joven con una familia y unos recursos mínimos.

Fundación Amigó es una de estas organizaciones que trabaja con los jóvenes ex tutelados que no pueden emanciparse por su cuenta. En el Programa de acompañamiento a la emancipación se proporciona a los jóvenes ex tutelados que no pueden emanciparse por su cuenta cuando salen del sistema de protección al cumplir la mayoría de edad la posibilidad de tener un lugar donde vivir, con sus necesidades básicas educativas, sociales y afectivas cubiertas. En definitiva, un lugar seguro donde el joven pueda seguir desarrollándose acompañado de un equipo socioeducativo, que los acompañe en diferentes ámbitos, como el personal, social, formativo-laboral o jurídico. En la actualidad, Fundación Amigó tiene tres pisos en Madrid, en los que están viviendo once jóvenes. Además, también se atienden a chicos entre 18 y 22 años que se encuentran en situación de gran vulnerabilidad y necesitan un apoyo temporal de vivienda y acompañamiento socioeducativo.

La Fundación Tomillo también trabaja en este ámbito, que con el Servicio de Transición a la Autonomía para Jóvenes favorece la inclusión de jóvenes de entre 18 y 25 años ex tutelados o procedentes de la red de personas sin hogar. Esta entidad trabaja en colaboración con la Fundación Hogar Sí, quienes han constatado que el número de jóvenes menores de 25 años que se ha incorporado a diferentes recursos de la Red de Personas Sin Hogar ha crecido exponencialmente en los últimos años. Además, desde Tomillo se elaboran proyectos en los que participan tanto menores tutelados como ex tutelados, ejemplo de ello es el Proyecto CIMTO, en el que se trabaja con menores entre los 15 y 18 años de edad y su objetivo principal es acompañarles en la mejora de las competencias vinculadas a su autonomía a través de talleres de hostelería: se les enseñan las destrezas necesarias para poder desarrollar esta profesión, tanto como ayudantes de cocina como camareros de sala.

El coordinador de este proyecto, Miguel Tortajada, explica qué se pretende con estos proyectos: “Nuestro objetivo no es ser una fábrica de ayudantes de cocina y camareros, sino que si en algún momento estos jóvenes necesitan utilizar este oficio para poder desenvolverse económicamente puedan hacerlo. La hostelería es un sector laboral en España muy potente, en el que hay muchas salidas, pero en ningún momento se le impone a los jóvenes que se dediquen a ello si no es su deseo”.

Desde Hogar Sí trabajan fundamentalmente con personas en situación de sinhogarismo desde diferentes programas y cuentan con un proyecto específico para jóvenes. El objetivo de este, tal como relata Susana Garrido, es proporcionar una atención socio-educativa, cubrir las necesidades básicas de alojamiento y manutención de jóvenes de entre 18 y 25 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad y sin hogar y acompañarles en su proceso de tránsito a la vida adulta. “Nuestra propuesta pretende garantizar que los jóvenes cuenten con una cobertura de sus necesidades básicas para que esto no les impida dedicarse prioritariamente a definir su plan de autonomía”, añade Garrido.

María Ruiz señala que la gran diferencia entre los chicos nacionales y extranjeros que atienden desde Fundación Amigó es que unos tienen aquí a sus familias y los otros se encuentran solos, en un país y una cultura nueva. Del mismo modo, comenta que estos recursos para los ex tutelados están ocupados mayoritariamente por varones y, aproximadamente en un 90%, por menas. La causa de que haya más varones que mujeres es que las mujeres tienen la opción de ir a una residencia de chicas de la Dirección General de la Mujer, que habitualmente cuenta con plazas suficientes.

Así mismo, Ruiz identifica las características comunes que suelen presentar los ex tutelados: “Red de recursos poco estable, falta de recursos económicos, no han terminado habitualmente sus formaciones, los que tienen trabajo suele ser precario y con salarios insuficientes para vivir en la ciudad. A esto se suma no haber tenido tiempo para haber madurado, saber qué quieren en sus vidas…”.

Trabas legislativas determinantes

Muchos de los jóvenes tutelados salen de los centros de tutela más solos y vulnerables que cuando llegaron a España. Al cumplir la mayoría de edad se les exige vivir como adultos pero sin recursos, sin un lugar de residencia tramitado y, en muchas ocasiones, sin un permiso de residencia que les permita trabajar. La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, en el documental ’18 años y un día’ de RTVE asegura: “Hay algo peor que salir a los 18 años de los centros de tutela, y es salir sin los papeles en regla”. Al no haberse tramitado el permiso de residencia ni la documentación, estos jóvenes quedan en la más absoluta ilegalidad provocada por la mala gestión burocrática que no ha desarrollado a tiempo los trámites administrativos para legalizar su situación y permitirles trabajar. Y esto no se queda ahí, ya que la misma autoridad que les otorga un permiso de residencia que no les autoriza a trabajar, va a pedirles que muestren medios de vida para no expulsarlos a sus países de origen.

