La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos ha iniciado un procedimiento administrativo en contra del protocolo Covid de vuelta a las aulas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
La organización, entre otras reivindicaciones, reclaman al departamento que dirige Enrique Ossorio la utilización de test de antígenos en los colegios para los alumnos que son "contactos estrechos de un positivo".
En declaraciones a ElPlural.com, la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, María del Carmen Morillas, recrimina al Ejecutivo madrileño que hayan hecho caso omiso a las recomendaciones de los padres y creen que la no realización de pruebas rápidas detección en alumnos es "una de las grandes carencias del protocolo".
"Las familias tenemos que llevar el peso del autodiagnóstico, del autocuidado, la realización de los test de antígenos. Hay familias que se les está haciendo cuesta arriba. Estamos muy cansadas y bastante enfadas", ha señalado.
Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos reclaman una revisión del protocolo y también critican el estado de Salud Pública en Madrid: "Los colegios llaman con tres positivos en aula y cuando Salud Pública ha respondido ya hay 15 contagios. Salud pública no da abasto. Hay una gran contradicción entre las administraciones".
Quejas por inacción
La organización ha mostrado su enfado por la falta de contactos por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y recuerda que, hasta la pasada semana, 36.522 alumnos y 2.504 profesores están en cuarentena en la Comunidad de Madrid.
Los padres recriminan a Enrique Ossorio que no aumenten los controles contra la Covid-19 en la Comunidad de Madrid y que no haya contactado con la FAPA desde agosto de 2020: "En su momento solicitamos una comisión de seguimiento de Covid-19".
"No nos ha llamado desde agosto 2020. Hay un gran problema, una situación que estamos normalizando y es una falta de democracia y de participación que la administración está obligada a potenciar. Sin democracia y sin participación, no hay libertad", ha razonado la presidenta de la organización.
María del Carmen Morillas acusa a las administraciones de "estar incurriendo en una dejación de funciones" y cree que "cada uno se tiene que apañar y algunas familias si pueden solventarlo": "Vamos a esperar, pero lo que estamos pidiendo es que se priorice el interés superior del menor".
