Las calles de Madrid, concretamente el tramo que va de Plaza de España a la Plaza de Callao, ha acogido en la tarde de este sábado a varios centenares de personas llegadas de toda Espasña que han querido demostrar que hay ímpetu por cambiar el modelo de residencias que hay en la actualidad por uno más personal y digno. La Plataforma Estatal ha convocado en la capital esta concentración que ha reunido a varios cientos de personas (1.500 según la Delegación del Gobierno y 5.000 según los organizadores) para, también, denunciar que en los centros de mayores se están vulnerando reiteradamente los derechos humanos y los derechos fundamentales y constitucionales de los usuarios, así como los derechos laborales de los trabajadores.

El grito ha sido unánime: “Otro modelo de residencias es posible”. Este ha sido el lema que ha encabezado la movilización y resume a la perfección las motivaciones de las asociaciones y organizaciones de familiares de ancianos en residencias. Con la pandemia del coronavirus como punto indiscutible que demuestra que el actual sistema de residencias no es adecuado, los familiares quieren que esta tragedia se tome como un punto de inflexión y sirva para aprender y crear un modelo residencial distinto, que termine con las macro-residencias, que establezca un mayor aumento de las ratios de personal y de las inspecciones, se fomente una asistencia sanitaria verdaderamente pública y una mejora sustancial de las condiciones de trabajo para los profesionales de los centros, así como la construcción de más centros sociosanitarios de titularidad pública.

Especialmente contundente ha sido una de las portavoces de La Plataforma, María José Carcelén, que en declaraciones a TVE ha manifestado: “Todos seremos mayores, y estas personas que ahora están en residencias y nos dieron la libertad y los derechos no tienen una vida digna. Vergüenza nos debería dar”. Y es que las reivindicaciones son claras, y antiguas, ya que llevan años luchando por que se deje de privatizar este servicio, haciendo así un gran negocio con este derecho.

No es la única voz que se ha escuchado, ya que los presentes han gritado sus propuestas y reivindicaciones. “Dignidad y respeto”, “derechos humanos al anciano”, “a su robar, hoy llaman privatizar” o “sin enfermeras no hay cuidados” son algunas de las frases que se han podido escuchar en la manifestación.

Así, denuncian la inexistencia de personal suficiente y cualificado para atender las múltiples y diferentes necesidades de los usuarios, la deficiencia de la atención médica, la práctica abusiva de sujeciones físicas y químicas, el funcionamiento ausente de los servicios de inspección, las continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras… Es en relación con esto último con lo que denuncian la proliferación de las residencias de gestión privada, así como aquellas que son de titularidad pública pero de gestión privada.

Las propuestas para lograr un modelo digno

Desde La Plataforma han señalado cuales son sus exigencias prioritarias para mejorar los servicios y la calidad de atención a los usuarios. Por todo ello, para que sus propuestas se hagan realidad y se transformen en una mejora de calidad de vida de los ancianos, todas las organizaciones pidieron a la población salir a la calle, y vista la congregación de personas en la capital, así ha sido: es mucha la gente que quiere un modelo que trate con dignidad y respeto a las personas usuarias de residencias. Algunas de las propuestas que se exigen desde las organizaciones son las siguientes:

  • En lugar del coeficiente 0,43 (43 cuidadoras por cada 100 usuarias) que se contempla en el Acuerdo para implantar en 2030, La Plataforma Estatal propone una ratio de personal cuidador (gerocultoras o auxiliares) de 1,13, lo que garantiza la presencia de 1 trabajadora por cada 4 residentes en los turnos de mañana y de tarde, respectivamente, y de 1 por cada 10 en el de noche. La cifra aprobada en el Acuerdo perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal.
  • En inspecciones y órganos de control tampoco se ha tomado en consideración el suficiente refuerzo del número de inspectores, su calidad formativa y la transparencia con la que deben actuar; ni se establecen órganos de representación con la participación de familiares en la vida cotidiana de las residencias.
  • Tampoco se asume la obligación de elaborar en todas las comunidades autónomas planes de creación de residencias públicas para combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas mayores y personas con discapacidad. De la misma forma, tampoco se les garantiza a estas personas sumamente vulnerables una asistencia adecuada por parte de la sanidad pública, por lo menos la misma que se le ofrece al resto de la ciudadanía.
  • No desaparecerán las macro-residencias ni el espíritu de hacinamiento que transmiten, pues se seguirán permitiendo construcciones de edificios de 120 plazas, cuando hemos propuesto que la cantidad no sobrepase las 60 camas por centro. Tampoco se exigirá un número suficiente de habitaciones individuales que preserve la intimidad de las personas a la vez que permita una prevención más eficaz ante la amenaza constante de epidemias e infecciones.