En España existen varios tipos de permisos de residencia. Cuando el menor llega a las fronteras españolas se debe solicitar la autorización de residencia temporal no lucrativa, permiso que no le autoriza a trabajar pero se considera menor tutelado. En el caso de los menas no tienen que demostrar medios económicos para vivir ya que la Administración Pública responde por ellos mientras dure la tutela. La traba que se encuentra en esta cuestión es la expedición del pasaporte por parte de las embajadas o consulados de los países de origen, que puede demorarse desde los cuatro meses hasta el año. Una vez iniciado el trámite y presentada la solicitud ante la Subdelegación del Gobierno, según el art. 35.7 de la Ley Orgánica 7/2000, antes hay que acreditar la imposibilidad de repatriación del menor, para lo que hay que esperar nueve meses desde el momento en el que el menor ha sido puesto a disposición de los servicios de protección.

Las repatriaciones solo se llevarán a cabo si no supusiesen la vulneración del interés superior del menor, así como su propia seguridad. “Los países de origen no suelen tener sistemas de protección para los niños, lo que impide tener una garantía para la seguridad del menor. Es por esto que no se pueden devolver al país del que proceden si no se puede garantizar la seguridad al ser retornado”, explica Jennifer Zuppiroli.

Recientemente, en marzo de 2020, el Gobierno de España anunció que los permisos de residencia tramitados para menores extranjeros no acompañados en edad laboral (16 años) deberán ser resueltos como permisos de residencia por cuenta ajena. Esto quiere decir que a la vez que se les otorga el permiso de residencia se les permite trabajar a partir de los 16 años en cualquier sector, como cualquier otro menor de esa edad.

Ante la mayoría de edad hay que modificar la autorización de residencia a permiso inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena para poder trabajar. Es aquí donde se presentan varias opciones, según la situación del joven: solicitud de la modificación antes de cumplir los 18 años, ya que la legislación da la posibilidad de hacerlo hasta 60 días antes, estar trabajando cuando se cumplen los 18, donde el empleador se debe personar en Extranjería y pagar las tasas, o cumplir los 18 años sin haber trabajado. En esta última opción no se puede renovar la autorización de residencia, con lo que su figura queda como irregular y en la calle.

“Al cumplir los 18 años estos menores se encuentran con una gran incertidumbre, no tienen posibilidad de alcanzar una emancipación social y económica, lo que provoca que muchos de ellos caigan en situaciones de aguda vulnerabilidad. Además, si salen del sistema de protección sin el permiso de residencia, muchos de ellos son repatriados”, comenta Zuppiroli.

Pero si hay algo en lo que los profesionales que trabajan con estos chicos coinciden es que a la mayoría de estos jóvenes a los que se les dedica tiempo y recursos, consiguen emanciparse de forma autónoma: salen adelante, se emancipan, cotizan a la seguridad social, pagan sus impuestos y alquileres y tienen una vida plenamente normalizada, como cualquier otro ciudadano.

La Ley de Extranjería, que data del año 2000, se ha quedado desfasada y desactualizada, y no se ajusta a las necesidades de la infancia migrante de nuestros días, así lo consideran desde Save the Children. Además, en algunos casos, los niños migrantes caen entre las disposiciones de la Ley de Extranjería que no tienen enfoque de infancia y las leyes de protección de la infancia que no tienen enfoque de extranjería. “Son muchos los casos en los que la condición de migrante prevalece sobre la condición de menor”, reitera la experta en infancia en movimiento de la ONG.

Procedimientos inadecuados e invasivos

Save the Children ha pedido a los gobiernos una gestión responsable y sostenible de las migraciones a través de un enfoque integral que garantice el respeto a los derechos humanos. Al abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España es imposible no toparse con procedimientos que violan sus derechos, con políticas que los discriminan, con discursos de odio desde partidos políticos o con ataques violentos por parte de la ciudadanía. España acumula más de 30 casos pendientes de resolución y seis dictámenes en los que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha considerado que se violaron los derechos de estos niños migrantes. La cuestión que engloba a los procedimientos de determinación de la edad que se llevan a cabo en España es uno de los aspectos que más ha preocupado al Comité de los Derechos del Niño. La Ley de Extranjería dispone que cuando un menor llega al Estado español se le tienen que realizar pruebas de edad si se trata de un “extranjero cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad”, pero estas pruebas tienen un margen de error considerable, además de tener un carácter inadecuado e invasivo, que pueden llegar a ser traumáticas. Algunas de estas pruebas se basan en la madurez de los dientes y los huesos, a las que la ONU ha tachado de “inaptas para determinar la edad de la población no europea. La madurez de los dientes y los huesos no permite determinar con exactitud la edad de un niño si no es con un amplio margen de error entre dos y tres años”. Otras pruebas se basan en el desarrollo de los órganos sexuales de los migrantes.

