Este viernes el Gobierno deolverá el derecho a la reproducción asistida en la Sanidad pública a las lesbianas, mujeres solteras y, por primera vez, a trans, revertiendo la prohibición del PP en 2014. Será con la orden ministerial de Sanidad que firmará la ministra Carolina Darias y que actualizará la cartera de servicios de la Seguridad Social.
En julio de 2013, la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció que se harían modificaciones a la Ley de reproducción asistida vigente desde 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para establecer como condición necesaria problemas de fertilidad, lo que dejaba fuera a las lesbianas y las solteras que querían llevar en solitario su maternidad. La dirigente popular zanjó la polémica generada afirmando que "la falta de varón no es un problema médico" y restringió la financiación del tratamiento por parte del Estado a la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal" y la "existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva".
La norma del PP violó acuerdos internacionales como los Principios de Yogyakarta (isla indonesia de Java), un documento elaborado por 16 expertos en derecho a petición de las Naciones Unidas, en 2006, que recogió la aplicación de la legislación sobre derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género. En concreto, su punto 24, que recogía el "derecho a formar una familia" de las personas LGTBI, "incluso a través del acceso a adopción o a reproducción asistida (incluyendo la inseminación por donante), sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género".
La decisión en manos de las comunidades autónomas
Afortunadamente, la orden ministerial, al ser de menor rango legislativo que el decreto de 2006, dejaba un margen de maniobra para que las comunidades autónomas decidieran si acataban la norma o no. De hecho, muchas regiones se declararon en contra de la norma de Ana Mato, como Andalucía, Canarias, País Vasco, Extremadura, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que decidieron no ponerla en marcha. Otras, como Asturias, Murcia y las ciudades autónomas de Melilla, Ceuta y Madrid sí optaron por aplicarla. En octubre de 2015, la Justicia condenó a esta última región por no permitir el acceso a la reproducción asistida a una pareja de lesbianas.
La orden ministerial del Gobierno de Mariano Rajoy dejó una gran confusión y falta de información en la sociedad y muchas mujeres no sabían a qué atenerse, si la modificación prevalecía sobre la ley de 2006 o si la competencia era del Ministerio de Sanidad o de cada Consejería autonómica.
La ley de 2006 de Zapatero establecía a que los procedimientos de reproducción asistida formarían parte del sistema público "cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida", y añadía que "la mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su estado civil y orientación sexual". La orden ministerial publicada en noviembre de 2014 durante el primer mandato de Mariano Rajoy restringió el acceso a la "existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva, constatada tras el correspondiente protocolo diagnóstico y no susceptible de tratamiento médico o tras la evidente ineficacia del mismo", así como a la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos".
