Los familiares de ancianos en residencias en centros de mayores vuelven a salir a la calle este sábado 17 de septiembre para demostrar que otro modelo de residencias es posible. Las principales organizaciones de familiares y usuarios de residencias para personas mayores y con discapacidad de toda España, integradas en La Plataforma Estatal, han convocado en la capital esta concentración para este sábado a las 18:00 horas para denunciar que en estos centros se están vulnerando reiteradamente los derechos humanos y los derechos fundamentales y constitucionales de los usuarios, además de los derechos laborales de los trabajadores.

La pandemia del coronavirus dejó evidencia de las deficiencias que sufren estos centros y cómo ello afecta a sus usuarios, de ahí que los familiares quieran dejar esta situación como un punto de inflexión que sirva para crear un modelo de residencias distinto, que termine con las macro-residencias, se establezca un mayor aumento de las ratios de personal y de las inspecciones, se fomente una asistencia sanitaria verdaderamente pública y una mejora sustancial de las condiciones de trabajo, así como la construcción de más centros sociosanitarios de titularidad pública.

“Nos encontramos en un momento crucial. Las diferentes comunidades autónomas, que ostentan plenas competencias sobre esta materia, tienen que elaborar en estos próximos meses las nuevas normativas que regirán el funcionamiento de las residencias. Nos tememos que una gran mayoría de estas comunidades pretenden perpetuar el actual modelo inmundo y mercantilista que prima en las residencias españolas desde hace ya lustros, y que ha tenido su punto más álgido, y dramático, en la atroz gestión de la pandemia que se ha saldado con el fallecimiento de 35.000 personas mayores en las residencias del Estado español por el coronavirus o con síntomas”, rezan en el comunicado anunciando la convocatoria.

Además, este grupo de asociaciones piden a las administraciones públicas que corrijan la anomalía inaceptable que se está dando en la democracia y llevan años denunciando, como es “la marginación y el ninguneo” en la participación y representación de familias, usuarios y trabajadores en aquellos foros institucionales donde “se tendría que debatir abiertamente el nuevo modelo que se debe implantar”.

“La inexistencia de personal suficiente y cualificado para atender las múltiples necesidades de los residentes, la gran mayoría personas muy vulnerables y castigadas por enfermedades graves; la deficiencia de la atención médica; la práctica abusiva de sujeciones físicas y químicas; el funcionamiento ausente de los servicios de inspección; las continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras; la alimentación escasa y pobre en valores nutricionales; la ausencia de la iniciativa pública en beneficio de una consolidada red de empresas privadas usureras…”, denuncian. En el mismo sentido, remarcan que este “es el inaceptable reflejo del modelo hoy vigente de residencias, alejado de la calidad y de la dignidad deseables, paradigma del maltrato institucionalizado, de las malas prácticas y de las humillaciones”.

“¡Basta ya!”, dejan claro, confirmando que son conscientes de las mejoras que aporta el Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios de la Dependencia que se aprobó el pasado 28 de junio. No obstante, desde La Plataforma insisten en que este documento no garantiza el cambio de modelo, que no asegura cuidados dignos y de calidad.

Las propuestas de La Plataforma

Desde La Plataforma han señalado cuales son sus exigencias prioritarias para mejorar los servicios y la calidad de atención a los usuarios. Por todo ello, para que sus propuestas se hagan realidad y se transformen en una mejora de calidad de vida de los ancianos, todas las organizaciones piden a la población a que salgan a la calle.

  • En lugar del coeficiente 0,43 (43 cuidadoras por cada 100 usuarias) que se contempla en el Acuerdo para implantar en 2030, La Plataforma Estatal propone una ratio de personal cuidador (gerocultoras o auxiliares) de 1,13, lo que garantiza la presencia de 1 trabajadora por cada 4 residentes en los turnos de mañana y de tarde, respectivamente, y de 1 por cada 10 en el de noche. La cifra aprobada en el Acuerdo perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal.
  • En inspecciones y órganos de control tampoco se ha tomado en consideración el suficiente refuerzo del número de inspectores, su calidad formativa y la transparencia con la que deben actuar; ni se establecen órganos de representación con la participación de familiares en la vida cotidiana de las residencias.
  • Tampoco se asume la obligación de elaborar en todas las comunidades autónomas planes de creación de residencias públicas para combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas mayores y personas con discapacidad. De la misma forma, tampoco se les garantiza a estas personas sumamente vulnerables una asistencia adecuada por parte de la sanidad pública, por lo menos la misma que se le ofrece al resto de la ciudadanía.
  • No desaparecerán las macro-residencias ni el espíritu de hacinamiento que transmiten, pues se seguirán permitiendo construcciones de edificios de 120 plazas, cuando hemos propuesto que la cantidad no sobrepase las 60 camas por centro. Tampoco se exigirá un número suficiente de habitaciones individuales que preserve la intimidad de las personas a la vez que permita una prevención más eficaz ante la amenaza constante de epidemias e infecciones.

“En este momento crucial apelamos a la sociedad, al pueblo español, para que el 17 de septiembre a las 6 de la tarde, desde la Plaza de España hasta la Plaza del Callao en Madrid, exija a las diferentes Administraciones públicas y a las empresas operadoras de residencias un cambio de actitud y de talante que derive en la conformación de un nuevo modelo de funcionamiento de residencias, y de los demás servicios de la Dependencia también”, rematan.