En 2014, el Tribunal Supremo decretó que estos exámenes no deberían ser sistemáticos y que la documentación que porten los inmigrantes primaría sobre los resultados de las pruebas. Sin embargo, llevado a la práctica, esto no ha sido así, ya que en muchos casos prevalece lo que se ha determinado en las pruebas en lugar de lo que dice su documentación, tal como han denunciado desde Fundación Raíces.

Además, los informes que elaboran los médicos no son vinculantes debido a que quien tiene la última palabra es el fiscal. Esto no es lo único que se vulnera, porque el derecho de acceso a la educación, en definitiva el derecho al desarrollo, también se ve alterado. En algunos casos no se ofrece una formación y educación encaminada a lograr una vida digna, sin individualizar su seguimiento y abandonándolos a su suerte con 18 años. Lourdes Reyzábal ya lo ha denunciado en varias ocasiones en los últimos años: “En España se vulneran los derechos de los menas de manera sistemática desde que entran en el país, no reconociendo su derecho a la asistencia letrada, dejándolos fuera de los recursos de protección con pruebas de determinación de la edad cuestionables, pero por decreto e irrecurribles, o condenándolos a convertirse en niños de la calle”.

Save the Children también ha denunciado el endurecimiento de los criterios que se exigen a los chicos migrantes para renovar su permiso de residencia en España. Un reciente cambio en la Ley de Extranjería exige a los menores migrantes acreditar medios de vida propios para su permiso de residencia no lucrativo con la mayoría de edad: se les pide disponer del 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que se traduce en unos 540 euros mensuales. La ONG ha explicado que con estos impedimentos económicos tan altos, “estos jóvenes acabarán estando, inevitablemente, en situación de irregularidad y de aguda exclusión social y laboral”.

Aparte de las sentencias del Comité de Derechos del Niño, que han llamado la atención a España por el incumplimiento de las obligaciones internacionales respecto a los menas, el Defensor del Pueblo también lo ha hecho. Este último también ha llamado a combatir los mensajes intolerantes y xenófobos contra estos menores.

Odio y miedo

Al término mena se le otorgan, erróneamente, varias connotaciones y valores negativos, tales como odio, delincuencia, malestar, robos… Los menores extranjeros que llegan a España vienen en busca de un futuro prometedor, alejado de la pobreza, el maltrato o los atentados terroristas o guerras que estaban viviendo en sus países de origen. Es la legislación y la sociedad la que los estipula, les otorga hechos que no le corresponden y les impiden desarrollar sus sueños e ilusiones, de encontrar un trabajo, de ganarse la vida como cualquier otro y poder formar en el futuro una familia. “Falta de solidaridad, de educación y de responsabilidad social”, en estos aspectos sitúa María Ruiz el odio y el racismo que recae sobre este colectivo. Y para solucionarlo, lo único que se puede hacer es la inversión en educación y en políticas sociales, porque no se pueden volver a revivir los tiempos pasados donde se odiaba y se atentaba contra lo diferente. Somos diferentes, pero todos somos personas. Para Miguel Tortajada lo más importante para combatir este odio y miedo hacia los menas es que la población tenga la información y a partir de ahí saque sus propias conclusiones. El momento en el que se comprenda la situación que estas personas, y en concreto los menores de edad, han vivido y están viendo, así como su esfuerzo por tener una oportunidad de vida y las duras trabas que se encuentran en el camino, será cuando podamos valorar su esfuerzo y sus ganas por tener las mismas oportunidades que cualquier español, sin rechazarlos ni menospreciarlos. “Tener una base social estable, organizada y cubierta es el principio para construir una sociedad justa y solidaria, que respete los derechos de unos y de otros, da igual de donde se venga”, reitera María Ruiz.

Desde Hogar Sí, Susana Garrido considera que las campañas de criminalización hacia estos jóvenes desde partidos políticos y medios de comunicación hace que estos valores lleguen a la opinión pública y “se acabe forjando una imagen de extranjero que viene a delinquir y no de menor al que hay que proteger”. Desde su fundación se les transmiten valores como creer en uno mismo y en la capacidad del esfuerzo como principios para conseguir los objetivos: “La honestidad en lo que hagan y la corresponsabilidad que ello tiene para cambiar la imagen que la sociedad tiene de ellos. El valor de la sonrisa y la educación como vehículos que les abren puertas”. Una sociedad respetuosa, más humana y con una mente abierta es lo que les hace falta a estos menores que abandonan todo para conseguir un futuro prometedor.

Este reportaje es el resultado de la investigación realizada por Natalia Cabo Gómez para el Trabajo de Fin de Grado en Periodismo, trabajo tutorizado por Montserrat Mera Férnandez en la Universidad Complutense de Madrid.